Constituciones de Colombia

 CONSTITUCIONES DE COLOMBIA

Índice

 https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_colombiano#Juntas_de_Gobierno_de_1810.

 

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CONSTITUCIONES DE COLOMBIA 

Etapa del pre constitucionalismo neogranadino,

1. Juntas de Gogierno de Colombia de 1810

Las Juntas es una institución de la administración Monárquica de España, en el momento de la independencia existían tres tipos de Junta

Junta de Extraordinaria, Juntas Ordinarias y Juntas de Gobierno con estas últimas comenzó la independencia de América entre ellas Colombia

Juntas de gobierno revolucionarias en América

Fueron la primera organización del poder ejecutivo de carácter colegiado en la Independencia de la América Hispana, activas entre 1810 y 1830 aproximadamente. Generalmente se instalaron como juntas autónomas, como primer paso para seguidamente convertirse en juntas revolucionarias y exigir la independencia de España.

Junta de Gobierno de Colombia 1810

El Florero de Llorente
Los aristócratas de la ciudad fuerzan al virrey Antonio José Amar y Borbón a presidir inicialmente la junta hasta que un rumor que le acusaba de querer deponerla, hizo que lo obligaran a dimitir el día 26. Para coordinar el movimiento juntista, el 22 de diciembre se realizó en Bogotá un Primer Congreso pero con representantes solo de Santafé, Mariquita, Neiva, Pamplona, Socorro y Nóvita –estas dos últimas en disputa con Mompox y Sogamoso respectivamente, que querían su propia representación en el Congreso–. Quedaron fuera Cauca, Antioquia, Cartagena y Tunja. Al no haber acuerdo se volvió una Junta Suprema leal a la monarquía nominalmente (19 de enero de 1811), pero los republicanos se imponen con una constitución el 4 de abril. Así nace el Estado Libre de Cundinamarca, de fuertes tendencias centralistas.5​

 1.1.  Acta del Cabildo extraordinario de Santafé de Bogotá (20 de julio)

 

[El manuscrito del acta del Cabildo extraordinario de Santa Fe de 20 de julio de 1810 no se conserva, pues se quemó en 1900 al incendiarse las galerías del Cabildo. Las versiones disponibles suelen basarse en la transcripción publicada el 20 de julio de 1872 por el Diario de Cundinamarca.]

 El  Acta es redactada por las personas más ricas de Santa Fé de Bogotá, las que incluyen desde hace tiempo relaciones políticas para conseguir sus objetivos y son apoyadas por sus iguales en las regiones vecinas. No tienen en cuenta a la sociedad no política que vive su vida diaria indiferente a la política.

Sin embargo se esmeran en su relato de presentar a la sociedad no política como los autores de los sucesos. Dicen en el Acta que el pueblo escogió por voto verbal a varios representantes que se encargarían de formar la junta. Con la lista de  DIPUTADOS escogidos por el pueblo excluyendo a los que llamaron INTRUSOS llamaron para elegirlo como Presidente de la Junta al Excelentísimo señor don Antonio Amar que fue traído por el General Baraya, así formaron  la Junta del Gobierno Supremo de este Reino interinamente. 

El pueblo no sabía que era la junta, estaban pendientes de sobrevivir pero fueron usados para justificar la creación de la Junta.

A partir de esta fecha La Junta es la encargada de formar la Constitución desarrolla el reglamento para las elecciones de los Diputados en las Provincias que participaran en la nueva Constitución Federal en la redacción de 1810 respetan al Rey de España Monarca don Fernando VII.

La Junta nombra Al Gobierno Supremo del Reino y elige  al Excelentísimo Señor Antonio Amar, los Diputados de la Junta y el Ilustre Cabildo.

Al doctor don José Miguel Pey, Alcalde Ordinario de primer voto; don Juan Gómez, de segundo; y don José Martín París, Administrador Principal de Tabacos;

La Junta salva su responsabilidad y señala al pueblo ingenuo como autor de los sucedido: 

"En este estado proclamó el pueblo con vivas y aclamaciones a favor de todos los nombrados; y notando la moderación de su Diputado el expresado señor Regidor don José Acevedo, dijo que debía ser el primero de los vocales, y en seguida nombró también de tal vocal al señor Magistral doctor don Andrés Rosillo, aclamando su libertad como lo ha hecho en toda la tarde, y protestando ir en este momento a sacarle de la prisión en que se halla"; 

con la asistencia del señor don Juan Jurado, Oidor de esta Real Audiencia, a nombre y representando la persona del Excelentísimo señor don Antonio Amar,

Diputado y Vocal el Regidor don José Acevedo, se procedió a oír el dictamen del Síndico Personero, doctor don Ignacio Herrera, quien, impuesto de lo que hasta aquí tiene sancionado el pueblo y consta del acta anterior, dirigida por especial comisión y encargo del mismo pueblo, conferida a su Diputado el señor Regidor don José Acevedo

Firman:

Juan Jurado — Doctor José Miguel Pey — Juan Gómez —Juan Bautista Pey — José María Domínguez-Castillo — José Ortega — Fernando de Benjumea — José Acevedo y Gómez —Francisco Fernández Heredia Suescún — Doctor Ignacio de Herrera — Nepomuceno Rodríguez Lago — Joaquín Camacho —José de Leiva — Rafael Córdoba — José Maria Moledo — Antonio Baraya — Manuel Bernardo Alvarez — Pedro Groot —Manuel de Pombo — José Sanz de Santamaría — Fr. Juan Antonio González, Guardián de San Francisco — Nicolás Mauricio de Omaña — Pablo Plata — Emigdio Benítez — Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes — Camilo Torres — Doctor Santiago Torres y Peñal — Francisco Javier Serrano Gómez de la Parra Celi de Alvear — Fr. Mariano Garnica — Fr. José Chaves — Nicolás Cuervo — Antonio Ignacio Gallardo, Rector del Rosario — Doctor José Ignacio Pescador — Antonio Morales —José Ignacio Alvarez — Sinforoso Mutis — Manuel Pardo.

Las firmas que faltan en esta acta, y están en el cuaderno de la Suprema Junta, son las siguientes: Luis Sarmiento — José María Carbonell — Doctor Vicente de la Rocha — José Antonio Amaya — Miguel Rosillo y Meruelo — José Martin Paris —Gregorio José Martin Portillo — Juan María Pardo — José María León — Doctor Miguel de Pombo — Luis Eduardo de Azuola — Doctor Juan Nepomuceno Azuero Plata — Doctor Julián Joaquín de la Rocha — Juan Manuel Ramírez — Juán José Mutienx — Ante mí, Eugenio Martín Melendro.

Nota: José Miguel Pey de A

Andrade junto con camilo torres, apoyados por el acta En septiembre de 1810, decretó el fin de los resguardos indígenas en la Nueva Granada, permitiendo así a los hacendados criollos hacerse de las mejores tierras de dichos resguardos. El redactor del decreto fue Camilo Torres.  

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 2.  CONSTITUCIÓN DEL SOCORRO 1810 (15 de Agosto de 1810)

La clase social que está en el poder en cada Provincia comienza a redactar sus constituciones siguiendo el ejemplo que Santafe les dió. Los celos por el poder se hicieron presente

"Adicional a lo anterior, se desato la rivalidad entre las provincias neogranadinas en especial las que no aceptaban el liderazgo de Santafé como Junta Suprema (Antioquia, Cartagena, El Socoro y otras). Desde que inició el proceso de conformación de juntas, se observó en los textos de las actas de 1810,
una clara intenció intención de ceder su soberanía a un Congreso Nacional, pero sin perder sus
atributos esenciales.n federativa; en términos generales, cada provincia manifestó la intención de ceder su soberanía a un Congreso Nacional, pero sin perder sus atributos esenciales.

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Según lo redactado en la constitución el Socorro justifican la constitución como producto de una victoria militar según dicen se hace 35 días después de vencer militarmente al antiguo Gobierno, 10 de Julio de 1.810, reconoce el Ilustre Cabildo de esta Villa y de seis ciudadanos beneméritos y 2 alcaldes ordinarios, la junta integrada por 6 vocales de 2 de Velez, 2 de San Gil y 2 de Socorro, y un  presidente.

Los representantes del pueblo serán elegidos anualmente por escrutinio a voto de los vecinos útiles, y sus personas serán sagradas e inviolables. Los primeros vocales permanecerán hasta el fin del año de 1811. 

provincia del socorro, la provincias estaban divididas en villas

Los indios son iguales a los ciudadanos, DESDE HOY MISMO ENTRAN LOS INDIOS EN SOCIEDAD y los resguardos serán entregados a los indios en propiedad privada heredados sin posibilidad de venderlos.  Con esta afirmacion permitieron que los terratenientes ampliaran sus fronteras tomando las mejores tierras de los resguardos.

9. El Poder Legislativo lo tendrá la Junta de Representantes cuyas deliberaciones sancionadas y promulgadas por ella y no reclamadas por el Pueblo serán las leyes del nuevo Gobierno. 

  10. El Poder Ejecutivo quedará a cargo de los Alcaldes Ordinarios y en los Cabildos con apelación al Pueblo en las causas que merezcan pena capital, y en las otras, y civiles de mayor cuantía a un tercer Tribunal que nombrará la Junta en su caso. 

12. Solamente la Junta podrá convocar al Pueblo, y éste no podrá por ahora reclamar sus derechos sino por medio del Procurador General, y si algún particular osare tomar la voz sin estar autorizado para ello legítimamente, será reputado por perturbador de la tranquilidad pública y castigado con todo el rigor de las penas. 

La economía del Socorro se basa en el tabaco, su impuesto se pagará después de realizada la venta

 Determinan que todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo, La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente, y así una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza, y sagrado derecho de propiedad y a las leyes de la sucesión. 

 El que emplea sus talentos e industria en servicio de la patria vivirá de las rentas públicas; pero esta cantidad no podrá señalarse sino es por la voluntad expresa de la sociedad a quien corresponde velar sobre la inversión del depósito sagrado de las contribuciones de los pueblos.

Nota: 
• 5 de julio de 1811: Confederación americana de Venezuela (Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo).
• 27 noviembre de 1811: Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja).
• 11 diciembre de 1811: Estado de Quito.

Adicionalmente al pronunciamiento de las confederaciones, se dieron varias
declaraciones independentistas en algunas Provincias:

• La Junta Suprema de Santafé, el 26 de julio de 1810 desconoció la autoridad del Consejo de Regencia.
• La Provincia del Socorro, el 15 de agosto de 1810, desconoció la autoridad del Consejo de Regencia.
• Cartagena el 11 noviembre 1811 declaró su independencia absoluta de la Corona de España, a la cual le siguieron:
• Provincia de Cundinamarca el 16 julio 1813.
• Provincia de Antioquia el 1 de agosto de 1813.
• Provincia de Tunja el 10 de diciembre de 1813.

1.3. Constitución de Cundinamarca (30 de marzo de 1811)

Introducción: Cundinamarca entre 1810 y 1814

En esta constitución se ratifica la obediencia y el deseo de permanecer dependiente de España, los mismos de la Junta del Gobierno Supremo de este Reino que formaron el Acta del Cabildo extraordinario de Santa fé de Bogotá el 20 de Julio impusieron sus pareceres, sin embargo, se suman Diputados de las provincias de Nueva Granada que no están de acuerdo con ellos. La mayoría de los diputados son denunciados por su poca visión de nación y favorecimiento de intereses particulares.  Ellos saldrán huyendo a Tunja para dar un Golpe de estado a la Nueva Granada dividiéndola, este momento histórico se llama la Patria Boba.

“la declaratoria de la independencia absoluta del Estado de Cundinamarca por parte de Antonio Nariño, el 16 de julio de 1813. Este fue el momento en que se empezó a hablar definitivamente de la eliminación de todos los vínculos de sometimiento con España, después de que la revolución del 20 de julio de 1810 solo había alcanzado a constituir un nuevo gobierno local fiel al rey Fernando VII, sin animarse a romper los lazos con la corona, y que la Constitución de Cundinamarca de 1811 había ratificado este estado de dependencia monárquica”.

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/noticias/bicentenario-la-independencia-cundinamarca

El camino que llevó a la independencia absoluta se inició cuando Antonio Nariño llegó a la presidencia del Estado de Cundinamarca en septiembre de 1811, después de haber provocado la caída del gobierno de Jorge Tadeo Lozano con la publicación en su periódico La Bagatela del artículo “Noticias muy gordas”, en el que denunciaba el grave estado de la nación, y en donde exigía un nuevo gobierno para hacer frente a la posibilidad de una reconquista española.

Después del revuelo que causó esta publicación, y con la ayuda de José María Carbonell y del pueblo de Santafé que se volcó en su apoyo, Nariño asumió la presidencia del Estado de Cundinamarca y lo llevó a una nueva etapa. Se redactó a comienzos de 1812 una nueva constitución, que reemplazó a la de 1811, y en la que Nariño reordenó la administración, pero sin llegar todavía a declarar la independencia del Estado. Pero los azares de la política interna se interpusieron en estos aires de libertad. A finales de ese mismo año, el gobierno de Nariño se vio enfrentado a la hostilidad del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que empezó sesiones en Santafé, pero rápidamente se trasladó a Tunja ante la resistencia de Nariño a apoyar una organización federalista del país. Las diferencias políticas pronto se convirtieron en enfrentamientos armados y las dos ciudades entraron en guerra durante los últimos días de 1812 y los primeros de 1813.

La predicción de Nariño se hizo realidad y las fuerzas realistas fieles a la administración española, fuertes en Quito y en Santa Marta, ganaron terreno y amenazaron por igual al proyecto de Camilo Torres, asentado en Tunja, como al gobierno de Nariño, asentado en Santafé. Por eso el año 1813 fue un año en el que la lucha independentista se radicalizó. A mediados de ese año, por ejemplo, Simón Bolívar lanzó el decreto de “guerra a muerte”, en el que sentenciaba a morir a todos los peninsulares residentes en territorio americano, y pocas semanas después Nariño decidió llegar a algún tipo de acuerdo con los federalistas para enfrentar juntos la amenaza realista.

En un gesto análogo al de Bolívar, Antonio Nariño proclamó el 16 de julio de 1813 la Independencia de Cundinamarca, en la que se dejó asentado que, ante el abandono del rey de España de sus reinos y la necesidad de asumir una posición definitiva frente al inminente arribo de tropas leales a España, una larga lista de notables adictos a la causa de Nariño declara que “de hoy en adelante, Cundinamarca es  un Estado libre e independiente, que queda separado para siempre de la corona y gobierno de España y de toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes” y “que toda unión de dependencia con la Metrópoli está rota enteramente”.

Pocos días después, esta declaración fue ratificada por el Colegio Electoral de Cundinamarca y se procedió a una serie de acciones simbólicas que recalcaron el final del dominio español y el comienzo de la autonomía política de la ahora llamada República de Cundinamarca. Entre ellas se vio la quema de la bandera de los reyes Borbones y la destrucción de todos los blasones de esa casa que todavía se encontraran en Santafé y su reemplazo por un nuevo escudo y bandera que el propio Nariño diseñó.

Después de haber dado ese paso fundamental en la orientación independentista del proyecto neogranadino y de ser envestido como dictador de Cundinamarca, una medida extrema para asegurar la rápida toma de decisiones, Antonio Nariño se erigió como la cabeza visible de los patriotas y por eso fue él el llamado a encabezar la Campaña del Sur, expedición militar destinada a arrancar Pasto y Popayán del dominio español, al mismo tiempo que Simón Bolívar se tomaba Caracas en el norte. Si esta campaña hubiera tenido éxito, lo más probable es que el territorio de la actual Colombia hubiera alcanzado su independencia de España mucho más temprano y se la hubiera debido fundamentalmente a Antonio Nariño. Sin embargo, la Campaña de Nariño en el Sur fracasó por motivos que todavía hoy son motivos de controversia, y el Precursor fue nuevamente apresado en mayo de 1814.

Al final, la República de Cundinamarca, como experimento soberano e independiente tuvo una corta vida, pues a finales de 1814 tropas leales al gobierno de Tunja, comandadas por Simón Bolívar, se tomaron Santafé y la sometieron al proyecto federalista; y a comienzos de 1816 entraron en la capital las huestes de Pablo Morillo para poner fin a cinco años de uno de los procesos políticos más intensos de nuestra historia. La historia terminó por demostrar que en esa coyuntura decisiva eran necesarias las posiciones enérgicas y radicales de Simón Bolívar y Antonio Nariño, quienes, en lugar de tratar de acomodarse a los vaivenes de la política peninsular, tuvieron claro desde el comienzo que el único camino era la libertad sin condiciones.

Por ello, la declaratoria de independencia del Estado de Cundinamarca se establece como uno de los sucesos más importantes de la historia de Colombia. A pesar de que nadie puede negar la importancia de los sucesos del 20 de julio de 1810, el 16 de julio de 1813 es la fecha en que por primera vez se empezó a hablar de independencia real y de poder emanado en su totalidad de la soberanía popular. Bogotá y todo el país se debe volver a vestir de Bicentenario para festejar esta importante fecha.      

Desarrollo 

La junta del 20 de julio de 1810, creada ante los hechos del Florero de Llorente, nombró a José Miguel Pey de Andrade como jefe de la Junta.

En marzo de 1811 se conformó lo que podría llamarse la primera Asamblea Nacional Constituyente y Congreso a la vez en Santafé de Bogotá, bajo el nombre "Colegio Electoral Constituyente del Estado de Cundinamarca" que con gran esfuerzo, por discordias entre centralistas y federalistas, promulgó el 4 de abril de 1811 la primera constitución que podría tener alcance nacional: 

Con esta constitución se ratifica a Jorge Tadeo Lozano

 
...Yo, don Jorge Tadeo Lozano de Peralta, Presidente del Estado, Vicegerente de la Persona del Rey, encargado por la misma Constitución del alto Poder Ejecutivo, ordeno y mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Corregidores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase,...

Artículo 4.-La Monarquía de esta provincia será constitucional, moderando el poder del Rey una Representación Nacional permanente.

Artículo 5.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ejercitarán con independencia unos de otros; aunque con el derecho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime conveniente a las libertades del Legislador en su caso y lugar.

Artículo 6.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Rey, auxiliado de sus Ministros y con la responsabilidad de éstos; y en defecto del Rey, lo obtiene el Presidente de la Representación Nacional, asociado de dos Consejos y bajo la responsabilidad del mismo Presidente.

Artículo 7.- El Cuerpo Legislativo, para la interior economía y organización de sus sesiones, nombrará un Presidente particular del Cuerpo mismo, con el título de Prefecto de la Legislatura, un Designado para sus ausencias, y un Secretario; dando noticia de estos nombramientos al Gobierno, para que éste lo haga a los demás cuerpos que deban tenerla.

Artículo 8.- El Poder Judicial corresponde a los Tribunales de la provincia.

Artículo 9.- Habrá un Senado de Censura y Protección, compuesto de un Presidente, que lo será el Vicepresidente de la Representación Nacional, y cuatro miembros, para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada uno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constitución.

Artículo 10.- A este mismo Tribunal corresponde el juicio de residencia a que quedarán sujetos todos los funcionarios de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al tiempo de salir de sus empleos, a excepción del Rey, cuya persona es inviolable y por lo mismo no sujeta a residencia ni responsabilidad, que en su lugar y caso sufrirán los Ministros 

 Artículo 14.- La reunión de los funcionarios de los tres Poderes constituye la Representación Nacional.o 

Esta constitución ratifica la obediencia al Rey de España, define la división de poderes, la libertad de Imprimir documento con algunas recomendaciones. Solicita un concordato con el Vaticano. -el ligeslativo tiene 19 Diputados.

Artículo 14.- Para ser miembro de la Representación Nacional se requiere indispensablemente ser hombre de veinticinco años cumplidos, dueño de su libertad, que no tenga actualmente empeñada su persona por precio, y si lo estuviere por voto, se considerará absolutamente impedido para la parte ejecutiva y para entrar en las corporaciones de censura y judicial, quedando expeditos por sí y con arreglo a los cánones, los religiosos y los individuos del clero secular para tener representación en el Colegio Electoral y en el Cuerpo Legislativo, siempre que los Regulares sean Prelados, o se hallen en alguna especie de emancipación con carácter o ministerio público. Tampoco pueden ser miembros de la Representación Nacional los dementes, sordomudos, ni los de tal manera baldados o lisiados, que se les dificulte gravemente el ejercicio de las funciones propias de la Representación Nacional. Ni serán admitidas en ellas las personas contra quienes, conforme a la Constitución, se haya pronunciado decreto de prisión en causa criminal; ni los fallidos, ya sean culpables o ya inculpables, si no es que estos últimos hayan salido del estado de insolvencia, ni los deudores ejecutados del Tesoro Público, ni los transeúntes, ni los vagos, ni los que hayan sufrido pena infamatoria, ni los que vivan a expensas de otro en calidad de sirvientes domésticos, ni los que carezcan de casa abierta, ni los que tengan menos de seis años de vecindad, ni los que hayan dado muestras positivas de ser opuestos a la libertad americana y consiguiente transformación del Gobierno.

Para las seleccione se tieneun padrón exacto de todos los parroquianos, con expresión de su sexo, estado, calidad, género de vida u ocupación; de los que sean padres o cabezas de familia, y de los esclavos, todo con la mayor claridad y distinción posibles. Artículo 3.- Reunidos todos los parroquianos el día 3 de noviembre en la casa del juzgado, si la hubiere en el pueblo, o si no en la del mismo alcalde, con quien concurrirán el Cura y el sujeto que en el año anterior haya sido juez del lugar, si no son dos los alcaldes; y los tres unidos examinarán con la posible brevedad y diligencia los que sean varones libres, mayores de veinticinco años, padres o cabezas de familia, que vivan de sus rentas u ocupación sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal pendiente, que no hayan sufrido pena infamatoria, que no sean sordomudos, locos, dementes o mentecatos, deudores al Tesoro Público, fallidos o alzados con la hacienda ajena; y los que resulten con aquellas calidades y sin estos defectos son los que deben sufragar en la elección primaria.

Artículo 9.- Por el padrón se hará la suma total de los parroquianos para nombrar un apoderado por cada quinientas almas, y así se fijará el número que se haya de elegir, el cual se expresará a los electores.

Artículo 13.- Escrito el voto de cada uno, lo leerá el secretario en alta voz.

ArribaAbajo2. Elecciones secundarias o de partido

Artículo 29.- El día veinticuatro de noviembre deben estar los apoderados de todas las parroquias del partido en el pueblo de su cabecera, en donde inmediatamente se presentarán al Corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde de primera nominación a quien exhibirán todos los testimonios, padrones y poderes que se les entregaron en las respectivas parroquias.

Artículo 59.- Concluida la elección de Presidente, se procederá a la de Vicepresidente en los mismos términos que a la de aquél.

Artículo 60.- Cuando de la votación para Vicepresidente resulte que la totalidad de votos se divide por partes iguales entre dos, se repetirá lo prevenido en el Artículo 57.

Artículo 61.- Inmediatamente se procederá a la elección de Consejeros, guardando las reglas prescritas.

Artículo 62.- Para la elección de representantes en el Cuerpo Legislativo, cada elector escribirá en una cédula los nombres de tantas personas cuantos deban ser individuos de dicho Cuerpo, y todos los que resulten con más de la mitad de los votos del total de los electores serán los elegidos; si dos o más tuvieren la mitad, se hará lo prevenido en el Artículo 57, y el nombre del que salga a la suerte se tendrá por elegido; y en el caso de que falten uno o más para completar el número de los que han de componer el Cuerpo Legislativo, se procederá a elegirlos precisamente entre los que hayan tenido en los escrutinios anteriores la mitad o un tercio de todos los votos; pero si todavía faltasen algunos por elegir, y ninguno hubiese con la mitad o el tercio de todos los votos, se hará un nuevo escrutinio, guardando las reglas prevenidas.

Artículo 63.- Los individuos del Senado y del Tribunal de Apelaciones han de elegirse en los mismos términos y por las mismas reglas establecidas para la elección de los miembros del Cuerpo Legislativo.

Artículo 64.- Concluidas todas las elecciones, se cierra el acta en que ha de constar cuanto ocurra; se une a la certificación que debe extender el Secretario, relacionada desde la presentación de los electores al Gobierno, y exhibición de sus documentos, lo que con los padrones y escrutinios firmados por el Presidente y Secretario, se archivará en la Secretaría de Gracia y Justicia.

Artículo 65.- Luego que, verificadas las elecciones el Colegio Electoral, hubiere calificado las renuncias y hecho los reemplazos de los que se tuvieren por legítimamente excusados, se publicarán las elecciones en impreso, para que cuanto antes se hagan notorias en la provincia, sin embargo de que el Gobierno debe comunicarlas de oficio a todos los partidos, para que por el jefe de cada uno se comunique a los pueblos de su comprensión.

ArribaAbajo4. Elección de representante de la provincia

Artículo 69.- Al Colegio Electoral corresponde la elección de representante o representantes y suplentes de la provincia para el Congreso General del Reino.

Artículo 70.- El representante o representantes y suplentes de la provincia durarán tres años en este ministerio.

Artículo 71.- Al tiempo de concluirse los tres años, y para formarse el Colegio Electoral, los pueblos y sus apoderados procederán en este concepto, y sus poderes se extenderán sobre los demás objetos al de la elección de representante o representantes y suplentes de la provincia para el Congreso del Reino.

Artículo 72.- El Diputado Representante de la Provincia recibirá los poderes del Colegio Electoral.

Título XIII. De los deberes del ciudadano

Artículo 1.- La primera obligación del ciudadano mira a la conservación de la sociedad, y ésta exige que los que la componen conozcan y llenen respectivamente sus deberes.

Artículo 2.- Éstos están encerrados en la pureza de la Religión y de las costumbres, en la observancia de la Constitución y el sometimiento a las leyes.

Artículo 3.- Es deber del ciudadano defender y servir a la sociedad, vivir sujeto a las leyes y respetar a los funcionarios públicos encargados mediata o inmediatamente de su establecimiento, ejecución y aplicación.

Artículo 4.- No es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo.

Artículo 5.- No merece tampoco este nombre el que no observa religiosamente las leyes, el que por intrigas, cábalas y maquinaciones elude su cumplimiento, y el que sin justo motivo se excusa de servir a la Patria.

 la Constitución del estado de Cundinamarca la cual estaba basada en la de Estados Unidos de Norteamérica. Esta asamblea-congreso nombra al segundo jefe de estado, el señor Jorge Tadeo Lozano por un período de tres años; sin embargo, por presiones y desacuerdos, la asamblea-congreso lo hace dimitir el 19 de septiembre de 1811 y nombra, en su lugar, a Antonio Nariño.

Esta constitución, promulgada el 4 de abril de 1811, es más amplia que las inicialmente vistas, reúne una estructura más concreta de lo que en si puede ser una constitución.

 


Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811)

Artículo principal: Provincias Unidas de la Nueva Granada
Véase también: Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada

A finales de 1810 y en forma paralela a los esfuerzos de Cundinamarca, surgieron otras constituciones en distintos centros urbanos como Cartagena, Tunja, Antioquia, Mariquita y Neiva. Algunas de estas, Cartagena, Tunja, Antioquia, Neiva y Pamplona, enviaron representantes al Congreso de las Provincias Unidas que se reunieron inicialmente en Santa Fe y luego mantuvieron su centro en Tunja y Villa de Leyva. Este grupo fue el primero en avanzar democráticamente. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Constitucion/30022840?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0

El segundo domingo de octubre de 1811 realizaron las primeras elecciones en Tunja. Había electores representantes por cada 2.000 habitantes; y en caso, que el municipio no tuviese esta cantidad de población, de todas maneras elegía uno. Podían votar todas las personas mayores de 15 años que tuviesen un oficio modesto y tener 20 años o más. El 27 de noviembre quedó oficialmente establecida la primera pequeña república: Provincias Unidas de la Nueva Granada.

El 23 de diciembre eligieron su primer presidente temporal, don Pedro Groot, y el siguiente día a Antonio Nariño como presidente interino. En la reunión del 4 de octubre de 1812, la Provincias Unidas eligen a Camilo Torres presidente, cargo que ejerció hasta el 5 de octubre de 1814, y se declararon federalistas (en favor de una unión de estados soberanos) en oposición a los deseos de Antonio Nariño, Simón Bolívar y las ideas centralistas que estaban ganando terreno con alguna dificultad en Santa Fe de Bogotá. Este desacuerdo los llevó a un enfrentamiento armado a finales de 1812, y luego otro, ya sin la presencia de Nariño, en 1814.

Los federalistas (Santanderistas, que veían en el centralismo una restricción a la libertad) evolucionarían más tarde en Liberales, y los centralistas (Bolivarianos y Nariñistas, que querían ver la nación bien unificada y controlada) evolucionarían en Conservadores.[cita requerida]

Una vez Fernando VII se recuperó del ataque de las fuerzas Napoleónicas, las fuerzas realistas lideradas por Pablo Morillo vencen a las fuerzan independistas y ejecutan en A agosto, septiembre y octubre de 1816 a la mayoría de los líderes constitucionales, incluyendo a Camilo Torres, y restablece la Real Audiencia en Santa Fe de Bogotá en marzo de 1817. Nariño continuó preso en España

4. Acta de la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada

(27 de noviembre de 1811)

Nueva Granada

 

 pasados 7 meses por el desorden en que viven los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, el fracaso de la Contitucion de Cundinamarca. Presentan un acta que pretende formar una Constitucion acorde a las necesidades del momento historico. 

 Al contrario de la Contitucion del Cundinamarca  desconocen Al Rey de España

Artículo 5.- Todas y cada una de las Provincias Unidas y que en adelante se unieren de la Nueva Granada, o de otros Estados vecinos, desconocen expresamente la autoridad del Poder Ejecutivo o Regencia de España, Cortes de Cádiz, Tribunales de Justicia y cualquiera otra autoridad subrogada o substituida por las actuales, o por los pueblos de la península, en ella, sus islas adyacentes, o en cualquiera otra parte, sin la libre y espontánea concurrencia de este pueblo. Así, en ninguna de dichas provincias se obedecerá o dará cumplimiento a las órdenes, cédulas, decretos o despachos, que emanaren de las referidas autoridades; ni de ninguna otra constituida en la península de cualquiera naturaleza que sea, civil, eclesiástica o militar, pues las dichas provincias sólo reconocen por legítimas y protestan obedecer en su distrito a las que sus respectivos pueblos hayan constituido con las facultades que le son privativas; y fuera de él a la Confederación de las Provincias Unidas, en las que por esta Acta le son delegadas y le correspondan para la conservación y desempeño de los intereses y objetos de la unión;

 En consecuencia las dichas dos casas actuales de fabricación de Santafé y Popayán, quedan inmediata, directa y únicamente bajo la autoridad del Congreso, y todos sus productos se tendrán a su disposición.

Tiene en cuenta a las poblaciones indigenas que seran parte de la nacion gracias a un acuerdo con ellos, el comercio, y metodos suaves.

Artículo 24.- No por esto se despojará ni se hará la menor vejación o agravio a las tribus errantes, o naciones de indios bárbaros que se hallen situadas o establecidas dentro de dichos territorios; antes bien se las respetará como legítimos y antiguos propietarios, proporcionándoles el beneficio de la civilización y religión por medio del comercio y por todas aquellas vías suaves que aconseja la razón y dicta la caridad cristiana, y que sólo son propias de un pueblo civilizado y culto; a menos que sus hostilidades nos obliguen a otra cosa.

Artículo 25.- Por la misma razón podremos entrar en tratados y negociaciones con ellos sobre estos objetos, protegiendo sus derechos con toda la humanidad y filosofía que demanda su actual imbecilidad, y la consideración de los males que ya les causó, sin culpa nuestra, una nación conquistadora.

Artículo 26.- Pero, si dentro de los límites conocidos de las provincias, o entre provincia y provincia, hubiera naciones de esta clase, ya establecidas que hoy pudieran hacer cómodamente parte de esta unión o de las mismas provincias, principalmente cuando ya no las aterra un tributo ignominioso, ni un gobierno bárbaro y despótico, como el que ha oprimido a sus hermanos, por trescientos años, se las convidará y se las atraerá por los medios más suaves, cuales son regularmente los del trato y el comercio, a asociarse con nosotros, y sin que sea un obstáculo su religión, que algún día cederá tal vez el lugar a la verdadera, convencidos con las luces de la razón y el evangelio que hoy no pueden tener.

Artículo 27.- Pudiera ser también fondo del Congreso alguna mina particular y preciosa que hoy no sea propiedad de ninguna provincia en particular, o que ella ceda voluntariamente a la Unión, o ésta la adquiera y compre con sus mismos fondos para explotarla y beneficiarla de cuenta del Estado, como ya se practica en todos los que pueden aliviar de este modo las contribuciones directas o indirectas de sus pueblos con grande utilidad y beneficios de estos mismos que hayan en estos establecimientos, a más de lo dicho, una honesta ocupación y trabajo para emplear útilmente sus brazos.

 

  • José Manuel Restrepo, Diputado por la Provincia de Antioquia.
  • Henrique Rodríguez, Diputado por la Provincia de Cartagena.
  • Manuel Campos, Diputado por la Provincia de Neiva.
  • Camilo Torres, Diputado por la Provincia de Pamplona.
  • Joaquín Canzacho, Diputado por la Provincia de Tunja.
  • José Manuel Restrepo, Secretario.

 

Negáronse a firmar el Acta de Federación los diputados de Cundinamarca y Chocó, don Manuel de Bernardo Álvarez y don Ignacio Herrera, por considerar inconveniente el sistema federal adoptado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_colombiano

 

b) La provincia de Tunja - En el contexto de la patria boba (1810-1816)

Después del movimiento del 20 de Julio muchas provincias formaron juntas y con el objeto de unificar el gobierno la Junta de Santa fe invito a las provincias a enviar a sus delegados para formar un gobierno central lo cual no fue aceptado por que era un intento centralista y los criollos de provincia querían un sistema federal. La junta de Cartagena sugiero entonces la formación de un gobierno federal frente a Santa fe que proponía un gobierno centralista.

El criollismo y el federalismo tuvieron un desarrollo importante en la Ciudad de Tunja durante la época de la revolución de la independencia. En 1811 se aprobó su constitución como república independiente de Tunja , En 1813 declaro su independencia absoluta de España. En los años 1812 , 1813 y 1814 fue capital de las provincias unidas de la nueva Granada. En el territorio tunjano se llevaron a cabo varias batallas entre los patriotas y los españoles que desembocaron en la batalla del 7 de agosto de 1819. La pugna de estos dos sistemas caracterizo ese periodo.

Camilo Torres era decidido defensor del sistema federalista que tanto éxito había alcanzado en los Estados Unidos y sus seguidores presentaban las siguientes razones:

• La población dispersa en tan grande extensión debería ser controlada por varios núcleos y no desde uno central.

• Las provincias pueden valorarse por si misma y lograr un desarrollo individual

• La concentración de poder en un centro hace lento los procesos del gobierno con perjuicios de la provincia. El centralismo a la cabeza de Antonio Nariño defendía la existencia de un gobierno centralista en que salió triunfante este sistema , en donde su mayor premisa fue que en la época de la “dominación española se había tenia un sistema de esas características y los procesos históricos de la Nueva Granada y Estados Unidos eran totalmente diferentes .

c) IMPLICACIONES DEL CONGRESO DE 1811.

En 1811 Cundinamarca resolvió organizarse como estado y proclamo una constitución Monárquica que reconocía a Fernando VII como rey de los Cundinamarqueses , constituyo un gobierno provisional mientras aquel estuviera prisionero de Napoleón , entonces el peligro de una guerra Civil hizo la instalación del congreso de 1811 en donde las provincias se unieron bajo el nombre de provincias unidas de Nueva Granada y cuya acta fue aprobadas por todos los representantes excepto la de Cundinamarca y Choco.

Según lo decidido en ese congreso las provincias se unían en forma federal organizando su gobierno economía ejercito propio, el congreso como representante de las provincias debería organizar el ejercito para la defensa común del territorio , declarar la guerra a otras naciones, controlar la aduana y la moneda. En ese mismo año las provincias manifestaron sus diferentes posiciones frente a la independencia un ejemplo claro es la independencia absoluta de Cartagena el 11 de noviembre de 1811 y asi en 1813 Cundinamarca.

La división entre federalistas y centralistas y la institucionalización del sistema federal llevo al país a una guerra civil en la cual Antonio Nariño presidente del estado de Cundinamarca declaro a Baraya , jefe de las tropas federales. Después ante circunstancias externas las provincias no se unieron pero ya era tarde por que se había abierto la reconquista española. Dentro el contexto de la época Tunja era la ciudad mas importante de la nueva granada después de Santa Fe por su estratégica situación geográfica , por su riqueza cultural y histórica, y por ser residencia de grandes políticos y militares es por eso que Tunja era tenida en cuenta en la toma de las grandes decisiones de los neogranadinos

 

5. Constitución de la República de Tunja

9 de diciembre de 1811

Declara además que quiere ser gobernada por un Presidente Gobernador, elegido por el Congreso electoral de la provincia, debe tener 35 años, la propiedad de 4.000 pesos, 4 años de residencia en la provincia; así mismo elegirá un Teniente Gobernador que supla sus ausencias o impedimentos; existirá un senado compuesto de cinco individuos; una cámara de Representantes; un Tribunal de Apelaciones, una sala de Conjueces para los últimos recursos; un Tribunal de Jurados que se establecerá en los diversos distritos; y finalmente por los Alcaldes ordinarios y pedáneos, todos según las atribuciones que se les señalan por la misma constitución o por las leyes que gobiernan la provincia.

 

 

Bandera provincias unidas de la Nueva Granada









Provincia de la nueva granada 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1810

(agosto 15)

http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Constitucion/30020280?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0

Acta de la constitución del estado libre e independiente del Socorro

ESTADO DE VIGENCIA: No vigente. [Mostrar]

«El pueblo del Socorro, vejado y oprimido por las autoridades del antiguo Gobierno, y no hallando protección en las leyes que vanamente reclamaba, se vio obligado en los días nueve y diez de julio de mil ochocientos diez, a repeler la fuerza con la fuerza. 

  

Las calles de esta Villa fueron manchadas por la primera vez con la sangre inocente de sus hijos que con un sacrificio tan heroico destruyeron la tiranía; y rompiendo el vínculo social fue restituido el pueblo del Socorro a la plenitud de sus derechos naturales e imprescriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, que depositó provisionalmente en el Ilustre Cabildo de esta Villa y de seis ciudadanos beneméritos que le asoció para que velasen en su defensa contra la violencia de cualquier agresor, confiando al propio tiempo la administración de justicia a los dos Alcaldes Ordinarios para que protegiesen a cualquier miembro de la sociedad contra otro que intentase oprimirle. 

  

En el propio acto deliberó convocar a los Ilustres Cabildos de la ciudad de Vélez y de la Villa de San Gil para que cada uno enviase dos diputados por el pueblo respectivo que, asociados a otros dos que elegiría esta Villa, compusiesen una junta de seis vocales y un Presidente que nombrarían ellos mismos a pluralidad de votos. Verificada la concurrencia de cuatro Diputados que son el D. D. Pedro Ignacio Fernández, el doctor don José Gabriel de Silva, el doctor don Lorenzo Plata, y don Vicente Martínez, se halla legítimamente sancionado este Cuerpo, y revestido de la autoridad pública que debe ordenar lo que convenga y corresponda a la sociedad civil de toda la Provincia, y lo que cada uno debe ejecutar en ella. 

  

Es incontestable que a cada pueblo compete por derecho natural determinar la clase de gobierno que más le acomode; también lo es que nadie debe oponerse al ejercicio de este derecho sin violar el más sagrado que es el de la libertad. En consecuencia de estos principios la Junta del Socorro, representando al pueblo que la ha establecido, pone por bases fundamentales de su CONSTITUCIÓN los cánones siguientes: 

  

1. La Religión cristiana que uniendo a los hombres por la caridad, los hace dichosos sobre la tierra, y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad. 

  

2. Nadie será molestado en su persona o en su propiedad sino por la ley. 

  

3. Todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo para cumplir con la ley eterna que se descubre en los planes de la creación, y que Dios intimó a Adán nuestro primer padre. 

  

4. La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente, y así una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza, y sagrado derecho de propiedad y a las leyes de la sucesión. 

  

5. El que emplea sus talentos e industria en servicio de la patria vivirá de las rentas públicas; pero esta cantidad no podrá señalarse sino es por la voluntad expresa de la sociedad a quien corresponde velar sobre la inversión del depósito sagrado de las contribuciones de los pueblos. 

  

6. Las cuentas del Tesoro Público se imprimirán cada año para que la sociedad vea que las contribuciones se invierten en su provecho, distinga a los agentes del fisco que cumplan sus deberes, y mande se castigue a los que falten. 

  

7. Toda autoridad que se perpetúa está expuesta a erigirse en tiranía. 

  

8. Los representantes del pueblo serán elegidos anualmente por escrutinio a voto de los vecinos útiles, y sus personas serán sagradas e inviolables. Los primeros vocales permanecerán hasta el fin del año de 1811. 

  

9. El Poder Legislativo lo tendrá la Junta de Representantes cuyas deliberaciones sancionadas y promulgadas por ella y no reclamadas por el Pueblo serán las leyes del nuevo Gobierno. 

  

10. El Poder Ejecutivo quedará a cargo de los Alcaldes Ordinarios y en los Cabildos con apelación al Pueblo en las causas que merezcan pena capital, y en las otras, y civiles de mayor cuantía a un tercer Tribunal que nombrará la Junta en su caso. 

  

11. Toda autoridad será establecida o reconocida por el Pueblo y no podrá removerse sino por la ley. 

  

12. Solamente la Junta podrá convocar al Pueblo, y éste no podrá por ahora reclamar sus derechos sino por medio del Procurador General, y si algún particular osare tomar la voz sin estar autorizado para ello legítimamente, será reputado por perturbador de la tranquilidad pública y castigado con todo el rigor de las penas. 

  

13. El territorio de la Provincia del Socorro jamás podrá ser aumentado por derecho de conquista. 

  

14. El Gobierno del Socorro dará auxilio y protección a todo Pueblo que quiera reunírsele a gozar de los bienes que ofrecen la libertad e igualdad que ofrecemos como principios fundamentales de nuestra felicidad. 

  

No habiendo reconocido el Cabildo del Socorro al Consejo de Regencia hallándose ausente su legitimo Soberano el señor don Fernando Séptimo, y no habiéndose formado todavía Congreso Nacional compuesto de igual número de Vocales de cada Provincia para que reconozca y delibere sobre los grandes intereses del cuerpo social, y los de paz y guerra, reasume por ahora todos esos derechos. Cuando se haya restituido a su trono el Soberano, o cuando se haya formado el Congreso Nacional, entonces este pueblo depositará en aquel Cuerpo la parte de derechos que puede sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para gobernarse dentro de los limites de su territorio, sin la intervención de otro Gobierno. Esta Provincia organizando así el suyo será respecto de los demás como su hermano siempre pronto a concurrir por su parte a la defensa de los intereses comunes a la familia. Un tal pacto no podrá degradar sino al que nos quiera reducir a la antigua esclavitud, lo que no tememos ni de la virtud de nuestro adorado Soberano el señor don Fernando Séptimo que será el padre de sus pueblos, ni tampoco de alguna otra de las Provincias de la América que detestan como nosotros el despotismo y que reunidas en igualdad van a formar un imperio cimentado en la igualdad; virtud que se concilia también con la moral sublime del Evangelio cuya creencia es el amor que une a los hombres entre sí. 

  

En el día que proclamamos nuestra libertad y que sancionamos nuestro Gobierno por el acto más solemne y el juramento más santo de ser fieles a nuestra CONSTITUCIÓN, es muy debido dar un ejemplo de justicia declarando a los indios de nuestra Provincia LIBRES DEL TRIBUTO que hasta ahora han pagado y mandando que las tierras llamadas resguardos se les distribuyan por iguales partes para que las posean con propiedad y puedan trasmitirlas por derecho de sucesión; pero que no puedan enajenarlas por venta o donación hasta que hayan pasado veinticinco años contados desde el día en que cada uno se encargue de la posesión de la tierra que le corresponda. Asimismo se declara que DESDE HOY MISMO ENTRAN LOS INDIOS EN SOCIEDAD con los demás ciudadanos de la Provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva CONSTITUCIÓN, a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente. 

  

El gobierno se halla bien persuadido que para su establecimiento y organización necesita del aumento de las rentas públicas, pero contando con la economía de la administración de ellas y con el desinterés patriótico con que se han distinguido muchos de nuestros conciudadanos, y con que esperamos se distingan todos los agentes del nuevo Gobierno: permitimos la SIEMBRA DEL TABACO en toda la Provincia del Socorro, y el estanco de este género cesará luego que se haya vendido el que se halla en las administraciones y factorías. 

  

La Junta de la Provincia del Socorro, compuesta por ahora de los cuatro individuos referidos, habiendo leído en alta voz al Pueblo esta Acta, y preguntándole si quería ser gobernado por los Principios que en ella se convienen, respondió que sí, y entonces los Procuradores Generales del Socorro y de San Gil a su nombre prestaron el juramento de fidelidad a la CONSTITUCIÓN, y de obediencia al nuevo Gobierno, diciendo con la mano puesta sobre los Santos Evangelios y con la otra haciendo la Señal de la Cruz, juramos a Dios en presencia de la imagen de nuestro Salvador que los pueblos cuya voz llevamos cumplirán y harán cumplir el ACTA CONSTITUCIONAL que acaban de oir leer, y que si lo contrario hicieren serán castigados con toda la severidad de las leyes como traidores a la Patria, Los representantes juraron con igual solemnidad la inviolabilidad del Acta y su fidelidad al nuevo Gobierno protestando que en el momento que alguno viole las leyes fundamentales caerá de la alta dignidad a que el pueblo lo ha elevado, y entrando en el estado de privado será juzgado con todo el rigor de las leyes. Con lo cual se concluyó esta Acta que firman por ante mi los referidos Representantes y Procuradores Generales para que sea firme e invariable en la Villa del Socorro, en quince de agosto de mil ochocientos diez. 

  

José Lorenzo Plata Doctor Pedro Ignacio Fernández - Doctor José Gabriel de Silva - Vicente Romualdo Martínez - Juan Francisco Ardila - Marcelo José Ramirez y González - Pedro Ignacio Vargas – Ignacio Magno Joaquín de Vargas - Salvador José Meléndez de Valdés - José Manuel Otero - Miguel Tadeo Gómez - Ignacio Carrizosa - Francisco Javier Bonafont - Juan de la Cruz Otero- José Romualdo Sobrino - José Ignacio Martínez y Reyes - José Lorenzo Plata - Isidoro José Estévez - Pedro José Gómez – Narciso Martinez de la Parra - Francisco José de Silva - Carlos Fernández - Luis Francisco Durán - Juan José Fernández - Ignacio Peña José Ignacio Durán - Doctor Jacinto María Ramirez y González - José Maria Bustamante.» 

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http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/acta-de-independencia-acta-del-cabildo-extraordinario-de-santa-fe-20-de-julio-de-1810--0/html/008e6ca8-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html

Acta de Independencia (Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe) 20 de julio de 1810

Colombia



En la ciudad de Santafé, a veinte de julio de mil ochocientos diez, y hora de las seis de la tarde, se juntaron los S. S. del M. I. C. en calidad de extraordinario, en virtud de haberse juntado el pueblo en la plaza pública y proclamado por su Diputado el señor Regidor don José Acevedo y Gómez para que le propusiese los vocales en quienes el mismo pueblo iba a depositar el Supremo Gobierno del Reino; y habiendo hecho presente dicho señor Regidor que era necesario contar con la autoridad del actual Jefe, el Excelentísimo señor don Antonio Amar, se mandó una diputación compuesta del señor Contador de la Real Casa de Moneda, don Manuel de Pombo, el doctor don Miguel de Pombo y don Luis Rubio, vecinos, a dicho señor Excelentísimo, haciéndole presentes las solicitudes justas y arregladas de este pueblo, y pidiéndole, para su seguridad y por las ocurrencias del día de hoy, pusiese a disposición de este Cuerpo las armas, mandando por lo pronto una Compañía para resguardo de las casas capitulares, comandada por el capitán don Antonio Baraya. Impuesto su Excelencia de las solicitudes del pueblo, se prestó con la mayor franqueza a ellas.

Enseguida se manifestó al mismo pueblo la lista de los sujetos que había proclamado anteriormente, para que unidos a los miembros legítimos de este cuerpo (con exclusión de los intrusos don Bernardo Gutiérrez, don Ramón Infiesta, don Vicente Rojo, don José Joaquín Álvarez, don Lorenzo Marroquín, don José Carpintero y don Joaquín Urdaneta) (Salva la memoria del ilustre patricio doctor don Carlos de Burgos), se deposite en toda la Junta el Gobierno Supremo de este Reino interinamente, mientras la misma Junta forma la Constitución que afiance la felicidad pública, contando con las nobles Provincias, a las que en el instante se les pedirán sus Diputados, firmando este Cuerpo el reglamento para las elecciones en dichas Provincias, y tanto éste como la Constitución de Gobierno deberán formarse sobre las bases de libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada, que protesta no abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo Gobierno a la Superior Junta de Regencia, ínterin exista en la Península, y sobre la Constitución que le dé el pueblo, y en los términos dichos, y después de haberle exhortado el señor Regidor su Diputado a que guardase la inviolabilidad de las personas de los europeos en el momento de esta fatal crisis, porque de la recíproca unión de los americanos y los europeos debe resultar la felicidad pública, protestando que el nuevo Gobierno castigará a los delincuentes conforme a las leyes, concluyó recomendando muy particularmente al pueblo la persona del Excelentísimo Señor Antonio Amar; respondió el pueblo con las señales de la mayor complacencia, aprobando cuanto expuso su diputado.

Y enseguida se leyó la lista de las personas elegidas y proclamadas, en quienes con el Ilustre Cabildo ha depositado el Gobierno Supremo del Reino, y fueron los señores: doctor Juan Bautista Pey, Arcediano de esta Santa Iglesia Catedral; don José Sanz de Santamaría, Tesorero de esta Real Casa de Moneda; don Manuel de Pombo, Contador de la misma; doctor don Camilo de Torres; don Luis Caycedo y Flórez; doctor don Miguel Pombo; don Francisco Morales; doctor don Pedro Groot; doctor don Frutos Gutiérrez; doctor don José Miguel Pey, Alcalde Ordinario de primer voto; don Juan Gómez, de segundo; doctor don Luis Eduardo de Azuola; doctor don Manuel Álvarez; doctor don Ignacio Herrera; don Joaquín Camacho: doctor don Emigdio Benítez; el Capitán don Antonio Baraya; Teniente Coronel José María Moledo; el Reverendo Padre Fray Diego Padilla; don Sinforoso Mutis; doctor don Juan Francisco Serrano Gómez; don José Martín París, Administrador Principal de Tabacos; doctor don Antonio Morales; doctor don Nicolás Mauricio de Omaña.

En este estado proclamó el pueblo con vivas y aclamaciones a favor de todos los nombrados; y notando la moderación de su Diputado el expresado señor Regidor don José Acevedo, dijo que debía ser el primero de los vocales, y en seguida nombró también de tal vocal al señor Magistral doctor don Andrés Rosillo, aclamando su libertad como lo ha hecho en toda la tarde, y protestando ir en este momento a sacarle de la prisión en que se halla; el señor Regidor hizo presente a la multitud de los riesgos a que se exponía la seguridad personal de los individuos del pueblo si se le precipitaba a una violencia ofreciéndole que la primera disposición que tomará la Junta será la libertad de dicho señor Magistral y su incorporación en ella.

En este estado, habiendo concurrido los vocales electos con todos los vecinos notables de la ciudad, prelados, eclesiásticos, seculares y regulares, con asistencia del señor don Juan Jurado, Oidor de esta Real Audiencia, a nombre y representando la persona del Excelentísimo señor don Antonio Amar, y habiéndole pedido al Congreso pusiese el parque de artillería a su disposición por las desconfianzas que tiene el pueblo, y excusándose por falta de facultades, se mandó una diputación a Su Excelencia, compuesta de los señores doctor don José Miguel Pey, don José Moledo y doctor don Camilo Torres, pidiéndole mandase poner dicho parque a las órdenes de don José Ayala. Impuesto Su Excelencia del mensaje, contestó que lejos de dar providencia ninguna contraria a la seguridad del pueblo, había prevenido que la tropa no hiciese el menor movimiento, y que bajo de esta confianza viese el ilustre Congreso qué nuevas medidas quería tomar en esta parte.

Se le respondió que los individuos del mismo Congreso descansaban con la mayor confianza en la verdad de Su Excelencia; pero que el pueblo no se aquietaba, sin embargo de habérsele repetido varias veces desde los balcones por su Diputado que no tenía qué temer en esta parte, y que era preciso, para lograr su tranquilidad que fuese a encargarse y cuidar de la artillería una persona de su satisfacción, que tal lo era el referido don José de Ayala. En cuya virtud previno dicho señor Excelentísimo Virrey que fuese el Mayor de la plaza don Rafael de Córdoba con el citado Ayala a dar esta orden al Comandante de la Artillería, y así se ejecutó. En este estado, impuesto el Congreso del vacío de facultades que expuso el señor Oidor don Juan Jurado, mandó otra diputación, suplicando a Su Excelencia se sirviese concurrir personalmente, a que se excusó por hallarse enfermo; y habiéndolas delegado todas verbalmente a dicho señor Oidor según expusieron los diputados, se repitió el mensaje para que las mande por escrito con su secretario don José de Leiva, a fin de que se puedan dar las disposiciones convenientes sobre la fuerza militar, y de que autoricen este acto.

Entretanto, se recibió juramento a los señores Vocales presentes, que hicieron en esta forma, a presencia del M. I. Cabildo y en manos del señor Regidor primer Diputado del pueblo don José Acevedo y Gómez, puesta la una mano sobre los Santos Evangelios y la otra formando la señal de la cruz, a presencia de Jesucristo Crucificado, dijeron: «Juramos por el Dios que existe en el Cielo, cuya imagen está presente y cuyas sagradas y adorables máximas contiene este libro, cumplir religiosamente la Constitución y voluntad del pueblo expresada en esta acta, acerca de la forma del Gobierno provisional que ha instalado; derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestra sagrada religión C. A. R. nuestro amado Monarca Don Fernando VII y la libertad de la Patria; conservar la libertad e independencia de este Reino en los términos acordados; trabajar con infatigable celo para formar la Constitución bajo los puntos acordados, y en una palabra, cuanto conduzca a la felicidad de la Patria».

En este estado me previno dicho señor Regidor Diputado, a mí, el Secretario, certificase el motivo que ha tenido pára extender esta Acta hasta donde se halla. En su cumplimiento digo: que habiendo venido dicho señor Diputado a la oración llamando a Cabildo extraordinario, el pueblo lo aclamó luego que lo vio en las galerías del Cabildo, y después de haberle excitado dicho señor a la tranquilidad, el pueblo le gritó que se encargase de extender el Acta, por donde constase que reasumía sus derechos, confiando en su ilustración y patriotismo, lo hiciese del modo más conforme a la tranquilidad y felicidad pública, cuya comisión aceptó dicho señor.

Lo que así certifico bajo juramento, y que esto mismo proclamó todo el pueblo.

Eugenio Martín Melendro.



En este estado, habiendo recibido por escrito la comisión que pedía el señor Jurado a Su Excelencia, y esto estando presentes la mayor parte de los señores Vocales elegidos por el Pueblo, con asistencia de su particular Diputado y Vocal el Regidor don José Acevedo, se procedió a oír el dictamen del Síndico Personero, doctor don Ignacio Herrera, quien, impuesto de lo que hasta aquí tiene sancionado el pueblo y consta del acta anterior, dirigida por especial comisión y encargo del mismo pueblo, conferida a su Diputado el señor Regidor don José Acevedo, dijo que el Congreso presente, compuesto del M. I. C., cuerpos, autoridades y vecinos, y también de los Vocales del nuevo Gobierno, nada tenía que deliberar, pues el pueblo soberano tenía manifestada su voluntad por el acto más solemne y augusto con que los pueblos libres usan de sus derechos, para depositarlos en aquellas personas que merezcan su confianza; que en esta virtud los vocales procediesen a prestar el juramento, y en seguida la Junta dicte las más activas Providencias de seguridad pública.

Enseguida se oyó el voto de todos los individuos del Congreso, que convinieron unánimemente y sobre que hicieron largas y eruditas arengas, demostrando en ellas los incontestables derechos de los pueblos, y particularmente los de este Nuevo Reino, que no es posible puntualizar en medio del inmenso pueblo que nos rodea.

El público se ha opuesto en los términos más claros, terminantes y decisivos a que ninguna persona salga del Congreso antes de que quede instalada la Junta prestando sus Vocales el juramento en manos del señor Arcediano Gobernador del Arzobispado, en las de los dos señores Curas de la Catedral, bajo la fórmula que queda establecido y con la asistencia del señor Diputado don José Acevedo; que enseguida presten el juramento de reconocimiento de estilo a este nuevo Gobierno los Cuerpos civiles, militares y políticos que existen en esta capital, con los Prelados seculares y regulares. Gobernadores del Arzobispado, Curas de la Catedral y Parroquias de la capital, con los Rectores de los Colegios.

Impuesto de todo lo ocurrido hasta aquí el señor don Juan Jurado, comisionado por Su Excelencia para presidir este acto, expuso no creía poder autorizarle en virtud de la orden escrita que se agrega, sin dar parte antes a Su Excelencia de lo acordado por el pueblo y el Congreso, como considera dicho señor que lo previene Su Excelencia. Con este motivo se levantaron sucesivamente varios de los Vocales nombrados por el pueblo, y con sólidos y elocuentes discursos demostraron ser un delito de lesa majestad y alta traición el sujetar o pretender sujetar la soberana voluntad del pueblo, tan expresamente declarada en este día, a la aprobación o improbación de un Jefe cuya autoridad ha cesado desde el momento en que este pueblo ha reasumido en este día sus derechos y los ha depositado en personas conocidas y determinadas. Pero, reiterando dicho señor su solicitud con el mayor encarecimiento, aunque fuera resignando su toga, para que el señor Virrey quedase persuadido del deseo que tenía dicho señor de cumplir su encargo en los términos que cree habérsele conferido; a esta proposición tomó la voz el pueblo ofreciendo a dicho señor garantías y seguridades por su persona y por su empleo; pero que de ningún modo permitía saliese persona alguna de la sala sin que quedase instalada la Junta, pues a la que lo intentase se trataría como a reo de alta traición, según lo había protestado el señor Diputado en su exposición, y que le diese a dicho señor certificación de este acto para los usos que le convengan.

Y en este estado dijo dicho señor que su voluntad en ningún modo se entendiera ser contraria a los derechos del pueblo que reconoce y se ha hecho siempre honor por su educación y principios de reconocer; que se conforma y jurará el nuevo Gobierno, con la protesta de que reconozca el Supremo Consejo de Regencia. Y, procediendo al acto del juramento, recordaron los Vocales doctor don Camilo Torres y el señor Regidor don José Acevedo que en su voto habían propuesto se nombrase Presidente de esta Junta Suprema del Reino al Excelentísimo señor Teniente General don Antonio Amar y Borbón; y habiéndose vuelto a discutir el negocio, se hicieron ver al pueblo con la mayor energía por el doctor Frutos Joaquín Gutiérrez, las virtudes y nobles cualidades que adornan a este distinguido y condecorado militar, y más particularmente manifestadas en este día y noche, en que por su consumada prudencia se ha terminado una revolución que amenazaba las mayores catástrofes, atendida la inmensa multitud del pueblo que ha concurrido ha ella, que pasa de 9.000 personas que se hallan armadas, y comenzaron por pedir la prisión y cabezas de varios ciudadanos cuyos ánimos se hallaban en la mayor división y recíprocas desconfianzas desde que supo el pueblo el asesinato que se cometió a sangre fría en la Villa del Socorro por su Corregidor don José Valdés usando de la fuerza militar, y particularmente desde ayer tarde, en que se aseguró públicamente que en estos días iban a poner en ejecución varios facciosos la fatal lista de 19 ciudadanos condenados al cuchillo porque en sus respectivos empleos han sostenido los derechos de la patria; en cuya consideración, tanto los Vocales como Cuerpos y vecinos que se hallan presentes, como el pueblo que nos rodea, proclamaron a dicho señor Excelentísimo don Antonio Amar por Presidente de este nuevo Gobierno con lo cual y nombrando de Vicepresidente de la Junta Suprema de Gobierno del Reino al señor Alcalde Ordinario de Primer Voto doctor don José Miguel Pey de Andrade, se procedió al acto del juramento de los señores Vocales en los términos acordados. Y enseguida prestaron el de obediencia y reconocimiento de este nuevo Gobierno el señor Oidor que ha presidido la Asamblea; el señor don Rafael de Córdoba, mayor de la Plaza; el señor Teniente Coronel don José de Leiva, Secretario de Su Excelencia; el señor Arcediano, como Gobernador del Arzobispado y como Presidente del Cabildo Eclesiástico; el Reverendo Padre Provincial de San Agustín; el Prelado del Colegio de San Nicolás; los Curas de Catedral y parroquiales; Rectores de la Universidad y Colegios; el señor don José María Moledo, como Jefe militar; el M. I. Cabildo secular; que son las autoridades que se hallan actualmente presentes, omitiéndose llamar por ahora a las que faltan, por ser las tres y media de la mañana. En este estado se acordó mandar una diputación al Excelentísimo señor don Antonio Amar, para que participe a Su Excelencia el empleo que le ha conferido el pueblo de Presidente de esta Junta, para que se sirva pasar el día de hoy a las nueve a tomar posesión de él, para cuya hora el presente Secretario citará los demás Cuerpos y autoridades que deben jurar la obediencia y reconocimiento de este nuevo Gobierno.

  • Juan Jurado
  • Doctor Josef Miguel Pey
  • Juan Gómez
  • Juan Bautista Pey
  • José María Domínguez del Castillo
  • Josef Ortega
  • Fernando de Benjumea
  • José Acevedo y Gómez
  • Francisco Fernández Heredia Suescún
  • Doctor Ignacio de Herrera
  • Nepomuceno Rodríguez Lago
  • Joaquín Camacho
  • José de Leiva
  • Rafael Córdoba
  • José María Moledo
  • Antonio Baraya
  • Manuel Bernardo Álvarez
  • Pedro Groot
  • Manuel de Pombo
  • José Sanz de Santamaría
  • Fr. Antonio González
  • Guardián de San Francisco
  • Nicolás Mauricio de Omaña
  • Pablo Plata
  • Emigdio Benítez
  • Frutos Joaquín Torres Gutiérrez de Caviedes
  • Camilo Torres
  • Doctor Leandro Torres y Peña
  • Francisco Javier Serrano Gómez de la Parra
  • Celi de Alvear
  • Fr. Mariano Gurnica
  • Fr. José Chaves
  • Nicolás Cuervo, Antonio Ignacio Gallardo
  • Rector del Rosario
  • Dr. José Ignacio Pescador
  • Antonio Morales
  • José Ignacio Álvarez
  • Sinforoso Mutis
  • Manuel Pardo
  • Eugenio Martín Melendro

Las firmas que faltan en esta Acta, y están en el cuaderno de la Suprema Junta, son las siguientes: Luis Sarmiento, José María Carbonell, doctor Vicente de la Rocha, José Antonio Amaya, Miguel Rosillo y Meruelo, José Martín París, Gregorio José Martínez Portillo, Juan María Pardo, José María León, doctor Miguel de Pombo, Luis Eduardo de Azuola, doctor Juan Nepomuceno Azuero Plata, doctor Julián Joaquín de la Rocha, Juan Manuel Ramírez, Juan José Mutienx. Ante mí, Eugenio Martín Melendro.

 

Constitución de Cundinamarca

(30 de marzo de 1811, y promulgada el 4 de abril de 1811)

Cundinamarca (Colombia)

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-cundinamarca-30-de-marzo-de-1811-y-promulgada-el-4-de-abril-de-1811--0/html/008e4dae-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html


ArribaAbajoDecreto de promulgación

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, Rey de los cundinamarqueses, etc., y a su Real nombre, don Jorge Tadeo Lozano, Presidente constitucional del Estado de Cundinamarca, a todos los moradores estantes y habitantes en él. Sabed: que reunido por medio de representantes libre, pacífica y legalmente el pueblo soberano que la habita, en esta capital de Santafé de Bogotá, con el fin de acordar la forma de gobierno que considerase más propia para hacer la felicidad pública; usando de la facultad que concedió Dios al hombre de reunirse en sociedad con sus semejantes, bajo pactos y condiciones que le afiancen el goce y conservación de los sagrados e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad y propiedad; ha dictado, convenido y sancionado las leyes fundamentales del Estado o Código constitucional que se ha publicado por medio de la imprenta. Y para que la soberana voluntad del pueblo cundinamarqués, expresada libre y solemnemente en dicha Constitución, sea obedecida y respetada por todos los ciudadanos que moran en este distrito y demás territorios sujetos al Gobierno supremo de él; Yo, don Jorge Tadeo Lozano de Peralta, Presidente del Estado, Vicegerente de la Persona del Rey, encargado por la misma Constitución del alto Poder Ejecutivo, ordeno y mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Corregidores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase, condición y dignidad que sean, que guarden, hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes la Constitución o pacto solemne del pueblo cundinamarqués, a cuyo fin se circulará y publicará en la forma ordinaria. Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario para su cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Santafé, a 4 de abril de 1811.

Lozano Camacho a D. José Acevedo Gómez.

Es copia.

Santafé, fecha ut supra.

Acevedo Gómez.


Jorge Tadeo Lozano



ArribaAbajoTítulo I. De la forma de Gobierno y sus bases

Artículo 1.- La Representación, libre y legítimamente constituida por elección y consentimiento del pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar su primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta de que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus derechos, lo mismo que todos los que son parte de la Monarquía española, desde el momento en que fue cautivado por el Emperador de los franceses el señor don Fernando VII, Rey legítimo de España y de las Indias, llamado al trono por los votos de la nación, y de que habiendo entrado en el ejercicio de ella desde el 20 de julio de 1810, en que fueron depuestas las autoridades que constantemente le habían impedido este precioso goce, necesita de darse una Constitución, que siendo una barrera contra el despotismo, sea al mismo tiempo el mejor garante de los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano, estableciendo el Trono de la Justicia, asegurando la tranquilidad doméstica, proveyendo a la defensa contra los embates exteriores, promoviendo el bien general y asegurando para siempre la unidad, integridad, libertad e independencia de la provincia, ordena y manda observar la presente a todos los funcionarios que sean elegidos, bajo cuya precisa condición serán respetados, obedecidos y sostenidos por todos los ciudadanos estantes y habitantes en la provincia, y de lo contrario, tratados como infractores del pacto más sagrado, como verdaderos tiranos, como indignos de nuestra sociedad y como reos de lesa Patria.

Artículo 2.- Ratifica su reconocimiento a Fernando VII en la forma y bajo los principios hasta ahora recibidos y los que resultarán de esta Constitución.

Artículo 3.- Reconoce y profesa la Religión Católica, Apostólica, Romana como la única verdadera.

Artículo 4.-La Monarquía de esta provincia será constitucional, moderando el poder del Rey una Representación Nacional permanente.

Artículo 5.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ejercitarán con independencia unos de otros; aunque con el derecho de objetar el Poder Ejecutivo lo que estime conveniente a las libertades del Legislador en su caso y lugar.

Artículo 6.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Rey, auxiliado de sus Ministros y con la responsabilidad de éstos; y en defecto del Rey, lo obtiene el Presidente de la Representación Nacional, asociado de dos Consejos y bajo la responsabilidad del mismo Presidente.

Artículo 7.- El Cuerpo Legislativo, para la interior economía y organización de sus sesiones, nombrará un Presidente particular del Cuerpo mismo, con el título de Prefecto de la Legislatura, un Designado para sus ausencias, y un Secretario; dando noticia de estos nombramientos al Gobierno, para que éste lo haga a los demás cuerpos que deban tenerla.

Artículo 8.- El Poder Judicial corresponde a los Tribunales de la provincia.

Artículo 9.- Habrá un Senado de Censura y Protección, compuesto de un Presidente, que lo será el Vicepresidente de la Representación Nacional, y cuatro miembros, para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada uno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que sea contra el tenor de la Constitución.

Artículo 10.- A este mismo Tribunal corresponde el juicio de residencia a que quedarán sujetos todos los funcionarios de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al tiempo de salir de sus empleos, a excepción del Rey, cuya persona es inviolable y por lo mismo no sujeta a residencia ni responsabilidad, que en su lugar y caso sufrirán los Ministros.

Artículo 11.- A excepción del Rey, ningún otro funcionario de la Representación Nacional podrá ser vitalicio, sino electivo por tiempo limitado.

Artículo 12.- La reunión de dos o tres funciones de los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una misma persona, o corporación, es tiránica y contraria por lo mismo a la felicidad de los pueblos.

Artículo 13.- Por ningún caso pueden ejecutarse por un mismo individuo o una misma corporación dos o más representaciones distintas en los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Artículo 14.- La reunión de los funcionarios de los tres Poderes constituye la Representación Nacional.

Artículo 15.- La provincia cundinamarquesa no entrará en tratados de paz, amistad y comercio en que directa o indirectamente quede vulnerada su libertad política, civil, religiosa, mercantil o económica.

Artículo 16.- El Gobierno garantiza a todos sus ciudadanos los sagrados derechos de la Religión, propiedad y libertad individual, y la de la imprenta, siendo los autores los únicos responsables de sus producciones y no los impresores, siempre que se cubran con el manuscrito del autor bajo la firma de éste, y pongan en la obra el nombre del impresor, el lugar y el año de la impresión; exceptuándose de estas reglas generales los escritos obscenos y los que ofendan al dogma, los cuales, con todo eso y, aunque parezcan tener estas notas, no se podrán recoger, ni condenar, sin que sea oído el autor. La libertad de la imprenta no se extiende a la edición de los libros sagrados, cuya impresión no podrá hacerse sino conforme a lo que dispone el Tridentino.

Artículo 17.- Del mismo modo garantiza la seguridad individual de los ciudadanos en lo perteneciente a sus correspondencias epistolares por el correo, que se mirarán como inviolables, y no podrán ser interceptadas por ninguna autoridad, ni probarán nada en juicio, si no es que se adquieran de tercera mano, y nunca por el reprobado medio de la interceptación.

Artículo 18.- Igualmente garantiza a todo ciudadano la libertad perfecta en su agricultura, industria y comercio, sin más restricción que la de los privilegios temporales en los nuevos inventos a favor de los inventores, o de los que lo sean respecto de esta provincia, introduciendo en ella establecimientos de importancia, y de las obras de ingenio a favor de sus autores.

Artículo 19.- La provincia cundinamarquesa, con el fin de efectuar la importante y deseada unión de todas las provincias que antes componían el Vicerreinato de Santafé, y de las demás de la Tierra Firme que quieran agregarse a esta asociación y están comprendidas entre el mar del Sur y el Océano Atlántico, el río Amazonas y el Istmo de Panamá, ha convenido y conviene en el establecimiento de un Congreso Nacional compuesto de todos los representantes que envíen las expresadas provincias, adoptando para su justa proporción la base, o de territorio o de populación, o cualquiera otra que el mismo Congreso estime oportuna; pero que por ningún caso se extienda a oprimir a una o muchas provincias en favor de otra u otras.

Artículo 20.- En favor de este Congreso dimite la provincia cundinamarquesa aquellos derechos y prerrogativas de la soberanía que tengan, según el plan general que se adopte, íntima relación con la totalidad de las provincias de este Reino en fuerza de los convenios, negociaciones o tratados que hiciere con ellas, reservándose, como desde luego se reserva, la soberanía en toda su plenitud para las cosas y casos propios de la provincia en particular, y el derecho de negociar o tratar con las otras provincias o con otros Estados.

Artículo 21.- La dimisión hecha en favor del Congreso debe entenderse sin perjuicio de los Artículos contenidos en este Título, que deberían ser respetados por dicho Congreso como bases fundamentales de nuestra asociación civil.




ArribaAbajoTítulo II. De la religión

Artículo 1.- La Religión Católica, Apostólica, Romana es la Religión de este Estado.

Artículo 2.- No se permitirá otro culto público ni privado, y ella será la única que podrá subsistir a expensas de las contribuciones de la provincia y caudales destinados a este efecto, conforme a las leyes que en materia gobiernan.

Artículo 3.- A fin de evitar el cisma y sus funestas consecuencias, se encargará a quien corresponda, que a la mayor brevedad posible y con preferencia a cualquiera negociación diplomática, se trate de entablar correspondencia directa con la Silla Apostólica, con el objeto de negociar un Concordato y la continuación del patronato que el Gobierno tiene sobre las iglesias de estos dominios.

Artículo 4.- La base de este Concordato deberá ser la facilidad y pronto despacho de los negocios y vacantes eclesiásticos, o por medio de un legado a latere, con continua residencia en esta capital, o mejor, por el de un Sínodo permanente; autorizado uno u otro con todo el lleno de las facultades pontificias.

Artículo 5.- La autoridad civil no se entrometerá a juzgar en materia de culto, ni otras puramente eclesiásticas; no prestará mano fuerte para estos efectos, ni tampoco exigirá que el eclesiástico emplee la excomunión ni demás armas eclesiásticas en materias civiles; pero no por esto abdica el derecho de protección que tiene sobre los eclesiásticos y demás ciudadanos, el que ejercerá en los recursos de fuerza en sus casos.

Artículo 6.- Tampoco permitirá que la autoridad eclesiástica conozca en otras materias, sino en las de culto y puramente eclesiásticas; ni que para sostener sus providencias use más armas ni coacción que la de la Iglesia, sin entrometerse ni impedir las funciones civiles.




ArribaAbajoTítulo III. De la Corona

Artículo 1.- La Provincia de Cundinamarca se erige en Monarquía constitucional para que el Rey lo gobierne según las leyes, moderando su autoridad por la Representación Nacional que en esta Constitución se expresa y determina.

Artículo 2.- El Rey en su ingreso al Trono jurará sostener y cumplir esta Constitución como base fundamental del Gobierno; y cualquiera infracción que haga sin la previa revisión y consentimiento de la Representación Nacional deberá mirarse como una renuncia de la Corona.

Artículo 3.- No será lícito al Rey renunciar en favor de ningún tercero, sea el que fuere; y en el caso de dimitir la Corona, lo hará en manos de la Representación Nacional, para que ésta haga lo que conviniere al bien de la Provincia en uso de la soberanía que la corresponde.

Artículo 4.- Los títulos con que el Rey se condecore en los decretos, despachos y papeles públicos que se expidan a su nombre, serán: «Don N., por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, Rey de los cundinamarqueses».

Artículo 5.- Al tomar el Rey posesión del Trono, prestará juramento de cumplir la Constitución y gobernar según las leyes, con arreglo al Artículo 2; y este juramento lo hará en manos del Presidente de la Representación Nacional de esta Provincia, puesto de pie y descubierto el Rey, sentado y cubierto el Presidente, en esta forma: «Yo N., legítimamente llamado al Trono de la Soberana Provincia cundinamarquesa, juro a Dios Nuestro Señor, sobre los Santos Evangelios, que toco, y bajo mi palabra de honor, mantener la Constitución de esta Provincia, sostener la Religión Católica, Apostólica, Romana, defender el territorio de todo ataque e irrupción enemiga, y gobernar a todos los habitantes según las leyes legítimamente establecidas; y me someto a ser despojado de esta Corona y sus Estados, siempre que en cosa sustancial falte a este juramento». Y el Presidente responderá: «si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande».

Artículo 6.- Hecho el juramento del Rey, se levantará el Presidente, le dará el asiento que ocupaba, e hincado de rodillas, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, dirá: «juro a Dios Nuestro Señor, a nombre del pueblo que represento, guardar fidelidad y obediencia al Rey con arreglo a la Constitución y a las leyes». Y el Rey aceptará este juramento en los mismos términos que el Presidente aceptó el suyo.

Artículo 7.- Para solemnizar este acto, deberá hacerse a presencia de toda la Representación Nacional de todas las personas constituidas en dignidad, residentes en la Provincia, y de los Ministros y enviados extraños que tengan la misma residencia; y la acta en que conste todo lo ocurrido será firmada por las dos altas partes contratantes, por todos los asistentes, y refrendada por todos los Secretarios de Estado.

Artículo 8.- Este juramento deberá hacerlo el Rey personalmente; y en el caso de ausencia, enfermedad, demencia o cautiverio, lo hará el Presidente de la Representación Nacional en esta forma: «Yo N., representante constitucional de la Provincia de Cundinamarca, a nombre del Rey, como Vicegerente suyo y por mí, juro, etc.».

Artículo 9.- El Rey no podrá contraer matrimonio sin el consentimiento y aprobación de la Representación Nacional de esta Provincia; y si lo hiciere, deberá mirarse como una renuncia de la Corona, y de haberlo ya hecho se reserva el pueblo el derecho y facultad de resolver si le es o no perjudicial la alianza que hubiere contraído.

Artículo 10.- La Corona de Cundinamarca es incompatible con cualquiera otra extraña, que no sea de aquellas que al principio del año de 1808 componían el Imperio español; y aun la unión con éstas deberá entenderse bajo la expresa condición de que adopten un Gobierno representativo que modere el poder absoluto que antes ejercía el Rey.

Artículo 11.- En el caso de que se nos unan otras Coronas de las que componían el Imperio español, la reunión de diputados de todas las que formen un cuerpo, guardando en el número de estos diputados una justa igualdad proporcional, serán las Cortes del Imperio español, y en este caso, la Provincia cundinamarquesa se dimite de su soberanía en la parte y modo que queda expresado para el Congreso en favor de estas Cortes por el Artículo 20 del Título I.

Artículo 12.- En el mismo caso corresponde al Rey por sí, o por medio del representante constitucional, el ejercicio del alto Poder Ejecutivo de dichas Cortes; pero no el particular de esta Provincia, que sólo ejercitará personalmente si reside en ella, y de no, el Presidente.




ArribaAbajoTítulo IV. De la representación nacional

Artículo 1.- La Representación Nacional se compone del Presidente y Vicepresidente, Senado de Censura, dos Consejeros del Poder Ejecutivo; los miembros del Legislativo y los tribunales que ejercen el Poder Judicial. Cuando el Rey está presente y en ejercicio de sus funciones, el Presidente y los Consejeros del Poder Ejecutivo, y el Vicepresidente, que es Presidente del Senado de Censura, concurren como miembros de la Representación Nacional.

Artículo 2.- El Rey es Presidente nato de la Representación Nacional, y, en su defecto, el Presidente nombrado por el pueblo.

Artículo 3.- La Representación Nacional unida debe abstenerse de todo acto de jurisdicción, y sólo se juntará en un Cuerpo para presenciar y solemnizar los actos de la primera importancia, como son: la jura o recibimiento del Rey, o del Presidente; el recibimiento de una embajada, y otros en que se interese el decoro y seguridad nacional.

Artículo 4.- El acto de revisar la Constitución toca al Colegio Electoral, cuando venga autorizado a este efecto bajo las reglas siguientes:

Artículo 5.- 1. La revisión no tiene lugar hasta pasados cuatro años, que se contarán desde el día en que, sancionada esta Constitución, se haga su publicación.

Artículo 6.- 2. Tampoco tiene lugar la revisión en cuanto a las bases primarias, ni respecto de los ramos secundarios se podrá hacer de una vez en su totalidad, pues aunque parezca necesario refundirla toda, se ejecutará esto por parte y en diversos tiempos, mediando entre revisión y revisión a lo menos seis meses.

Artículo 7.- 3. Si pasado el término prefijado en el Artículo 5, se nota que en la práctica son perjudiciales a la felicidad pública alguno o algunos de los Artículos de esta Constitución, el poder que primero lo note pasará a los otros dos poderes relación motivada de su observación.

Artículo 8.- 4. En virtud de esta relación, cada uno de los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sesiones separadas disputarán el punto cuestionable, tomándose el espacio de un mes, para que con maduro examen se puedan fundar los votos.

Artículo 9.- 5. Pasado este tiempo, procederá cada uno de los tres poderes por separado a formalizar su votación, y a pluralidad absoluta de votos, resolverá en cada uno si tiene o no lugar la revisión.

Artículo 10.- 6. Si no convienen los tres Poderes en que ha lugar a la revisión, cesará todo procedimiento.

Artículo 11.- 7. Si convinieren en que ha lugar a la revisión, notificándose mutuamente los tres Poderes, procederá el Ejecutivo a hacer la convocatoria de los pueblos, comunicándoles el objeto, para que los electores traigan a su tiempo el poder y facultad de rever la Constitución.

Artículo 12.- 8. Congregados los electores, que deben venir a día señalado con el carácter de revisores, se harán en diversos tiempos tres lecturas de la materia que se controvierte, para cuya mayor ilustración y mejor éxito los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial presentarán al Colegio revisor lo que hayan trabajado, y éste lo tendrá presente, mediando de una a otra lectura por lo menos ocho días de intervalo.

Artículo 13.- 9. La pluralidad absoluta de los votos que se den después de las tres lecturas decidirá el punto, y la resolución que se tome tendrá fuerza de Constitución.

Artículo 14.- Para ser miembro de la Representación Nacional se requiere indispensablemente ser hombre de veinticinco años cumplidos, dueño de su libertad, que no tenga actualmente empeñada su persona por precio, y si lo estuviere por voto, se considerará absolutamente impedido para la parte ejecutiva y para entrar en las corporaciones de censura y judicial, quedando expeditos por sí y con arreglo a los cánones, los religiosos y los individuos del clero secular para tener representación en el Colegio Electoral y en el Cuerpo Legislativo, siempre que los Regulares sean Prelados, o se hallen en alguna especie de emancipación con carácter o ministerio público. Tampoco pueden ser miembros de la Representación Nacional los dementes, sordomudos, ni los de tal manera baldados o lisiados, que se les dificulte gravemente el ejercicio de las funciones propias de la Representación Nacional. Ni serán admitidas en ellas las personas contra quienes, conforme a la Constitución, se haya pronunciado decreto de prisión en causa criminal; ni los fallidos, ya sean culpables o ya inculpables, si no es que estos últimos hayan salido del estado de insolvencia, ni los deudores ejecutados del Tesoro Público, ni los transeúntes, ni los vagos, ni los que hayan sufrido pena infamatoria, ni los que vivan a expensas de otro en calidad de sirvientes domésticos, ni los que carezcan de casa abierta, ni los que tengan menos de seis años de vecindad, ni los que hayan dado muestras positivas de ser opuestos a la libertad americana y consiguiente transformación del Gobierno.

Artículo 15.- Cualquiera que se halle notado con alguna de las tachas de que habla el Artículo anterior, aun cuando haya obtenido la elección popular, no podrá ser miembro de la Representación Nacional, siempre que la nota objetada se compruebe de modo que merezca el asenso del Colegio Electoral, observándose esto mismo en los casos en que alguno, después de la elección, sea acusado de vida relajada y escandalosa, lo que graduará el Colegio Electoral, precediendo la debida calificación y cuidando de que el honor y opinión de los sindicados no sea víctima del capricho y malevolencia de sus enemigos. Lo propio se deberá observar respecto de aquellos a quienes se atribuya haberse valido de medios irregulares para obtener la elección.

Artículo 16.- Tampoco podrán ser miembros de un mismo poder o de un mismo cuerpo los que tengan parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad por el cómputo civil; pero esto no bastará para que lo sean a un tiempo en diversos poderes o corporaciones.

Artículo 17.- El Cuerpo Legislativo señalará los distintivos y uniformes de los individuos de la Representación Nacional y los de los Secretarios de Estado y del Despacho Universal, teniendo cuidado de que se distingan los diversos poderes y corporaciones por alguna señal, y que el traje, sin confundirse con los de otros empleados, sea sencillo y circunspecto, de manera que ni por demasiado modesto se haga despreciable, ni por demasiado costoso parezca reprensible.

Artículo 18.- El Rey tiene por su persona y representación el tratamiento de Majestad; la Representación Nacional unida, el de Alteza Serenísima. En las materias de oficio, el Presidente tiene el de Excelencia; sus Consejeros, los individuos del Senado y miembros del Legislativo, Señoría Ilustrísima; y los del Poder Judicial, Señoría.

Artículo 19.- Sólo el Rey tiene tratamiento en el trato familiar; los demás funcionarios no pueden exigirlo en igual caso, por no ser concedido a su persona, sino únicamente a su representación oficial.




ArribaAbajoTítulo V. Del Poder Ejecutivo

Artículo 1.- El ejercicio del Poder Ejecutivo de esta Provincia corresponde al Rey, cuando se halle dentro de su territorio y no esté impedido por alguno de los motivos expresados en el Título III, Artículo 8.

Artículo 2.- Cuando el Rey ejercite el Poder Ejecutivo, es bajo la responsabilidad de sus Ministros, los cuales no quedarán cubiertos de esta responsabilidad sino dando inmediatamente cuenta al Senado de las providencias que el Rey quiera tomar o tome, contrarias a la Constitución del Estado.

Artículo 3.- A falta del Rey, entra en el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente de la Representación Nacional; y para el mejor desempeño de su ejercicio y acierto en sus deliberaciones estará asociado de dos Consejeros, que tendrán voto consultivo y no deliberativo.

Artículo 4.- El Presidente de la Representación Nacional será responsable a la nación de todas las providencias que dicte en el ejercicio del Poder Ejecutivo, y sus Consejeros no tendrán responsabilidad alguna en las providencias que se dicten contrarias a su dictamen; pero en aquellas que salgan conformes a su opinión responderán in solidum, con el Presidente.

Artículo 5.- A fin de que se puedan justificar los casos en que tienen o no responsabilidad los Consejeros, llevará el Poder Ejecutivo un Libro de Acuerdos en que se extiendan los pareceres de éstos y las resoluciones del Presidente en las materias de gravedad.

Artículo 6.- Si los Consejeros notan que el Presidente quiere tomar o toma providencias directa o indirectamente subversivas de esta Constitución, no cubrirán su responsabilidad únicamente con ser de contraria opinión; sino que estarán obligados bajo la misma responsabilidad a dar inmediatamente parte al Senado, para que éste, en uso de sus facultades, tome las medidas que estime oportunas.

Artículo 7.- En los asuntos en que se trate de reunir en un punto la Fuerza Armada, de aumentarla considerablemente, hacerla marchar, ponerla en acción, bien sea dentro de la capital o en cualquiera parte de la provincia, tendrán los Consejeros voto deliberativo, y la pluralidad decidirá si deben o no tomarse tales providencias; pero una vez acordado el asunto y su objeto, podrá el Presidente solo continuar dirigiéndolo, arreglándose a lo resuelto.

Artículo 8.- Cuando el Presidente ejercita el Poder Ejecutivo podrá por sí o por medio de comisionados de su satisfacción, sin ningún gravamen de los pueblos, visitar los departamentos de la provincia, a fin de asegurar el acierto en las providencias que tome para su fomento y gobierno; pero por ningún motivo podrá salir del territorio de la provincia, y caso de verificarlo, por el mismo hecho quedará suspenso del ejercicio de la presidencia.

Artículo 9.- Cuando el Presidente ejercita el Poder Ejecutivo tiene dentro de la capital, y en cualquier lugar de la comprehensión de esta provincia como Vicepresidente de la Real Persona, todos los honores, respetos y atenciones debidos a tan alta representación, y que por las leyes patrias están detallados para los Virreyes en quienes antiguamente residía dicha representación.

Artículo 10.- Al Poder Ejecutivo corresponde el ejercicio de todas las funciones relativas al gobierno político, militar y económico de esta provincia, en todo aquello que no sea legislativo o contencioso, y sujetándose al tenor de las leyes, para cuya ejecución podrá publicar bandos, proclamas y decretos.

Artículo 11.- También queda a su disposición la Fuerza Armada de la provincia con arreglo al Artículo 7 de este Título pero por ningún caso podrá el Presidente ni sus Consejeros tomar el mando de las tropas durante el tiempo que ejerciten el Poder Ejecutivo; sino que para este efecto nombrarán el oficial u oficiales militares de su mayor satisfacción.

Artículo 12.- También es de cargo del Poder Ejecutivo la recaudación de los caudales públicos, su inversión y custodia; pero no le corresponde a él sino al Poder Legislativo el hacer nuevas imposiciones, derogar las antiguas, prescribir el modo y la cuota con que cada departamento haya de contribuir.

Artículo 13.- Los gastos imprevistos y extraordinarios se harán de acuerdo con los dos Consejeros, quienes en este caso tendrán voto deliberativo y la misma responsabilidad que el Presidente, expidiéndose por los tres los libramientos; y en cuanto a aquellos que exijan el mayor secreto, si por la urgencia o por la calidad de ellos no pudieren ser manifestados a los Consejeros, se harán y librarán por sólo el presidente y bajo de su responsabilidad, quedando obligado a dar cuenta de su inversión luego que las razones que los motivaron puedan ser ostensibles sin perjuicio de la causa pública.

Artículo 14.- Al Poder Ejecutivo corresponde la provisión de todos los empleos civiles, militares, económicos y de hacienda, y todos los demás que han estado en práctica darse por el Gobierno; y sólo se exceptúan de su nominación los pertenecientes a la Representación Nacional, que son de elección del pueblo; pero, tanto a unos como a otros, les librará su competente título el Poder Ejecutivo.

Artículo 15.- Para dichas provisiones el Poder Ejecutivo se arreglará a las ternas o propuestas que le dirijan los cuerpos o empleados que deban hacerlas, pudiendo devolverlas a los proponentes para su reforma en los casos en que por graves motivos no convenga confirmar a ninguno de los propuestos.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo tendrá bajo su inmediata protección todos los establecimientos públicos destinados a la instrucción de la juventud, al fomento de la industria, a la prosperidad del comercio y al bien general de toda la Provincia; y supervigilará semejantes establecimientos privados que se hagan, cuidando de que ni en los públicos ni en los privados se introduzcan abusos o prácticas contrarios a la felicidad común.

Artículo 17.- Para el despacho de todos los negocios tendrá el Poder Ejecutivo uno o dos Secretarios que le ayuden, y competente número de Oficiales de Secretaría, a fin de que por separado se despache cada ramo; y todos estos empleados se pagarán del Tesoro Público.

Artículo 18.- Los Secretarios, aunque sus empleos son de los más recomendables y de mayor categoría en el orden de la sociedad, no gozan del carácter de la Representación Nacional, y el Poder a quien pertenezcan cuidará de distinguirlos para la consideración pública en razón de sus ministerios. Ellos y los Oficiales de Secretaría, como los demás empleados de otras oficinas, y con particularidad los que dependen de alguno de los tres Poderes, no podrán a un mismo tiempo ejercer sus oficios y ser miembros de la Representación Nacional.

Artículo 19.- Los Secretarios y Oficiales de Secretaría deberán ser de toda la satisfacción del Presidente cuando está a su cargo el Poder Ejecutivo, supuesto que cualquiera falta que cometan estos empleados será bajo la responsabilidad de dicho Presidente.

Artículo 20.- Por tanto, la nominación de Secretarios y Oficiales de Secretarías corresponde al Presidente cuando ejercite el Poder Ejecutivo; pero la separación de estos empleados sólo la verificará con acuerdo de los dos Consejeros, cuando conste su ineptitud para el desempeño de sus respectivos encargos, proporcionándoles inmediatamente otros destinos donde puedan ser útiles; sin que la separación sea una nota contra la opinión que merezcan por sus buenas costumbres y demás prendas que los hagan dignos del aprecio público. Y sólo en el caso de criminalidad podrán ser depuestos de los empleos por el mismo Presidente y acuerdo de los dos Consejeros, precediendo la causa que debe formárseles con sujeción a las leyes.

Artículo 21.- Al Poder Ejecutivo corresponde el promulgar y hacer poner en práctica las leyes que dicte el Poder Legislativo, el cual para este efecto deberá pasárselas con un oficio en que exponga en extracto las razones que tuvo presentes para dictar aquellas leyes; advirtiendo que la remisión debe hacerse de cada ley por separado con su correspondiente oficio.

Artículo 22.- Si el Poder Ejecutivo considera útil la ley que se le presenta, o no halla inconveniente grave en su ejecución, pondrá al pie de ella el decreto «publíquese y ejecútese»; y dará al Cuerpo Legislativo noticia de esta resolución por medio de un oficio.

Artículo 23.- Si en la ejecución de la ley que se le presenta, hallare el Poder Ejecutivo graves inconvenientes o considerable perjuicio público, en virtud del derecho de objetar que le está reservado, pondrá al pie de la ley el decreto «objétese y devuélvase»; y en el oficio de devolución que dirija al Poder Legislativo expresará las objeciones que le han ocurrido para no publicar ni dar cumplimiento a la ley.

Artículo 24.- Si la ley que se le presenta se opone directa o indirectamente a la Constitución, bien sea en su sustancia, o bien por no haberse guardado las formalidades prescritas por dicha Constitución, pondrá al pie del decreto «devuélvase por inconstitucional»; y en el oficio de devolución expresará los Artículos o las formalidades de la Constitución que son contrarios a la ley propuesta.

Artículo 25.- Si dentro de diez días, contados desde la fecha de aquel en que el Poder Ejecutivo recibe la nueva ley propuesta por el Poder Legislativo, no se le hubiese puesto ninguno de los tres decretos mencionados en los tres Artículos anteriores, por el mismo hecho y en virtud del presente Artículo, quedará la ley sancionada y se procederá a su publicación y ejecución; pero si la ley fuere derogatoria de algún Artículo o Artículos de esta Constitución, no valdrá en su favor que el tiempo la haya ejecutoriado; y el Senado tomará la mano para impedir su ejecución.

Artículo 26.- Si las objeciones o nota de inconstitucional que el Poder Ejecutivo ponga a la ley que se le propone fuesen notoriamente fútiles o arbitrarias, el Poder Legislativo lo hará presente al Senado para que reconociendo y comprobando la futilidad o arbitrariedad de las objeciones o nota, le notifique al Poder Ejecutivo que publique y ponga en ejecución la ley, y llegando el caso de esta notificación, no podrá el Poder Ejecutivo denegarse a cumplir con su tenor.

Artículo 27.- Si las objeciones fueren tales que merezcan en concepto del Cuerpo Legislativo el que se sobresea en la promulgación de la ley propuesta, mandará archivarla, y se suspenderá todo procedimiento.

Artículo 28.- Pero, si aunque las objeciones sean fundadas, tienen respuesta y solución satisfactoria, deberá darla el Poder Legislativo, acompañando de nuevo con ella la ley, y dirigiéndola al Poder Ejecutivo; si éste se satisface con la respuesta, pondrá el decreto «publíquese y ejecútese»; y, si no se satisface, pondrá «suspéndase hasta nueva Legislatura», y la devolverá al Poder Legislativo, acompañándola con oficio en que se expresen las razones que motivan este nuevo decreto.

Artículo 29.- Una vez decretada la suspensión hasta nueva Legislatura, no podrá la Legislatura existente tratar de la ejecución de aquella ley, sino archivarla con todos los oficios que le han acompañado, para que al año siguiente, renovada la Legislatura, vuelva a tomarla en consideración, si lo juzgase oportuno.

Artículo 30.- En caso de que la nueva Legislatura vuelva a proponer la misma ley, sin reforma sustancial y respondiendo a las últimas objeciones del Poder Ejecutivo, estará éste obligado a publicarla y ejecutarla, sin poder hacer nuevas objeciones; pero si la nueva Legislatura vuelve a proponer la ley con alguna reforma sustancial, tiene el Poder Ejecutivo derecho de objetar lo que estime oportuno contra esta reforma.

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo tiene derecho de proponer al Cuerpo Legislativo las materias que en su concepto exijan resolución con fuerza de ley; y el Poder Legislativo las tomará en consideración sin perjuicio de las mociones que hayan hecho sus miembros, y cuya resolución parezca más urgente; pero las propuestas que haga el Poder Ejecutivo no podrán ir concebidas en forma de proyecto de ley.

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar al Cuerpo Legislativo en sesión extraordinaria para que tome en consideración y resuelva lo que estime oportuno en algún asunto urgente en que sería peligrosa la tardanza en esperar las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo no podrá entrometerse en el ejercicio y las funciones del Poder Judicial; pero sí estará a la mira de sus operaciones para asegurar la observancia de la Constitución en los Tribunales, y caso de infracción notoria, pasar noticia al Senado para que se proceda a la reforma.

Artículo 34.- Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama interior o exteriormente alguna conspiración contra el Estado, puede en este caso dar de propia autoridad decretos de prisión, arresto o arraigo contra los que se presuman autores, cómplices o instruidos en la conspiración; para aclarar el hecho podrá por medio de un comisionado de su satisfacción, precisamente miembro del Poder Judicial, o Juez inferior, tomarles declaración instructiva; pero a los presos dentro de quinto día, a los arrestados dentro de ocho días, y a los arraigados dentro de quince, deberá ponerlos en libertad si los considera inocentes; o entregarlos con la causa iniciada al Juzgado o Tribunal competente, para que los juzgue según las leyes, si los halla culpados.

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo tiene la preciosa facultad de conceder indultos generales, del modo y en los casos que hasta ahora se ha practicado.

Artículo 36.- Para ser Presidente o Consejero del Poder Ejecutivo se requiere, además de las cualidades prescritas en el Título IV, Artículo 14, la de ser de edad de treinta y cinco años cumplidos, tener competente instrucción en materias de gobierno de la República, ser vecino de esta provincia por más de diez años, y tener un manejo, renta o provento equivalente, a lo menos, al capital de cuatro mil pesos.

Artículo 37.- La nominación del Presidente y sus Consejeros se hará por los electores, expresando individualmente cuál nombran para Presidente y cuáles para Consejero o Consejeros; y el ejercicio de sus funciones durará por tres años, renovándose un miembro cada año, a saber: en el primero, el primer Consejero; en el segundo, el otro consejero; y en el tercero, el Presidente, repitiendo esta misma operación sucesivamente en otros trienios.

Artículo 38.- El Presidente no podrá ser reelecto hasta pasados tres años, ni concluido el trienio de la presidencia ocupar ninguno de los destinos de la Representación Nacional. Los Consejeros podrán serlo por primera reelección; pero en ningún caso por la segunda hasta pasados tres años.

Artículo 39.- Dos meses después de haber concluido sus funciones el Presidente o cualquiera de sus Consejeros, se abrirá, sin gravamen de las partes, por el Senado, el juicio de residencia a que están sujetos; permanecerá abierto por espacio de cuarenta días, dentro de los cuales se recibirán todas las quejas o demandas que se pongan contra ellos en materias relativas al ejercicio de sus funciones; pero no se oirán ni recibirán como cargos de residencia las quejas o demandas relativas a la conducta privada y opiniones particulares de estos funcionarios.

Artículo 40.- Si durante el ejercicio de los Consejeros muriese alguno de ellos, o por enfermedad u otro motivo se imposibilitare en el desempeño de sus funciones, el Poder Legislativo hará terna proponiendo sustituto que sirva por el tiempo que falte para juntarse los electores; y la presentará, dentro de ocho días de la vacante, al Senado, para que dentro de otros ocho nombre precisamente uno de los propuestos en la terna.

Artículo 41.- El Presidente que sale deberá dar al entrante una relación exacta del estado de la Provincia, sus progresos o deterioro que haya habido durante el tiempo de su presidencia; los proyectos de reforma, obras públicas y demás objetos que se hallen por principiar, o ya principiados, o en estado de concluirse; últimamente, una noticia documentada de los ingresos del Tesoro Público, de los objetos en que éste se ha invertido, y del sobrante o déficit que haya resultado. También, en pliego separado, deberá dar razón de todas las negociaciones políticas que en su tiempo se hayan hecho, bien sea con las otras Provincias de este Reino, o bien con los Estados extraños, y expresará el resultado que estas negociaciones hayan tenido.

Artículo 42.- A fin de que el público quede satisfecho de la justa inversión de los caudales públicos, el Poder Ejecutivo hará imprimir cada año un estado en extracto de todas las entradas y salidas del Tesoro general de la Provincia que haya habido en el año anterior.

Artículo 43.- El Presidente y sus Consejeros serán mantenidos a expensas del Estado durante el ejercicio de sus funciones; la cuota de sus sueldos la asignará el Poder Legislativo a quien corresponde este negocio, con consideración a la alta representación de los empleos y a los ingresos que tenga la provincia.

Artículo 44.- El Presidente y sus Consejeros, durante estas funciones y hasta un año después de haber salido de ellas, no podrán ejercitar por sí, ni como delegados, función alguna correspondiente a los otros dos Poderes Legislativo y Judicial. Tampoco podrán, durante el mismo tiempo, obtener mando alguno de armas, ni en guarnición, ni en campaña; pero sí el económico de sus respectivos cuerpos, los que sean jefes naturales de alguno.

Artículo 45.- Los que han sido miembros del Poder Ejecutivo, después de haber sufrido la residencia prescrita en el Artículo 39 de este Título, no podrán ser acusados ni juzgados en ningún tiempo por sus dictámenes, escritos o hechos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 46.- El Presidente y los Consejeros del Poder Ejecutivo desde el momento en que son nombrados para estas funciones, hasta dos meses después de haberlas concluido, no pueden ser arrestados, presos ni juzgados, sino únicamente por el Senado, y solamente en los dos casos que siguen:

Artículo 47.- Por casos criminales de gravedad que merezcan pena capital cuando son sorprendidos in fraganti delicto, en cuyo caso el sorprendedor dará inmediatamente cuenta, con justificación del hecho, al Senado.

Artículo 48.- Por acusación formal hecha por escrito, firmada y presentada al Senado, en la cual se acuse al Presidente, o a alguno de sus Consejeros, de los delitos de traición, dilapidación del Tesoro Público, maniobras para trastornar el Gobierno y la Constitución, o cualquier atentado contra la seguridad interior de la provincia; pero para ser admisible esta acusación, se requiere una semiplena prueba de su relato.

Artículo 49.- La violación del secreto en las materias graves de Estado debe considerarse como delito de traición, y por lo mismo pueden ser perseguidos, acusados y juzgados por él el Presidente y sus Consejeros; y con superioridad de razón, los Secretarios o Ministros y los Oficiales de Secretaría, y en general, todo funcionario público.

Artículo 50.- Los Secretarios y Oficiales de Secretaría, en lo relativo a su conducta privada, podrán en cualquier tiempo ser juzgados por cualquier tribunal a quien corresponda, captando previamente la venia del Poder Ejecutivo; en lo relativo a la conducta pública, o mala versación en el ejercicio de las funciones de dichos Secretarios y Oficiales, por nadie podrán ser juzgados sin que preceda el mandamiento de prisión del Poder Ejecutivo y demás diligencias que en el Artículo 34 de este Título se han prescrito para el caso de conspiración. El Senado tiene derecho de impetrar el mandamiento de prisión del Poder Ejecutivo contra los Secretarios o Ministros y los Oficiales de Secretaría, siempre que con sus operaciones hayan quebrantado algún Artículo o Artículos de esta Constitución.

Artículo 51.- El Presidente y los Consejeros no pueden ser parientes hasta el tercer grado civil de consanguinidad o afinidad, ni ascendientes o descendientes en línea recta.

Artículo 52.- A fin de que cualquier ciudadano pueda informar al Poder Ejecutivo de todo lo que estime conveniente al bien público, en papel firmado o anónimo, y sin la más leve responsabilidad del informante, habrá en la Secretaría una caja cerrada, que por medio de un agujero comunique a la parte exterior de la oficina, para que cualquiera introduzca por dicho agujero los informes que estime oportunos. La llave de esta caja estará en poder del Presidente; y para abrirla, será a presencia de sus Consejeros al principio de cada semana. Los papeles que en dicha caja se recojan no tendrán más fuerza que la de simples avisos, ni ellos solos podrán ocasionar en ningún caso ningún procedimiento judicial.

Artículo 53.- En un caso urgentísimo en que peligre la seguridad y quietud del Estado, bien sea por conspiraciones interiores o bien por amenazas de ataques exteriores, tiene el Poder Ejecutivo derecho de impetrar del Senado decreto suspensivo del imperio de la Constitución, en alguno o algunos de sus Artículos, cuya ejecución por las circunstancias pudiera agravar el peligro. Esta impetración deberá hacerla con expresión de los motivos en que la funda; y el Senado, en vista de ellos y de comprobada necesidad, dará el decreto de suspensión por tiempo limitado, que por ningún caso podrá pasar de seis meses.

Artículo 54.- La primera obligación del Poder Ejecutivo es y será siempre poner en ejecución y dar cumplimiento en todas sus partes a esta Constitución, impidiendo que el transcurso del tiempo y descuido introduzcan abusos y corruptelas contrarias a lo que en ella se dispone.




ArribaAbajoTítulo VI. Del Poder Legislativo

Artículo 1.- El ejercicio del Poder Legislativo corresponde a los miembros nombrados por el pueblo para este efecto.

Artículo 2.- El número de estos miembros será por ahora y mientras que se rectifica con el censo de la población, el de diecinueve, calculándose por cómputo el más aproximado el de esta provincia en ciento noventa mil habitantes, y señalándose por cada diez mil, un individuo en la Legislatura.

Artículo 3.- Cada año se renovará la mitad de los miembros del Poder Legislativo; y los que entren de nuevo, junto con los miembros restantes del año anterior, constituirán una nueva Legislatura.

Artículo 4.- La renovación se hará sacando la mitad de los miembros más antiguos, de suerte que a excepción de este primer año, que saldrán por sorteo, siempre se verifique que cada miembro sirva dos años.

Artículo 5.- En falta del Prefecto de la Legislatura, ejercerá sus funciones el designado, cuyas elecciones las debe hacer el Cuerpo Legislativo, observando en ellas lo dispuesto para las demás elecciones, y con la calidad de que uno y otro sean del número de los de la Legislatura.

Artículo 6.- El Cuerpo Legislativo es permanente; pero sus sesiones no serán continuas sino en los meses de mayo y junio de cada año, hasta completar sesenta días útiles, quedándoles libre el resto del tiempo para atender a sus ocupaciones domésticas.

Artículo 7.- En cualquier tiempo en que sean convocados los miembros del Poder Legislativo por el Ejecutivo, para tomar resolución sobre algún caso urgente, deberán juntarse en sesión extraordinaria.

Artículo 8.- Todos los miembros del Poder Legislativo tienen derecho de hacer mociones y proponer proyectos de ley en las materias en que consideren haber necesidad de resolución; el Cuerpo Legislativo, a puerta cerrada, recibirá estas mociones, y examinará si deben o no discutirse, reduciendo este punto a votación que deberá hacerse por cada miembro con las simples voces: admítese o no se admite; y la pluralidad decidirá su admisión o inadmisión.

Artículo 9.- Una vez admitida la moción, las discusiones se harán a puerta abierta, con libre acceso del pueblo; y cualquiera discusión que no se haya hecho de este modo, será nula, de ningún valor ni efecto.

Artículo 10.- Los ciudadanos que tengan observaciones con que contribuir o reparos que objetar entre discusión y discusión al proyecto de ley, lo podrán hacer, y sus exposiciones por escrito serán admitidas y tenidas en consideración, siempre que sean concisas y oportunas, y guarden la moderación, el decoro y respeto que corresponde a la importancia de los asuntos y a la dignidad del Cuerpo Legislativo.

Artículo 11.- Admitida una moción o proyecto de ley, podrá el Cuerpo Legislativo, si lo estimase conveniente, nombrar una comisión para su examen; y esta comisión cesará cesando el objeto para que ha sido nombrada; pues, por ningún caso podrá el Cuerpo Legislativo dividirse en comisiones permanentes.

Artículo 12.- Para que sea válida cualquiera resolución o sanción del Poder Legislativo, se han de hallar en él necesariamente, a lo menos las dos terceras partes de los miembros de que se compone, y en el caso de concurrir sólo éstas, la pluralidad absoluta con respecto a las mismas dos terceras partes, y no a la totalidad, formará la resolución.

Artículo 13.- Bien sea examinando un punto por comisión nombrada para este efecto, o bien por la totalidad del Cuerpo Legislativo, el orden en que se procederá será el siguiente:

Artículo 14.- 1. Entre discusión y discusión de cada proyecto de ley han de intervenir cuatro días, de manera que al sexto se haga la segunda, y con igual intervalo la tercera. El Prefecto de la Legislatura nombrará uno de los individuos que hayan opinado por la afirmativa, y otro de los que hayan opinado por la negativa, para que hagan de oradores en pro y en contra del proyecto de ley. El Secretario del Cuerpo hará de orador cuando no haya opinante de oposición.

Artículo 15.- 2. Pasados los cuatro días principiará la discusión, haciéndose la primera lectura del proyecto de ley, e inmediatamente después leerán los dos oradores nombrados, cada uno su respectivo discurso; hecho esto, todos los miembros podrán hablar y conferir lo que estimen por conveniente en la materia, proponiendo las reformas que deban hacerse al proyecto de ley para salvar las objeciones o corregir los inconvenientes que se le hayan objetado; y a pluralidad de votos se decidirá si debe o no reformarse el proyecto de ley, y cuáles sean las reformas que deban hacerse.

Artículo 16.- 3. Pasados otros cuatro días se hará la segunda lectura del proyecto de ley reformado con arreglo al acuerdo hecho en la primera lectura; habrá lugar a nueva discusión y objeciones en pro y en contra; y a pluralidad de votos se decidirá de nuevo si debe o no procederse a ulterior reforma, y los términos en que deba hacerse ésta.

Artículo 17.- 4. Pasados otros cuatro días se hará la tercera y última lectura del proyecto de ley, no ya para dar lugar a nueva discusión, sino para examinar si está extendido en los términos y con las modificaciones acordadas y resueltas en las dos lecturas anteriores; y aprobado el proyecto de ley bajo este concepto, se extenderá el oficio para dirigirlo al Poder Ejecutivo, con quien se harán todas las gestiones conducentes a su publicación y ejecución, arreglándose a lo dispuesto en el Título V desde el Artículo 21 hasta el 30, inclusive.

Artículo 18.- Después de resuelta una ley por el Poder Legislativo, y aceptada y publicada por el Ejecutivo, no podrá la misma Legislatura de propia autoridad volver a poner en discusión el punto decidido en aquella ley, sino que se mantendrá vigente hasta que pasadas dos Legislaturas haya habido tiempo para mudarse todos los miembros que dictaron la ley.

Artículo 19.- Pero, si esta ley en su ejecución presenta graves inconvenientes o perjuicios públicos, notados éstos por el Poder Ejecutivo, o por el Judicial, tendrá facultad cualquiera de los dos de hacerlos presentes al Senado; y éste, comprobados los daños o perjuicios, notificará al Cuerpo Legislativo vuelva a tomar en consideración la materia, cuya notificación deberá tener efecto aun cuando no hayan pasado las dos Legislaturas prevenidas en el Artículo anterior.

Artículo 20.- Sólo el Poder Legislativo tiene facultad de interpretar, ampliar, restringir, o comentar las leyes; pero guardando siempre en estos casos las formalidades que se requieren y están prescritas para su establecimiento. El Poder Ejecutivo y el Judicial deberán seguirlas a la letra; y en caso de duda consultar al Cuerpo Legislativo.

Artículo 21.- Ninguna ley que se promulgue ni de nuevo se comente, interprete o glose podrá tener efecto retroactivo, ni aun para el caso en que se ofrezca la duda que motiva la consulta.

Artículo 22.- Al Prefecto de la Legislatura corresponde el derecho de designar las materias que deben tratarse diariamente en las sesiones, escogiéndolas precisamente entre las mociones que están admitidas y avisando con dos días de anticipación lo que se va a tratar, a fin de que tengan tiempo de meditar el punto los vocales; pero una vez puesta una materia en discusión no podrá el Presidente impedir su curso hasta la definitiva resolución.

Artículo 23.- Para facilitar y abreviar las reformas que se necesiten en todos los ramos de la Legislación podrá el Cuerpo Legislativo, siempre que lo estime por conveniente, nombrar comisiones de vecinos peritos en cada ramo para que le informen de los objetos que exigen más pronta reforma, y de los términos y el modo en que deba hacerse ésta; pero tendrá el Cuerpo Legislativo particularísimo cuidado de no ocupar en tales comisiones a las personas que deben suponerse interesadas en que subsistan los abusos, por vivir o haber vivido a expensas de ellos.

Artículo 24.- El primer cuidado del Cuerpo Legislativo será proceder a la indispensable reforma del Código que nos rige, a fin de adaptarlo a la reforma del gobierno que se ha establecido; entretanto que se verifica esta reforma debe declararse y se declara dicho Código en toda su fuerza y vigor en los puntos que directa o indirectamente no sean contrarios a esta Constitución.

Artículo 25.- Cuando en las deliberaciones del Cuerpo Legislativo resulte igualdad de votos en pro y en contra, se volverá a discutir con más maduro examen la materia, y se procederá a nueva votación; y si todavía resultare otra vez la misma igualdad de votos, se dejará pendiente el asunto hasta que se renueve la Legislatura.

Artículo 26.- El Poder Legislativo nombrará un Secretario del Cuerpo mismo, y a propuesta de éste con consideración a sus trabajos exigirá del Poder Ejecutivo que se le auxilie con uno, dos o más oficiales, los que desde luego no tendrán intervención en las secretarías de aquél, u otros poderes. También será conveniente que haya, luego que se pueda lograr, un escribiente taquígrafo para que escriba todos los debates que ocurran, a fin de imprimirlos y dar esta satisfacción al público. El Secretario y los Oficiales serán gratificados a cuenta del Estado a proporción de su trabajo.

Artículo 27.- Al Cuerpo Legislativo corresponde la facultad de asignar las contribuciones que deban pagarse por el pueblo, el modo como deben cobrarse, y los ramos sobre que deban imponerse; y esta asignación irá fundada sobre el cálculo de los gastos que deben hacerse, el que anualmente pasará el Poder Ejecutivo al Legislativo, y éste proporcionará que quede siempre algún superávit para gastos imprevistos.

Artículo 28.- Cualquiera persona o corporación de cualquier clase, estado o condición que sea, no podrá exigir contribuciones públicas por ningún pretexto, ni aun el de la costumbre anterior o posterior a esta Constitución, a menos de no estar aprobadas expresamente por el Poder Legislativo, y la persona o personas, corporación o corporaciones que quebranten esta prohibición serán castigadas con la pena que la ley asigne a los concusionarios públicos. Se exceptúan de esta regla las contribuciones que actualmente están en pie para sostener el Estado, las cuales quedarán en su fuerza y vigor hasta el definitivo arreglo del Tesoro Público.

Artículo 29.- El Poder Legislativo es el único que tiene derecho de asignar los sueldos que deben gozar los funcionarios y empleados públicos; aumentando o disminuyendo la cuota con arreglo a la representación y al trabajo de cada uno, y al estado de ingresos que tenga el Tesoro Público.

Artículo 30.- Los miembros del Cuerpo Legislativo no tendrán por ahora sueldo ni gratificación alguna, hasta que, aumentadas y mejoradas las rentas del Estado, pueda asignárseles cómodamente; y en este caso, sus sesiones serán diarias todo el año y no por sólo dos meses, como por ahora, atendidas las circunstancias, se ha prevenido en el Artículo 6 de este Titulo.

Artículo 31.- Los miembros del Poder Legislativo desde el momento en que entran a ejercitar estas funciones hasta un año después de haber cumplido su ministerio, no pueden, ni por sí, como delegados, ni como subalternos, ejercitar función alguna perteneciente a los otros dos poderes, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 32.- En cualquier caso, siempre que un funcionario o funcionarios de un poder se entrometan en el ejercicio de otro u otros, todo lo que así se efectúe será nulo, de ningún valor ni efecto; y al funcionario o funcionarios entrometidos se les castigará severamente por el Senado con la pena que la ley asigne a los perturbadores del orden público y usurpadores injustos de la autoridad que no les ha delegado el pueblo.

Artículo 33.- Uno de los Secretarios de Estado, a nombre del Poder Ejecutivo, y por vía de mensaje, hará todos los años la apertura de las sesiones del Cuerpo Legislativo, pronunciando un discurso en que rápidamente exponga las materias que por su gravedad e importancia exigen con preferencia la atención y deliberación del Poder Legislativo.

Artículo 34.- Ningún miembro del Cuerpo Legislativo puede ser reelegido dos veces de seguida para el mismo ejercicio, sino que para que haya lugar a segunda reelección deberán pasar a lo menos dos años de intervalo.

Artículo 35.- Cuando por algún evento fortuito de muerte, criminalidad, enfermedad u otro motivo vacaren alguna o algunas plazas del Poder Legislativo, el Ejecutivo propondrá, dentro de ocho días, los sustitutos que las han de desempeñar; y el Senado, dentro de otros ocho días, nombrará el sustituto o sustitutos para que las sirvan, hasta que, reunidos al fin de año los electores, nombren propietarios para estas plazas.

Artículo 36.- Al Prefecto de la Legislatura, y en su lugar al designado, corresponde el gobierno y la policía interior del Cuerpo; pero, para corregir la falta de asistencia de cualquier individuo, o desórdenes que se cometan durante las sesiones, procederá con acuerdo del mismo Cuerpo, usando de la pena de arresto, que no deberá extenderse a más de ocho días, o la de multa, que no deberá exceder de veinte pesos. A objeto de precaver dichos desórdenes hará observar estas reglas:

1.ª Que las mociones se lleven por escrito;

2.ª Que no se pase de una materia a otra en una misma sesión sin haber concluido la primera;

3.ª Que no se confunda la discusión con las votaciones;

4.ª Que las discusiones se hagan hablando indiferentemente, según lo que ocurra a cada uno y sin orden de asientos;

5.ª Que los discursos de los sufragantes no vayan por escrito, exceptuándose los de los dos oradores, que por la afirmativa y negativa deben hablar en sus casos;

6.ª Que reducido el punto a la última precisión, los sufragios se den a un mismo tiempo por medio de señales sensibles con que cada cual haga manifiesto su voto, afirmativo o negativo.

Artículo 37.- Las cualidades que se requieren para ser miembro del Cuerpo Legislativo son las mismas detalladas en el Título IV, Artículo 14.

Artículo 38.- Ningún miembro del Cuerpo legislativo puede ser perseguido en ningún tiempo por las opiniones que haya manifestado en las discusiones, deliberaciones y demás actos del Cuerpo Legislativo.

Artículo 39.- Los miembros del Poder Legislativo gozan de la misma exención que para los del Ejecutivo se ha dicho en el Título V, Artículo 45, y no podrán ser juzgados sino con arreglo a los artículos 46, 47, 48 y 49 del mismo Título.

Artículo 40.- El Secretario de la Legislatura, como tal, está a las inmediatas órdenes del Cuerpo, y los oficiales de la Secretaria podrán ser juzgados con arreglo a lo establecido en razón de los dos de otras oficinas de igual clase.

Artículo 41.- Los parientes hasta el tercer grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, y los ascendientes y descendientes en línea recta, no pueden ser a un mismo tiempo miembros del Poder Legislativo.




ArribaAbajoTítulo VII. Del Poder Judicial

Artículo 1.- El Poder Judicial consiste en la autoridad de examinar las diferencias que se suscitan entre los ciudadanos, fijar sus derechos, juzgar sus demandas y querellas, y aplicar las penas establecidas por las leyes a los infractores de ellas. El uso ordinario de estos juicios es lo que propiamente se dice Poder Judicial. El ejercicio de este poder, como parte de la Representación Nacional, corresponde a los Tribunales Superiores de la provincia. Los Jueces de la Primera Instancia, los inferiores, y las municipalidades que hay o de nuevo se establezcan para facilitar la administración de justicia, y cuidar de la policía, no tienen parte en la Representación Nacional.

Artículo 2.- Solamente son del resorte del Poder Judicial las materias contenciosas, bajo el aspecto de tales; y por ningún caso podrá entrometerse en lo relativo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, aunque sea de un asunto contencioso.

Artículo 3.- El primer Tribunal de la Provincia, preferente a todos los demás, es el Senado; después siguen los de apelación; últimamente entran los Jueces de Primera Instancia con sus municipalidades, y los pedáneos con las pequeñas municipalidades que debe haber en todo poblado por pequeño que sea.


ArribaAbajo1. Senado

Artículo 4.- El objeto primitivo de este Senado es velar sobre el cumplimiento exacto de esta Constitución e impedir que se atropellen los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano.

Artículo 5.- El Senado se compondrá de cinco miembros electos por la Representación Nacional, a saber: el Vicepresidente de ella y cuatro senadores.

Artículo 6.- El Vicepresidente de la Representación Nacional durará por el espacio de tres años; pero los cuatro senadores se renovarán por mitades cada dos años, saliendo los dos más antiguos; y por la primera vez, así para el orden de los asientos como para la renovación, decidirá la suerte la antigüedad de cada uno de ellos.

Artículo 7.- Los miembros que entran de nuevo para reponer a los salientes, son nombrados expresamente para este efecto por los electores a fin de cada año.

Artículo 8.- Al Senado corresponde el juicio de residencia a que están sujetos todos los miembros de la Representación Nacional, inclusos aquellos que han compuesto el mismo Senado.

Artículo 9.- Para la residencia de los individuos que hayan salido del Senado se formará este cuerpo de los nuevos senadores y de miembros que ellos mismos pedirán por oficio al Poder Judicial, y éste enviará al efecto para completar el número de cinco, a fin de que en ningún caso sean jueces de residencia los que han sido compañeros de los residenciados.

Artículo 10.- Al principio de cada año formará el Senado lista individual de todos los miembros de la Representación Nacional que han concluido sus funciones al fin del año anterior, y la circulará por toda la provincia convocando a los que se sientan agraviados, para que dentro de dos meses ocurran a producir sus quejas en juicio de residencia.

Artículo 11.- Aun fuera del caso de residencia, está obligado el Senado a tomar en consideración cualquiera queja o aviso documentado que se le dé por cualquier poder, funcionario público o ciudadano, de haber alguno de los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o alguno de sus miembros, usurpado las facultades de otro u otros, o quebrantado notoriamente alguno o algunos de los Artículos de esta Constitución; y en la materia procederá bajo las reglas siguientes:

Artículo 12.- 1. Examinará detenidamente si el motivo de la queja es de naturaleza que exija pronto remedio, o si podrá dejarse sin que peligre la causa pública para que se ventile en el juicio de residencia. La pluralidad absoluta de votos decidirá este problema.

Artículo 13.- 2. Una vez resuelto que debe darse pronto curso al negocio, el Senado pasará la queja documentada al poder o funcionario que se supone infractor de la Constitución, para que dentro de tercero día informe lo que estime conveniente para descargo de su conducta sobre la materia.

Artículo 14.- 3. En vista de la queja y del informe decidirá el Senado si ha lugar o no a ulteriores procedimientos; y en caso de la afirmativa, notificará al funcionario o poder que resulte infractor, que arreglándose a la Constitución reforme su providencia dentro de tercero día.

Artículo 15.- 4. Si pasado este término no hubiese contestado el poder o funcionario infractor, acompañando documento justificativo de haber reformado su conducta o providencia, el Senado librará un primer monitorio relacionando en extracto la queja y sus documentos, el informe sobre ella dado, el Artículo o Artículos de la Constitución que se han quebrantado, y la providencia de reforma no obedecida, y conminando al poder o funcionario infractor para que dentro de otro tercero día reforme su conducta o providencia. Este monitorio, además de intimarse al poder o funcionario infractor, se comunicará oficialmente a la Representación Nacional, convocándola el Senado en caso de que el poder contra quien procede sea el Ejecutivo, pues de no serlo, hará éste la convocación.

Artículo 16.- 5. Congregada la Representación Nacional, ella, tomando el conocimiento, bien sea porque el poder infractor interponga apelación, bien sea avocándose en defecto de este recurso el conocimiento de un negocio tan digno de su consideración, hará de tercero en tercero día la segunda y tercera intimación al infractor, y si no cediere, procederá la Representación Nacional a su deposición y reemplazo, sin intervenir en otra cosa ni confundir en sí misma, ni permitir que se confundan en otras corporaciones, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 17.- 6. Para este único caso bastará que se congreguen los miembros de la representación de la provincia que tengan su residencia en la capital o en sus inmediaciones, de manera que puedan reunirse a la mayor brevedad.

Artículo 18.- Los jefes y cuerpos militares, sin perjuicio de que por lo general estén subordinados al Presidente del Estado, quedarán constitucionalmente sometidos para este caso a las órdenes de la Representación Nacional.

Artículo 19.- Para que tenga lugar la convocatoria de la Representación Nacional y los monitorios será requisito indispensable que convengan cuatro votos del Senado en la necesidad de esta medida, y, si para completarlos se necesitare de sufragio de fuera del cuerpo, se pedirán dos Ministros de los Tribunales de Gobierno y Justicia.

Artículo 20.- El poder o funcionario que se vea conminado con el primer monitorio del Senado podrá apelar a la Representación Nacional unida, dentro de tercero día que dicho monitorio le asigna para obedecer; y no podrá negársele este recurso.

Artículo 21.- En el caso de apelación que interponga el poder a quien se atribuya infracción, deberá la Representación Nacional, en sesión continua, que por ningún caso podrá interrumpirse, oído el voto afirmativo del Senado, y lo mismo del poder que se diga agraviado, decidir, con presencia de los antecedentes, la cuestión, y mantenerse reunida hasta tanto que aquietados los ánimos se restituyan las cosas al ser constitucional.

Artículo 22.- Al Senado corresponde el nombrar sustituto en las vacantes que dentro de cada año ocurran en la Representación Nacional, sujetándose a la terna que le presente el poder a quien toque hacerla.

Artículo 23.- El Senado es juez privativo de los miembros de la Representación Nacional durante el ejercicio de sus funciones, y no podrá llamarlos a juicio sino en los casos expresados en los Artículos 47, 48 y 49 del Título V.

Artículo 24.- En estos casos, para admitir la acusación se reconocerán los documentos que la justifiquen y deban acompañarla, y la pluralidad de votos decidirá si se admite o no la acusación.

Artículo 25.- El decreto de admisión de la acusación trae necesariamente consigo la suspensión en las funciones de su ministerio del reo o de los reos en ella comprendidos.

Artículo 26.- Una vez admitida la acusación, se notificará al reo o a los reos que dentro de tercero día comparezcan a dar cuenta de su conducta; y cuando se presenten, se les oirá a puerta cerrada el descargo que den, del cual se hará proceso verbal a continuación de la acusación.

Artículo 27.- Si no comparece el acusado dentro del tercero día asignado por el primer decreto, se le notificará lo verifique dentro de segundo día; por último y perentorio término, y compareciendo, se le oirá como se ha dicho en el Artículo anterior.

Artículo 28.- Si comparece el acusado, en vista de la acusación y su descargo; y si no comparece, en vista de la acusación sola, declarará el Senado si debe o no entregarse el acusado a los Tribunales de Justicia unidos, que son los que deberán sentenciarlo.

Artículo 29.- Para ser miembro del Senado se requiere, además de las circunstancias prescritas en el Artículo 14 del Título IV, la edad de treinta y cinco años cumplidos, con doce años de residencia en esta provincia, sobre la vecindad adquirida con cualquiera otro Título; y tener un manejo, renta o provento equivalente al capital de diez mil pesos.

Artículo 30.- No podrán ser a un mismo tiempo miembros del Senado los parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, ni los ascendientes o descendientes en línea recta.

Artículo 31.- Cuando ocurra que algún pariente o parientes de alguno de los senadores sea acusado o residenciado en el Senado, el senador pariente se separará del conocimiento de estos negocios, y en su lugar se pondrá un suplente, del modo que se ha dicho en el Artículo 9 de este Título.

Artículo 32.- El Senado, para los efectos de su incumbencia, celebrará sesiones diarias en todo el año, y sus miembros serán mantenidos a expensas del Estado con un sueldo proporcional al decoro de su dignidad, al trabajo de su ministerio y a los proventos del tesoro público. El Senado podrá nombrar un Secretario de fuera del cuerpo, y éste, en razón de la secretaría, tendrá la dotación y los auxilios que se concedan al del Cuerpo Legislativo, con proporción a los trabajos de su destino.




ArribaAbajo2. Tribunales de apelación y jueces de primera instancia

Artículo 33.- Los Tribunales de Apelación y Jueces subalternos se gobernarán, por ahora, conforme al reglamento que aprobó la Suprema Junta de esta provincia, el que se les comunicará por el Poder Ejecutivo, y será del cuidado de la Legislatura su revisión para su observancia en lo sucesivo.

Artículo 34.- El Cuerpo Legislativo tendrá presentes entre las muchas reformas que exigen los abusos del foro, la multiplicidad innecesaria de jueces, el estilo arbitrario de cortar las causas y pronunciar las sentencias, la práctica opresiva de no oír la voz de los litigantes, la costumbre de abatir el eco de la justicia con cláusulas vanas como son las suplicatorias, y de captar la venia, para que discurriendo la Legislatura por todos estos ramos y los demás relativos a la administración de justicia, los Tribunales la ejerzan con dignidad, los subalternos no la profanen con sus manejos, y los ciudadanos la obtengan con prontitud e imparcialidad.

Artículo 35.- Se confirma y ratifica la abolición de la tortura, ya decretada por la Suprema Junta de esta provincia, y ninguna autoridad, por eminente que sea, podrá jamás hacer uso de la cuestión de tormento, aunque el delito sea de los más atroces.

Artículo 36.- Para la recta administración de justicia pueden los tribunales coartar la libertad del ciudadano de tres modos, a saber: por prisión, encerrando la persona en las casas públicas destinadas para este efecto, y conocidas con el nombre de cárceles; por arresto, previniendo a la persona se mantenga en la casa de su domicilio, a disposición del juzgado o tribunal que dicta la providencia; y últimamente, por arraigo, mandando se mantenga la persona en el poblado de su residencia, o en caso necesario, confinada en otro poblado a la orden del juzgado o tribunal que la arraiga.

Artículo 37.- Ninguna persona de cualquier clase, estado y condición que sea, podrá ser aprehendida por ninguna autoridad ni fuerza militar, sino presentarla al tribunal competente; y nadie puede arrestar o poner en prisión sin mandato formal de juez competente, dado por escrito.

Artículo 38.- La prisión no tendrá lugar en las causas civiles, sino cuando el deudor de mayor cuantía no dé fianza, siendo además sospechoso de fuga, ni en las criminales, sino por los delitos de gravedad, habiendo prueba verdaderamente semiplena.

Artículo 39.- El arresto tendrá lugar en las causas civiles, siendo el deudor de menor cuantía sospechoso de fuga, y en las criminales habiendo indicios o presunciones vehementes que no se confundan jamás con las meras sospechas.

Artículo 40.- El arraigo podrá hacerse en las causas civiles mientras el demandado no sustituye otro en su lugar para la contestación de la demanda, cuando con efugios trate de eludirla, y en las criminales, habiendo indicios o presunciones de menor entidad que aquellas de que habla el Artículo precedente.

Artículo 41.- La confirmación se aplicará al caso en que prudentemente se prevea que la presencia del reo pueda impedir la averiguación del delito.

Artículo 42.- Cualquiera persona o personas presas, arrestadas, arraigadas o confinadas por juez o tribunal competente con las formalidades necesarias, que quebranten la prisión, arresto, arraigo o confinación, son reos dignos de la pena que la ley asigne a los escaladores de cárceles.

Artículo 43.- Ningún alcaide o carcelero podrá recibir en las cárceles o prisiones públicas a ninguno, sin que previamente se le notifique y entregue el mandato judicial de prisión en que se halle expreso el motivo de ella.

Artículo 44.- La privación de comunicación no tendrá lugar sino limitadamente por el tiempo que prescribe la ley para recibir la confesión, y durante ella, que no se podrá interrumpir con ningún motivo.

Artículo 45.- Ninguna persona podrá ser presa en otro lugar sino en aquel que legal y públicamente está destinado para prisión, ni podría tampoco ser detenida, presa, arrestada o arraigada, dando fianza de cárcel segura en los casos en que la ley permita este remedio.

Artículo 46.- La disciplina militar y el particular compromiso de los soldados al sentar su plaza, exigen una excepción de los Artículos desde el 36 hasta el presente, quedando en su fuerza y vigor la Ordenanza militar que rige.

Artículo 47.- La habitación de todo ciudadano, sea del estado, clase o condición que fuere, es un asilo inviolable por la noche. Ningún juez o tribunal tiene facultad de allanarla para entrar en ella sino en el caso de oír adentro voces pidiendo socorro, o de haber mandato judicial formal y por escrito en que se exprese el motivo necesariamente de Estado del allanamiento; y el juez comisionado por ningún caso podrá excederse del objeto de este motivo.

Artículo 48.- Ningún juez o tribunal tiene facultad de oír demandas fuera de su juzgado o tribunal; puede sí ejercitar en todas partes justicia a efecto de contener delitos o aprehender delincuentes, y para este caso, quedan en su fuerza y vigor las rondas nocturnas, pero restringidas con lo dispuesto en el Artículo 47.

Artículo 49.- El Poder Legislativo tomará en consideración la materia de fueros para arreglar sus límites, y que estas prerrogativas miren más bien a los negocios que a las profesiones, sin perjuicio de la inviolabilidad declarada a los miembros de la Representación Nacional.

Artículo 50.- Los Tribunales Superiores de la provincia quedarán renovados cada cinco años, sorteándose alternativamente tres individuos en uno y dos en otro, para que al tiempo señalado se verifique la renovación de su número total; y aunque tendrá lugar la primera reelección, no la segunda, sin que hayan mediado tres años de intervalo.

Artículo 51.- Para ser miembro del Poder Judicial, además de la edad de veinticinco años y las cualidades de vecindad, crédito y buena opinión, deberán tener la de abogados recibidos o incorporados en los Tribunales de la provincia.

Artículo 52.- Para fiscales son necesarios los mismos requisitos, y que su elección se haga como las demás de la Representación Nacional, pues que son miembros de ella en igualdad con los otros de su corporación.




ArribaAbajo3. Jueces subalternos y municipalidades

Artículo 53.- Por ahora se observará el Reglamento de Tribunales y Juzgados hecho de orden de la Suprema Junta de esta provincia, y aprobado por ella, cuya revisión corresponde al Cuerpo Legislativo, para explicar, añadir o quitar lo que estime oportuno.

Artículo 54.- Las Municipalidades de los pueblos tendrán la debida dependencia de los cabildos de sus cabeceras, y éstos del Gobierno y tribunales de la capital; pero al tiempo de las elecciones y la posesión de los alcaldes ordinarios, pedáneos y oficios concejiles no se les gravará con exacción alguna, sino es la que precisamente corresponde al importe de papel y amanuense de los despachos o documentos que se libren a su favor para hacer constar la autoridad que se les confiere o el empleo a que son destinados.






ArribaAbajoTítulo VIII. De las elecciones


ArribaAbajo1. Elecciones primarias, parroquiales o de apoderados

Artículo 1.- El alcalde de cada parroquia de las comprendidas en esta provincia convocará todos los años, desde el presente de 1811, para el día 3 de noviembre, a todos sus parroquianos, para el nombramiento de electores de la parroquia.

Artículo 2.- Para este día tendrá formado, de acuerdo con el Cura, un padrón exacto de todos los parroquianos, con expresión de su sexo, estado, calidad, género de vida u ocupación; de los que sean padres o cabezas de familia, y de los esclavos, todo con la mayor claridad y distinción posibles.

Artículo 3.- Reunidos todos los parroquianos el día 3 de noviembre en la casa del juzgado, si la hubiere en el pueblo, o si no en la del mismo alcalde, con quien concurrirán el Cura y el sujeto que en el año anterior haya sido juez del lugar, si no son dos los alcaldes; y los tres unidos examinarán con la posible brevedad y diligencia los que sean varones libres, mayores de veinticinco años, padres o cabezas de familia, que vivan de sus rentas u ocupación sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal pendiente, que no hayan sufrido pena infamatoria, que no sean sordomudos, locos, dementes o mentecatos, deudores al Tesoro Público, fallidos o alzados con la hacienda ajena; y los que resulten con aquellas calidades y sin estos defectos son los que deben sufragar en la elección primaria.

Artículo 4.- Al efecto de facilitar el examen de que habla el Artículo anterior, el alcalde leerá el padrón a los concurrentes haciéndoles las explicaciones necesarias para su inteligencia y para que cada uno pueda decir francamente cuanto sepa de los demás sobre las cualidades o los defectos expresados; haciéndole entender, tanto el juez Presidente como el párroco, la imparcialidad con que deben conducirse en negocio de tanta importancia.

Artículo 5.- Calificados los sujetos que deben ser apoderados de la parroquia, se extenderá una lista de ellos, y concluida, concurrirán los que lo sean con el alcalde, el Cura y el asociado, a la iglesia, en donde se celebrará la misa del Espíritu Santo, después de la cual hará el párroco una exhortación enérgica en que recordando la estrecha obligación en que se halla todo hombre, de contribuir al bien y felicidad de la patria, recomendará con la mayor eficacia la madurez, discernimiento e imparcialidad con que deben proceder en la elección, porque del acierto en ella dependen todos los bienes a que se aspira; y al fin entonará el himno Veni Creator Spiritus.

Artículo 6.- Concluida esta función religiosa, volverán a la misma casa de donde salieron, y sentados en la testera de la pieza más cómoda, el alcalde, que ocupará el centro, el Cura la derecha, y el asociado o segundo alcalde la izquierda, tomarán asiento los electores, formando dos alas, y desde luego procederán a nombrar uno de ellos que sabiendo leer y escribir, haga las funciones de secretario en aquel acto, siempre que no haya escribano en el lugar, pues si lo hay, todo deberá pasar por ante él.

Artículo 7.- Antes de proceder a otra cosa, el alcalde extenderá una certificación relacionada de haberse verificado todo lo dispuesto en los precedentes Artículos, desde la convocatoria hasta el nombramiento de secretario, o llamada del escribano, la cual, firmada por aquél con el Cura y asociado, será la cabeza del expediente de la elección primaria de la parroquia.

Artículo 8.- Enseguida abrirá el secretario o encabezará el acta en la forma siguiente: «En la parroquia N., a tres de noviembre de (aquí se expresará el año), juntos en la casa del juzgado (o en la que sea) el alcalde D. N., el Cura D. N., y D. N., también alcalde o asociado con los electores calificados en la forma que consta en la precedente certificación, y son los que comprende la lista agregada, se procedió a elegir los apoderados parroquiales en los términos prescritos en el reglamento, etc. (Aquí se insertarán los votos de cada uno de los sujetos comprendidos en la lista, o lo que es lo mismo, se irá copiando la lista como vaya sufragando cada uno de los escritos en ella)».

Artículo 9.- Por el padrón se hará la suma total de los parroquianos para nombrar un apoderado por cada quinientas almas, y así se fijará el número que se haya de elegir, el cual se expresará a los electores.

Artículo 10.- Si hubiere sobre quinientos, mil, o mil quinientos, un número excedente que llegue a doscientos cincuenta, se elegirá también por éste un apoderado; y lo mismo se hará si toda la población no llega a quinientos feligreses, pues ninguna ha de dejar de dar un apoderado.

Artículo 11.- Ejecutado todo lo prescrito anteriormente, el alcalde recibirá juramento a los que han de votar, en esta forma: «¿Juráis a Dios por esta señal de la cruz y los Santos Evangelios que tocáis, proceder en la presente elección con imparcialidad y desinterés, sin conduciros por odio ni amor, mirando solamente al bien general, sufragando por las personas más honradas, de más probidad y discernimiento para conocer a los hombres, sin que os muevan las recomendaciones o sugestiones de otros, ni mira alguna de ambición o colusión?» A que todos responderán: «Sí juro». El Presidente añadirá: «Si así lo hiciereis, Dios os ayudará y protegerá nuestra causa, y si no, os lo demandará»; y todos responderán: «Amén».

Artículo 12.- Inmediatamente, por el orden en que están escritos en la lista los nombres de los que han de votar, se irá acercando cada uno a la mesa, y enseguida del suyo, en el mismo renglón, escribirá el de la persona por quien vota. Si alguno no supiere escribir, lo hará por él el secretario; en el primer caso el sufragante, a continuación de su nombre escribirá estas palabras: «voto por N.», y en el segundo el secretario escribirá éstas: «vota por N.»

Artículo 13.- Escrito el voto de cada uno, lo leerá el secretario en alta voz.

Artículo 14.- Concluida la votación, leerá el mismo secretario en voz alta y pausada, que puedan oír los concurrentes, todos los nombres y votos.

Artículo 15.- Si fuere más de uno el apoderado que haya de dar la parroquia, se repite el acto tantas veces cuantos hayan de ser los apoderados, y todas las listas las firmarán el Alcalde, el Cura y los asociados, y las autorizará el secretario; pues todas ellas se han de unir al expediente de la elección primaria.

Artículo 16.- Para que se entienda legítima la elección debe concurrir en la persona que tenga más votos la pluralidad absoluta, esto es, uno sobre la mitad de todos los sufragios.

Artículo 17.- Si en ninguno concurriese esta pluralidad, se hará ver que no hay elección, y se propondrá a todos si aprueban la que está hecha con la pluralidad relativa, o si quieren votar de nuevo; en el primer caso, si la mayor parte de los sufragantes aprueba la elección, se extenderá por el secretario una diligencia que lo acredite; y en el segundo, se sacarán los tres sujetos que tengan más votos, con tal que ninguno tenga menos de la tercera parte, y se repetirá la elección entre los tres precisamente, sin poderse sufragar por otro; y, si ninguno tuviere a su favor la tercera parte, se hará de nuevo la elección.

Artículo 18.- Si los votos para dos fueran iguales, sin llegar a completar más de la mitad, porque otros hubieren sufragado por el tercero, se sacará el de menos sufragios de los tres, y se repetirá la elección entre los dos, como se ha dicho en el Artículo anterior.

Artículo 19.- Si los votos se dividen con igualdad entre los dos, decidirá la suerte, escribiendo los nombres en dos cédulas, que bien dobladas se meterán en un vaso, de donde se sacarán por un niño tierno, y leerán en alta voz; y el sujeto que esté escrito en la que salió primero será el elegido.

Artículo 20.- Lo mismo se repetirá en cada elección, si ocurriere el caso supuesto, hasta completar la de los dos o tres sujetos que deban ser apoderados por cada parroquia.

Artículo 21.- En estos casos, como ocurran, se sacará copia de la lista, y serán tantas cuantas operaciones hayan de practicarse. Todas se leerán y firmarán como va dispuesto, y todas se unirán al expediente.

Artículo 22.- Concluido todo, se publicará el nombre de la persona o personas elegidas como apoderados por la parroquia, y debiendo estar presentes, porque debe o deben ser necesariamente parroquianos, se les recibirá el mismo juramento del Artículo 11.

Artículo 23.- El acta contendrá todo lo que va dicho, sin omitir cosa alguna, y se cerrará firmándola con el Alcalde, el Cura y asociado, todos los que hayan sufragado; y se unirá también al expediente, como que debe quedar archivado original.

Artículo 24.- Inmediatamente se extenderá el poder, que otorgarán los sufragantes por ante el secretario o escribano, a los que hayan sido elegidos especial para ir a la cabeza del partido a sufragar en nombre y como representantes de la parroquia.

Artículo 25.- Luego se compulsará testimonio del expediente íntegro, el cual, con copias del poder y del padrón, se entregará a los apoderados, para que con todos concurran a la cabeza del partido el día veinticuatro de noviembre, según se les hará entender por el alcalde.

Artículo 26.- Las elecciones parroquiales o de apoderados se harán entre los presentes, de manera que recayendo sobre alguno o algunos de los mismos que de cierto se sepa hallarse a corta distancia, no pueda menos que saberse también pronta y fácilmente si el apoderado está en el caso de aceptar y desempeñar el encargo, para que, de no estarlo, se proceda con brevedad a nueva elección, bajo el concepto de que los que se hallaren ausentes al tiempo de las elecciones, no tendrán derecho de reclamar nada por aquella vez.

Artículo 27.- Si alguno de los apoderados se excusare de admitir el encargo, lo que no se admitirá sino con causa muy grave y calificada, en su lugar se elegirá otro en la misma forma.

Artículo 28.- En las parroquias de esta capital y en las de las villas o pueblos, cabezas de partido, se hará igual elección de apoderados, siendo los encargados de lo dispuesto el alcalde-comisario del barrio, un Regidor nombrado por el Ayuntamiento, y el Párroco respectivo con un escribano real, que hará las funciones de secretario.




ArribaAbajo2. Elecciones secundarias o de partido

Artículo 29.- El día veinticuatro de noviembre deben estar los apoderados de todas las parroquias del partido en el pueblo de su cabecera, en donde inmediatamente se presentarán al Corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde de primera nominación a quien exhibirán todos los testimonios, padrones y poderes que se les entregaron en las respectivas parroquias.

Artículo 30.- Inmediatamente el Corregidor o el alcalde de primera nominación, asociado uno u otro de dos regidores nombrados por el Ayuntamiento, si lo hubiere, y no habiéndolo, los dos alcaldes con el que lo hubiere sido de primera nominación en el año anterior, o el alcalde, sino hay más que uno, con los que lo hubieran sido en los dos últimos años, con el escribano, si lo hubiere en el lugar, o con un sujeto que sepa leer y escribir, elegido de acuerdo por los tres para que haga en el acto las funciones de secretario, entrarán en el examen de la legitimidad de los documentos presentados; estándolo, certificará el escribano o secretario lo hecho en su razón, y al final serán convocados por el que preside para que el día veintiséis concurran todos a la casa del Ayuntamiento, o del Juzgado, o a la suya, o a la que se destine.

Artículo 31.- El día veintiséis de noviembre concurrirán todos al lugar citado, en donde en vista de los padrones de todas las parroquias, se hará la suma de la población de todo el partido para proceder a elegir un sujeto por cada cinco mil almas para que vengan a la capital a las últimas elecciones, y haciendo constar a los apoderados de las parroquias el total de la población, se les dirá cuántos son los sujetos que deben elegir por el partido.

Artículo 32.- Si resultare un número excedente que alcance a dos mil quinientos, se elegirá un elector más de los que corresponden por cada cinco mil.

Artículo 33.- Luego irán a la iglesia los encargados de las operaciones anteriores con todos los apoderados parroquiales, y en ella se hará cuanto se ha dispuesto en el Artículo 5.

Artículo 34.- Concluido este acto religioso, se restituirán todos a la casa que se ha dicho, en donde, colocándose en los asientos en la forma dada en el Artículo o, se procederá al juramento que se prescribe en el Artículo 11 y a la elección en los mismos términos que se previene para las parroquiales.

Artículo 35.- Verificadas las elecciones, se publicarán, y a los electos que estuvieren presentes se les entregará testimonio del expediente (que se formará lo mismo que va dispuesto para las parroquias), copia autorizada de los padrones y del poder que se les otorgará por los apoderados en la misma forma que se ha prevenido para el de éstos, y cumpliendo con la acción de gracias, se hará saber a los elegidos que deben entrar en esta capital precisamente el día nueve de diciembre, para hacer las últimas elecciones el veintitrés.

Artículo 36.- En las elecciones que hagan los apoderados en la cabeza del partido para el elector que haya de venir a la capital, podrán dar libremente sus votos, no sólo por los habitantes del partido mismo, sino por cualquier otro vecino de la provincia, con tal que actualmente resida en ella, o a tan corta distancia, que pueda concurrir con oportunidad.

Artículo 37.- Los documentos que llevaren los apoderados de las parroquias, y cuanto se actuare en las cabezas del partido, se archivará allí.

Artículo 38.- Si alguno de los elegidos se excusare con justa y calificada causa, estando presente, se procederá a nombrar otro en su lugar en la forma dicha, y si estando ausente lo hiciese después en esta capital, por las listas se reconocerá el que tuvo más votos después de los electos, y éste vendrá como suplente o sustituto.

Artículo 39.- Los elegidos por las parroquias de la capital se presentarán al Corregidor, si lo hubiere, y si no al alcalde ordinario de primera nominación, con todos los documentos que deben llevar a la cabeza del partido los apoderados de las parroquias, y el Corregidor con dos Regidores nombrados por el Ayuntamiento, y el secretario de él procederá a cuanto se previene para las cabezas de partido.

Artículo 40.- La falta voluntaria o involuntaria de alguno o algunos de los apoderados no embarazará la elección, y los que no concurrieren el día señalado carecerán de todo derecho para reclamarla, siempre que ella se haga en concurso de las dos terceras partes.




ArribaAbajo3. Del Colegio Electoral

Artículo 41.- El día nueve de diciembre estarán en esta capital todos los electores de partido, se presentarán al Presidente de la Provincia y le exhibirán todos los documentos que deben traer de sus partidos.

Artículo 42.- El Presidente remitirá estos documentos al Senado, quien, hecha la calificación y dada su aprobación, los devolverá al Presidente para que proceda a lo demás que le corresponde.

Artículo 43.- Éste, seguidamente, reunirá todos los padrones de los partidos, y haciendo la suma total de la población, la comunicará al Colegio Electoral para que por ella se regule el número de los individuos del Cuerpo Legislativo, en razón de un representante por cada diez mil almas.

Artículo 44.- Si sobre esta base hubiere un exceso de cinco mil, se deberá elegir un representante más para la Legislatura.

Artículo 45.- El día veintitrés de diciembre se reunirán en la Sala del Cuerpo Legislativo todos los electores con el Presidente de la Provincia y el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. El Presidente les hará notoria la población total, y de consiguiente el número de representantes que deben elegir para el Cuerpo Legislativo; exhortándoles a que pongan los ojos en las personas de más probidad y luces, más desinteresadas, menos ambiciosas y más capaces de hacer la felicidad de la provincia.

Artículo 46.- Lo mismo se hará cuando hayan de hacerse las demás elecciones de Presidente, Vicepresidente, senadores, ministros de los tribunales, etc.

Artículo 47.- Reunidos los electores, harán el correspondiente juramento, que recibirá el Presidente por ante el Secretario de Gracia y Justicia; y hecha la instalación del Colegio Electoral, retirándose de allí el Presidente del Estado, nombrarán un Presidente del Cuerpo mismo, para su interior organización, a cuya consecuencia concurrirán a la misma que se celebrará a puerta abierta en el oratorio de palacio, concluyendo con el himno Veni Creator y las preces oportunas para implorar la asistencia divina; después de lo cual, el sacerdote celebrante, u otro que quiera emplearse en esta obra digna de su ministerio, hará una corta exhortación en orden al objeto de las elecciones, para las que se restituirán a la Sala, donde sentado el Presidente a la testera, se colocarán los demás en dos alas.

Artículo 48.- Inmediatamente se dará principio a la votación por la derecha del Presidente, y continuará después por la izquierda.

Artículo 49.- Todas las elecciones del Colegio Electoral se harán por votos públicos y escritos en cédulas que se irán recogiendo en un vaso de tamaño proporcionado, y firmada cada una por el elector que sufraga.

Artículo 50.- Las elecciones se ejecutarán en actos separados y sucesivos, por el orden que sigue: primera, la del Presidente; segunda, la del Vicepresidente; tercera, la de los Consejeros, de cuya antigüedad decidirá después la suerte, en caso de no ser uno solo el que se haya de elegir, según las salidas y reemplazos que prescribe la Constitución; cuarta, la de los senadores; quinta, la de los miembros de la Legislatura; y sexta, la de los del Poder Judicial, con distinción de las salas o tribunales a que corresponden.

Artículo 51.- Antes de recoger los votos se cuentan los electores y después de recogidos aquéllos, y antes de hacer el escrutinio, se cuentan también, y no se abrirán hasta que sea constante la igualdad de los votos y de los electores.

Artículo 52.- El primer escrutinio de todos es el de Presidente, y antes de recoger los votos ha de expresar el que lo sea que se va a votar para Presidente; y desde luego el secretario encabezará el acta correspondiente, y por separado preparará un pliego de papel en que han de ir numerándose los votos con esta inscripción: «Escrutinio de los votos para Presidente».

Artículo 53.- Recogiendo todos, abiertos por el Presidente, que irá leyendo uno por uno en alta voz, los irá numerando el secretario en el papel prevenido, y concluido el escrutinio, sumando los votos que se hayan dado por diferentes personas, después de una breve revisión del Presidente, lo leerá en alta voz el secretario.

Artículo 54.- Ninguno puede ser legítimamente elegido que no tenga a su favor más de la mitad de los sufragios de todos los electores.

Artículo 55.- Si en ninguno recae esta pluralidad absoluta, se declara por el Presidente que no hay elección.

Artículo 56.- Si en tal caso resultaren dos o tres personas, cada una con un tercio de todos los sufragios, se procederá a elegir de nuevo uno de los dos o tres que tengan el tercio, sin que se pueda sufragar por otro.

Artículo 57.- En el caso de estar divididos por partes iguales los votos, el Colegio discutirá y resolverá si con sólo este acto se haya de proceder a sorteo, o si conviene rectificar la elección con segundo escrutinio. Pero si verificado éste, aún resulta la misma igualdad, se ocurrirá entonces al sorteo, escribiendo los nombres en dos cédulas, las que colocadas y confundidas en un vaso o cajilla, se extraerá la una por mano de un niño inocente; y aquel cuya cédula saliere se tendrá por electo.

Artículo 58.- Si a favor de ninguno hubiere el tercio de votos, o éste recayere en uno solo, declarando que no hay elección, el Presidente exhortará a los vocales a que se contraigan a las personas que hubiesen tenido más sufragios y se procederá a votar de nuevo hasta que, o recaiga en uno la pluralidad absoluta, o llegue el caso de la suerte, como en el Artículo 57.

Artículo 59.- Concluida la elección de Presidente, se procederá a la de Vicepresidente en los mismos términos que a la de aquél.

Artículo 60.- Cuando de la votación para Vicepresidente resulte que la totalidad de votos se divide por partes iguales entre dos, se repetirá lo prevenido en el Artículo 57.

Artículo 61.- Inmediatamente se procederá a la elección de Consejeros, guardando las reglas prescritas.

Artículo 62.- Para la elección de representantes en el Cuerpo Legislativo, cada elector escribirá en una cédula los nombres de tantas personas cuantos deban ser individuos de dicho Cuerpo, y todos los que resulten con más de la mitad de los votos del total de los electores serán los elegidos; si dos o más tuvieren la mitad, se hará lo prevenido en el Artículo 57, y el nombre del que salga a la suerte se tendrá por elegido; y en el caso de que falten uno o más para completar el número de los que han de componer el Cuerpo Legislativo, se procederá a elegirlos precisamente entre los que hayan tenido en los escrutinios anteriores la mitad o un tercio de todos los votos; pero si todavía faltasen algunos por elegir, y ninguno hubiese con la mitad o el tercio de todos los votos, se hará un nuevo escrutinio, guardando las reglas prevenidas.

Artículo 63.- Los individuos del Senado y del Tribunal de Apelaciones han de elegirse en los mismos términos y por las mismas reglas establecidas para la elección de los miembros del Cuerpo Legislativo.

Artículo 64.- Concluidas todas las elecciones, se cierra el acta en que ha de constar cuanto ocurra; se une a la certificación que debe extender el Secretario, relacionada desde la presentación de los electores al Gobierno, y exhibición de sus documentos, lo que con los padrones y escrutinios firmados por el Presidente y Secretario, se archivará en la Secretaría de Gracia y Justicia.

Artículo 65.- Luego que, verificadas las elecciones el Colegio Electoral, hubiere calificado las renuncias y hecho los reemplazos de los que se tuvieren por legítimamente excusados, se publicarán las elecciones en impreso, para que cuanto antes se hagan notorias en la provincia, sin embargo de que el Gobierno debe comunicarlas de oficio a todos los partidos, para que por el jefe de cada uno se comunique a los pueblos de su comprensión.

Artículo 66.- Cuanto antes se dará aviso por el Secretario de Gracia y Justicia a las personas elegidas para los diferentes destinos, previniéndoles comparezcan el día primero de enero a las nueve de la mañana en la Sala del Cuerpo Legislativo, para jurar y tomar posesión de sus destinos.

Artículo 67.- Reunidos el día primero de enero a la hora y en el lugar prevenido todos los funcionarios elegidos, el Presidente recibirá juramento individualmente a cada uno de ellos en la forma prevenida en la Constitución, y desde luego quedan posesionados y expiran las facultades de los antecesores.

Artículo 68.- El Colegio Electoral subsistirá todavía hasta el día ocho de enero, a efecto de elegir otros individuos en el caso que algunos se excusaren, y se hayan declarado justamente excusados. El día ocho de enero se disuelve el Colegio, y ya no puede oír excusa ninguna. Las renuncias hechas después de disuelto el Colegio Electoral se han de oír y calificar por el Senado, y en caso de ser efectivas, se considerarán como vacantes de entre año, para que se provean por quien corresponda, con arreglo a la Constitución.




ArribaAbajo4. Elección de representante de la provincia

Artículo 69.- Al Colegio Electoral corresponde la elección de representante o representantes y suplentes de la provincia para el Congreso General del Reino.

Artículo 70.- El representante o representantes y suplentes de la provincia durarán tres años en este ministerio.

Artículo 71.- Al tiempo de concluirse los tres años, y para formarse el Colegio Electoral, los pueblos y sus apoderados procederán en este concepto, y sus poderes se extenderán sobre los demás objetos al de la elección de representante o representantes y suplentes de la provincia para el Congreso del Reino.

Artículo 72.- El Diputado Representante de la Provincia recibirá los poderes del Colegio Electoral.

Artículo 73.- El Gobierno de la provincia cuidará de comunicarle algunos ejemplares de la Constitución, para que la tenga presente como base de cuantas instrucciones puedan comunicársele.

Artículo 74.- En las elecciones de representante o representantes y suplentes de la provincia observará el Colegio Electoral las reglas prescritas para las de los miembros de la Representación Nacional.

Artículo 75.- El representante o los representantes y suplentes de la provincia para el Congreso General del Reino harán por lo que toca a la provincia, el juramento de cumplir con los deberes de su representación, ante el Presidente de la Provincia.






ArribaAbajoTítulo IX. De la fuerza armada

Artículo 1.- El objeto de la Fuerza Armada es el de defender al Estado de todo ataque y toda irrupción enemiga, evitar conmociones y desórdenes en lo interior, y celar el cumplimiento de las leyes.

Artículo 2.- Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la patria mientras que sea capaz de llevar las armas, sin distinción de clase, estado o condición; y nadie puede eximirse del servicio militar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria.

Artículo 3.- En este caso, todo hombre, sin distinción de clase, estado o condición, está obligado, no sólo a militar, sino a vestirse, armarse y mantenerse a su costa, y el Estado cuidará de socorrer a aquellos que indispensablemente necesiten auxilios. Este estado de armamento general se llama leva en masa de la nación.

Artículo 4.- Para los casos comunes y la policía interior tendrá la provincia un número de tropas veteranas proporcional a su población y a los ingresos del Erario público; y para reforzar un número competente, y también proporcional, de tropas de milicias.

Artículo 5.- Para reponer y completar tanto las tropas veteranas como las milicias, se deroga perpetuamente el arbitrio del enganchamiento, y en su lugar sólo quedará el de las quintas, en que cada población contribuirá con el número de tropas que proporcionalmente le toquen. Cualquiera persona que voluntariamente quiera servicio, se le dará sin premio ni gratificación alguna de enganchamiento.

Artículo 6.- Todo hombre que ha militado diez años en tiempo de paz y seis en el de guerra ha cumplido su servicio, y sólo en extrema necesidad podrá ser obligado nuevamente a tomar las armas mientras dure la urgencia.

Artículo 7.- Ningún ciudadano podrá gozar de los derechos de tal si no acredita estar alistado en la leva general del distrito de su domicilio.

Artículo 8.- Para el sorteo de la quinta se formará un reglamento en que se exprese la forma y el modo de hacerse este sorteo; en el orden que deben entrar todos los ciudadanos en él según su edad, estado y condición, y la proporción en que cada poblado debe dar su contingente.

Artículo 9.- La Fuerza Armada es esencialmente obediente y por ningún caso tiene derecho de deliberar, sino que siempre debe estar sumisa a las órdenes de sus jefes.

Artículo 10.- Para evitar que estos jefes abusen de su autoridad en perjuicio de los derechos del pueblo y en trastorno del Gobierno, se dividirán, tanto las tropas de milicias como las veteranas, en muchas porciones, independientes unas de otras, y cuyo número sea proporcional a la totalidad de la Fuerza Armada.

Artículo 11.- Para el mismo efecto se prohíbe absolutamente y sin la menor dispensa, el que la totalidad de la Fuerza Armada de la provincia se ponga a las órdenes de un solo hombre, sea el que fuere, ni aun con el pretexto de ser un gran General, pues en caso de guerra se formarán Cuerpos de ejércitos independientes unos de otros, y la dirección de su totalidad estará al cuidado del Gobierno por medio de una comisión militar, y así la alta dirección de las armas pertenece al Gobierno y el mando inmediato de las tropas de guarnición o acuarteladas dentro de la ciudad y sus arrabales, al Comandante de las armas de ella, como a cada jefe en su respectivo departamento.

Artículo 12.- Desde ahora se formará esta comisión militar compuesta de los oficiales más inteligentes que hubiere, sean del grado que fueren, para que trabajen el plan de defensa de la provincia, y en vista de él formen el definitivo reglamento y pie de fuerza en que deban quedar tanto las tropas veteranas como las milicias, economizando todo lo posible en las plazas de oficiales que sean innecesarias, y proporcionando los sueldos de las tropas al jornal usual que ganan en esta provincia los labradores y artesanos, sujeto todo a la aprobación del Poder Legislativo.

Artículo 13.- Las tropas veteranas en tiempo de paz no podrán estar acantonadas en un solo punto y para que no se enerven con la ociosidad, después de dejar en las poblaciones principales el número de tropas que se considere bastante para conservar su orden y policía, el resto podrá aplicarse en trabajos vigorosos y útiles que les conserven la salud, quedando sus rebajas a beneficio del Tesoro Público, y turnando en sus destinos la guarnición y los trabajadores.

Artículo 14.- Las tropas quedan sujetas a la ordenanza militar, que tendrá toda su fuerza y vigor, en todo lo que no se reforme por la comisión militar y que no contraríe a este Título de la Constitución. Ninguna tropa extraña podrá transitar por el territorio de esta provincia, ni mucho menos acamparse o acantonarse en ella, sin previo expreso consentimiento del Senado y pasaporte formal del Poder Ejecutivo, en que se haga expresa mención de dicho consentimiento y del número de tropas que deben transitar, acantonarse o acamparse.




ArribaAbajoTítulo X. Del Tesoro nacional

Artículo 1.- Todo ciudadano tiene obligación de contribuir para el culto divino y la subsistencia para los Ministros del Santuario; para los gastos del Estado, la defensa y seguridad de la patria, el decoro y la permanencia de su Gobierno, la administración de justicia y la Representación Nacional.

Artículo 2.- Por ahora subsistirán los impuestos, las contribuciones, la custodia y la administración de los caudales del Erario público, según el pie en que actualmente se hallan.

Artículo 3.- El Cuerpo Legislativo entre sus primeros cuidados tendrá en consideración la materia de impuestos y contribuciones, y el arreglo general del Tesoro Público de la provincia, para simplificar su cobranza y administración, trabajando principalmente en conciliar la riqueza del Estado con el mayor alivio de los pueblos.

Artículo 4.- Al fin de cada año se ha de publicar y circular por toda la provincia, impreso, un estado fidedigno, que con sencillez y claridad, manifieste el de los fondos del Erario, entradas que hubiese tenido, objetos de su inversión y existencias que quedan para el siguiente.

Artículo 5.- No subsistiendo ya reunidos los caudales que componían el Tesoro público, no se considerará éste responsable a las dotaciones de los empleados que entendían en la administración general del Erario de todo el Reino, ni respecto de otras cargas públicas de igual naturaleza, sino a prorrata de los ingresos del de esta provincia.




ArribaAbajoTítulo XI. De la instrucción pública

Artículo 1.- Las primeras ideas que se imprimen al hombre en su niñez y la educación que recibe en su juventud, no sólo son las bases de la buena o mala suerte que haya de correr en el decurso de su vida, sino las que aseguran todas las ventajas o desventajas a favor o en perjuicio de la sociedad, las que dan a ésta ciudadanos robustos e ilustrados, o la plagan de miembros corrompidos y perjudiciales. El Cuerpo Legislativo tendrá en mucha consideración y el Gobierno promoverá con el mayor esmero los establecimientos que miran a esta parte importantísima de la felicidad del Estado.

Artículo 2.- En todos los poblados deberán establecerse escuelas de primeras letras y dibujo, dotadas competentemente de los fondos a que corresponda, con separación de los dos sexos.

Artículo 3.- Los objetos de la enseñanza de estas escuelas serán leer, escribir, dibujar, los primeros elementos de la Geometría, y antes que todo, la Doctrina Cristiana y las obligaciones y los derechos del ciudadano, conforme a la Constitución.

Artículo 4.- Deberá establecerse cuanto antes en la capital una Sociedad patriótica, así para promover y fomentar estos establecimientos en ella y en toda la provincia, como para hacer otro tanto en razón de los ramos de ciencias, agricultura, industria, oficios, fábricas, artes, comercio, etc.

Artículo 5.- Entre los demás establecimientos se tendrá presente el de la Expedición botánica, para extenderlo además de los trabajos en que hasta ahora se hubiese empleado, a la enseñanza de las ciencias naturales, bajo la inspección de la Sociedad patriótica.

Artículo 6.- Será permitido a cualquier ciudadano abrir escuela de enseñanza pública sujetándose al examen del Gobierno, con la calidad de obtener su permiso y estar bajo la inspección de la Sociedad patriótica en sus respectivas ramas.

Artículo 7.- El Gobierno cuidará de arreglar del mejor modo posible la biblioteca pública, para conservarla, aumentarla y mejorarla, como un auxilio para la instrucción de los ciudadanos.

Artículo 8.- Los colegios y la Universidad quedan bajo la inspección y protección del Gobierno, y como establecimientos de la instrucción pública se harán en ellos las reformas y mejoras que se tengan por convenientes.

Artículo 9.- Los colegios de los regulares serán mirados con la misma consideración, ajustándose a los planes de la Universidad pública y los colegios seculares, para lo que se procederá de acuerdo con sus respectivos prelados.




ArribaAbajoTítulo XII. De los derechos del hombre y del ciudadano

Artículo 1.- Los derechos del hombre en sociedad son la igualdad y libertad legales, la seguridad y la propiedad.

Artículo 2.- La libertad ha sido concedida al hombre, no para obrar indistintamente el bien o el mal, sino para obrar el bien por elección.

Artículo 3.- La libertad es la facultad que el hombre tiene de hacer todo lo que no sea en daño de tercero o en perjuicio de la sociedad.

Artículo 4.- El uso de la libertad está ceñido necesariamente a este principio inspirado por la naturaleza, sancionado por la ley y consagrado por la religión: No hagas a otro lo que no quieres que se haga contigo.

Artículo 5.- La ley es la voluntad general explicada libremente por los votos del pueblo en su mayor número, o por medio de sus representantes legítimamente constituidos.

Artículo 6.- La igualdad consiste en que siendo la ley una misma para todos, todos son iguales delante de la ley.

Artículo 7.- Nadie puede tener libertad, igualdad, seguridad y propiedad en sí mismo, si no respeta la de los demás.

Artículo 8.- La seguridad dimana principalmente de este respeto con que los ciudadanos se la garanticen unos a otros, teniendo cada uno igual derecho a la protección que debe dispensarle la sociedad para su conservación.

Artículo 9.- El derecho de propiedad consiste en la facultad que tiene el ciudadano de gozar y disponer libremente de sus bienes y rentas, y del fruto de su ingenio, trabajo e industria.

Artículo 10.- Ninguno puede ser privado de la menor porción de sus bienes sin su consentimiento, sino en el caso de que la necesidad pública, legítimamente acreditada, así lo exija; pero aun entonces, es bajo la implícita condición de una justa y precisa indemnización.

Artículo 11.- Tampoco puede ser privado del derecho de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, o de cualquiera otro modo que no le sea prohibido, en uso de su libertad y propiedad legal.

Artículo 12.- Ninguna contribución puede establecerse sino para la utilidad general y, por lo mismo, todo ciudadano tiene derecho de concurrir a su establecimiento y a que se le dé noticia de su inversión.

Artículo 13.- Todos los ciudadanos tienen igual derecho a concurrir directa o indirectamente a la formación de la ley y al nombramiento de sus representantes.

Artículo 14.- Ninguno puede ser llamado a juicio, acusado, preso, arrestado, arraigado ni confinado, sino en los casos y bajo las formas prescritas por la Constitución o la ley.

Artículo 15.- La soberanía reside esencialmente en la universalidad de los ciudadanos.

Artículo 16.- No son ciudadanos ni gozan de estas consideraciones: los vagos, ni los que por sentencia dada con las formalidades necesarias, hayan sido arrojados del seno de la sociedad, ni los que siendo llamados al servicio de la Patria, se excusen sin legítimo impedimento.




ArribaAbajoTítulo XIII. De los deberes del ciudadano

Artículo 1.- La primera obligación del ciudadano mira a la conservación de la sociedad, y ésta exige que los que la componen conozcan y llenen respectivamente sus deberes.

Artículo 2.- Éstos están encerrados en la pureza de la Religión y de las costumbres, en la observancia de la Constitución y el sometimiento a las leyes.

Artículo 3.- Es deber del ciudadano defender y servir a la sociedad, vivir sujeto a las leyes y respetar a los funcionarios públicos encargados mediata o inmediatamente de su establecimiento, ejecución y aplicación.

Artículo 4.- No es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo.

Artículo 5.- No merece tampoco este nombre el que no observa religiosamente las leyes, el que por intrigas, cábalas y maquinaciones elude su cumplimiento, y el que sin justo motivo se excusa de servir a la Patria.




ArribaAbajoTítulo XIV. Disposiciones generales

Artículo 1.- Toda ley dictada en perjuicio de la libertad, propiedad y seguridad del ciudadano, cuya promulgación se haya hecho en fuerza de una imperiosa necesidad de circunstancias, es esencialmente provisional, y sus efectos no deben extenderse por más tiempo que el de un año.

Artículo 2.- La ley supervigilará particularmente aquellas profesiones que interesan a las costumbres públicas, a la seguridad y sanidad de los ciudadanos.

Artículo 3.- La ley debe fijar recompensas para los inventores, y velar en la conservación de la propiedad exclusiva por tiempo señalado de su descubrimiento o de sus producciones.

Artículo 4.- La Constitución no solamente garantiza la inviolabilidad de todas las propiedades, sino también la justa indemnización de aquellas cuyo sacrificio pueda exigir la necesidad pública, legalmente manifestada.

Artículo 5.- No podrán formarse corporaciones ni asociaciones contrarias al orden público; por lo mismo, ninguna junta particular de ciudadanos puede denominarse Sociedad popular.

Artículo 6.- Ninguna asociación puede presentar colectivamente solicitudes, a excepción de las que forman cuerpo autorizado, y únicamente para objetos propios de sus atribuciones.

Artículo 7.- Muchas autoridades constituidas no podrán jamás reunirse para deliberar juntas, sino en los casos prescritos por la Constitución o por la ley, y cualquier acto emanado sin estas circunstancias, será nulo, de ningún valor ni efecto.

Artículo 8.- La reunión de gentes armadas, como un atentado contra la seguridad pública, será dispersado por la fuerza.

Artículo 9.- La reunión de gentes sin armas será igualmente dispersada, primero por una orden verbal, y, si no bastare, por la fuerza.

Artículo 10.- Ningún ciudadano puede renunciar, en todo ni en parte, de la indemnidad, la distinción y el tratamiento que le corresponde por la ley en razón de funcionario público.

Artículo 11.- Los ciudadanos tendrán siempre presente que de la prudencia y rectitud de las elecciones en las Asambleas primarias y electorales dependen principalísimamente la conservación, defensa y prosperidad de la Patria.






ArribaAbajoConclusión

La Representación Nacional, legalmente constituida y congregada en esta ciudad de Santafé de Bogotá, capital de la Provincia de Cundinamarca, habiendo precedido largas sesiones, muy controvertidas discusiones y las más detenidas reflexiones, sobre todos y cada uno de los Artículos que comprende este pequeño Código de las primeras y fundamentales leyes de nuestra sociedad, las ha aprobado, y en uso de las amplias facultades que los pueblos han conferido al Colegio Constituyente y Electoral, le da toda la sanción, prescribiendo su observancia a los funcionarios públicos y a todos los ciudadanos estantes y habitantes en la provincia, mandando publicar, imprimir y circular esta Constitución, a fin de que nadie, a pretexto de ignorancia, o con ningún otro motivo, se pueda excusar de su cumplimiento.

Ciudadanos de la Provincia de Cundinamarca, ministros respetables del Santuario, padres de familia: ¡veis aquí al americano por la primera vez en ejercicio de los derechos que la naturaleza, la razón y la Religión le conceden, y de que los abusos de la tiranía le habían privado por espacio de tres siglos. No es ésta la voz imperiosa del despotismo que viene del otro lado de los mares: es la de la voluntad de los pueblos de esta provincia, legítimamente representados. No es para vivir sin ley para lo que habéis conquistado vuestra libertad, sino para que la ley, hecha con vuestra aprobación, se ponga en lugar de la arbitrariedad y los caprichos de los hombres. Leedla, estudiadla, meditadla; y luego que en los corazones de vuestros parroquianos, de vuestros hijos y de vuestros domésticos se hayan profundamente grabado los santos misterios y las máximas del cristianismo, poned en sus manos este volumen, enseñadles a apreciar el don que hemos adquirido, y hacedlos sensibles a los intereses de la libertad y felicidad de su patria!

Estableció, aprobó y sancionó esta Constitución el serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de esta Provincia de Cundinamarca, y firman los representantes de los pueblos para su perpetua constancia, en esta ciudad de Santafé de Bogotá, su capital, a treinta de marzo de mil ochocientos once.

  • Como diputado de Bosa y Presidente del Colegio, Jorge Tadeo Lozano.
  • Por la villa del Espinal y como Vicepresidente del Colegio, Fernando Caycedo.
  • Por la parroquia del Sagrario de esta santa iglesia catedral, Camilo Torres.
  • Por la misma, Manuel Camacho y Quesada.
  • Por la parroquia de Las Nieves de esta capital, Santiago Torres y Peña.
  • Por la misma, Francisco Morales.
  • Por la parroquia de Santa Bárbara de esta capital, doctor Juan Gil Martínez Malo.
  • Por la misma, Luis Eduardo de Azoola.
  • Por la parroquia de San Victorino de esta capital, doctor Visente de la Roshe.
  • Por la misma, Felipe Gregorio Álvarez del Pino.
  • Por la villa y el partido de Zipaquirá, Enrique Umaña.
  • Por la misma, José Maria Domínguez del Castillo.
  • Por la misma, Bernardino Tobar.
  • Por la misma, Domingo Camacho.
  • Por la misma, José María del Castillo.
  • Por la misma, Frutos Joaquín Gutiérrez.
  • Por la villa y el partido de Ubaté, Fray Manuel Rojas.
  • Por la misma, Luis Pajarito.
  • Por la misma, José Tadeo Cabrera.
  • Por la villa y partido de Bogotá, José Gregorio Gutiérrez.
  • Por la misma, Santiago Umaña.
  • Por la misma, Isidro Bastidas.
  • Por la villa y el partido de Chocontá, Juan Nepomuceno Silva y Otero.
  • Por la misma, doctor Tomás de Rojas.
  • Por la misma, Fray Juan José Merchán, Provincial de San Juan de Dios.
  • Por la misma, Francisco Javier Cuevas.
  • Por la misma, José María Araos.
  • Por la misma, José Cayetano González.
  • Por el partido de Ubaque, Fray José de San Andrés Moya.
  • Por el mismo, Matías Melo Pinzón.
  • Por el mismo, Juan de Ronderos Grajales.
  • Por el partido de Bosa, Juan Agustín Chaves.
  • Por la villa y el partido de Guaduas, Andrés Pérez.
  • Por la misma, Manuel Francisco Samper.
  • Por la ciudad de Tocaima, Juan Salvador Rodríguez de Lago.
  • Por la misma y su partido, Miguel de Tobar.
  • Por la villa y el partido de La Mesa, Joaquín Vargas y Vezga.
  • Por la misma, José Antonio Olaya.
  • Por la ciudad y el partido de Ibagué, Fray Juan Antonio de Buenaventura y Castillo, Maestro Prior de Predicadores.
  • Por la misma, Juan Dionisio Gamba.
  • Por la villa y el partido del Espinal, Juan Antonio García.
  • Por la ciudad y el partido de La Palma, Bachiller José Ignacio de Vargas.

Camilo Torres, Secretario. Frutos Joaquín Gutiérrez, Secretario.

Es copia.

Torres Gutiérrez




ArribaApéndice

El Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de esta provincia, a propuesta de su Presidente don Jorge Tadeo Lozano, en sesión del día veintiséis de marzo próximo pasado dictó los decretos siguientes:

1.º Un indulto para todas las personas presas, o detenidas en consecuencia o por motivo de la revolución, conciliado no obstante con la seguridad de la Patria, que alejará de su seno a los que la puedan ser perjudiciales, y oficiará con los gobiernos de las otras provincias respecto de aquellos individuos, cuyas causas tengan relación con ellos, nombrándose por el Gobierno una comisión que entienda particularmente en todo lo relativo a este decreto.

2.º Un olvido por lo pasado en razón de aquellas personas que por sus opiniones políticas hayan parecido opuestas o menos adictas a la causa de nuestra transformación.

3.º Reconocer por amigos a todos los que respetaren nuestra Constitución, y reconocieren nuestra independencia, admitiendo en nuestra sociedad a todas las naciones del mundo, y con preferencia a los hermanos de la América oprimida, y españoles europeos, para que encuentren un asilo en su desgracia, y nuestro suelo adquiera las ventajas de la industria, agricultura e ilustración en que vendrán a emplearse seguros de la hospitalidad y buena acogida que hallarán mientras vivan sometidos a la Constitución, y en todo cuanto sea compatible con la seguridad de esta provincia.

4.º Que se excite por el Gobierno a las autoridades eclesiásticas para convocación y celebración del Sínodo, en conformidad de lo que dispone, con arreglo a los más antiguos cánones, el Santo Concilio de Trento, y recomienda la Ley de Indias. Lo que comunico a V. S. para que haciéndolo presente al Supremo Poder Ejecutivo, surta los efectos correspondientes a los buenos deseos con que el Serenísimo Colegio ha dictado estas saludables providencias.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Santafé y cuatro de abril de mil ochocientos once.

Frutos Joaquín Gutiérrez

Señor Secretario de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia don José Acevedo Gómez.

 




 

Abajo

Acta de la Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada

(27 de noviembre de 1811)

Nueva Granada


http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/acta-de-federacion-de-las-provincias-unidas-de-la-nueva-granada-27-de-noviembre-de-1811--0/html/008e5574-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#PagFin


En el nombre de la Santísima Trinidad, padre, hijo y espíritu santo. Amén, Nos los representantes de las provincias de la Nueva Granada que abajo se expresarán, convenidos en virtud de los plenos poderes con que al efecto hemos sido autorizados por nuestras respectivas provincias, y que previa y mutuamente hemos reconocido y calificado, considerando la larga serie de sucesos ocurridos en la península de España, nuestra antigua metrópoli, desde su ocupación por las armas del emperador de los franceses Napoleón Bonaparte; las nuevas y varias formas de gobierno que entretanto y rápidamente se han sucedido unas a otras, sin que ninguna de ellas haya sido capaz de salvar la nación; el aniquilamiento de sus recursos cada día más exhaustos, en términos que la prudencia humana no puede esperar un buen fin; y últimamente los derechos indisputables que tiene el gran pueblo de estas provincias, como todos los demás del universo, para mirar por su propia conservación, y darse para ello la forma de gobierno que más le acomode, siguiendo el espíritu, las instrucciones y la expresa y terminante voluntad de todas nuestras dichas provincias, que general, formal y solemnemente han proclamado sus deseos de unirse a una asociación federativa, que remitiendo a la totalidad del Gobierno general las facultades propias y privativas de un solo cuerpo de nación reserve para cada una de las provincias su libertad, su soberanía y su independencia, en lo que no sea del interés común, garantizándose a cada una de ellas estas preciosas prerrogativas y la integridad de sus territorios, cumpliendo con este religioso deber y reservando para mejor ocasión o tiempos más tranquilos la Constitución que arreglará definitivamente los intereses de este gran pueblo; hemos acordado y acordamos los pactos de federación siguientes:

Artículo 1.- El título de esta confederación será: Provincias Unidas de la Nueva Granada.

Artículo 2.- Son admitidas y parte por ahora de esta confederación todas las provincias que al tiempo de la revolución de la capital de Santafé en veinte de Julio de mil ochocientos diez, eran reputadas y consideradas como tales, y que en continuación y en uso de este derecho resumieron desde aquella época su gobierno y administración interior, sin perjuicio no obstante de los pactos o convenios que hayan hecho o quieran hacer algunas de ellas y que no se improbarán en lo que no perjudique a la Unión.

Artículo 3.- Lo serán asimismo aquellas provincias o pueblos que no habiendo pertenecido en dicha época a la Nueva Granada, pero que estando en cierto modo ligados con ella por su posición geográfica, por sus relaciones de comercio u otras razones semejantes, quieran asociarse ahora a esta federación, o a alguna de sus provincias confinantes, precediendo al efecto los pactos y negociaciones que convengan con los Estados o cuerpos políticos a quienes pertenezcan, sin cuyo consentimiento y aprobación no puede darse un paso de esta naturaleza.

Artículo 4.- En todas y cada una de las provincias unidas de la Nueva Granada se conservará la santa religión Católica, Apostólica, Romana, en toda su pureza e integridad.

Artículo 5.- Todas y cada una de las Provincias Unidas y que en adelante se unieren de la Nueva Granada, o de otros Estados vecinos, desconocen expresamente la autoridad del Poder Ejecutivo o Regencia de España, Cortes de Cádiz, Tribunales de Justicia y cualquiera otra autoridad subrogada o substituida por las actuales, o por los pueblos de la península, en ella, sus islas adyacentes, o en cualquiera otra parte, sin la libre y espontánea concurrencia de este pueblo. Así, en ninguna de dichas provincias se obedecerá o dará cumplimiento a las órdenes, cédulas, decretos o despachos, que emanaren de las referidas autoridades; ni de ninguna otra constituida en la península de cualquiera naturaleza que sea, civil, eclesiástica o militar, pues las dichas provincias sólo reconocen por legítimas y protestan obedecer en su distrito a las que sus respectivos pueblos hayan constituido con las facultades que le son privativas; y fuera de él a la Confederación de las Provincias Unidas, en las que por esta Acta le son delegadas y le correspondan para la conservación y desempeño de los intereses y objetos de la unión; sin que por esto se rompan tampoco los vínculos de fraternidad y amistad, ni las relaciones de comercio que nos unen con la España no ocupada, siempre que sus pueblos no aspiren a otra cosa sobre nosotros y mantengan los mismos sentimientos que manifestamos hacia ellos.

Artículo 6.- Las Provincias Unidas de la Nueva Granada se reconocen mutuamente como iguales, independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano. Se prometen recíprocamente la más firme amistad y alianza, se juran una fe inviolable y se ligan con un pacto eterno, cuanto permite la miserable condición humana.

Artículo 7.- Se reservan pues las provincias en fuerza de sus derechos incomunicables:

1.° La facultad de darse un gobierno como más convenga a sus circunstancias, aunque siempre popular, representativo y análogo al general de la Unión, para que así resulte entre todas la mejor armonía, y la más fácil administración, dividiendo sus poderes, y prescribiéndoles las reglas bajo las cuales se deben conducir;

2.º La policía, el gobierno interior y económico de sus pueblos, y nombramiento de toda clase de empleados;

3.º La formación de sus códigos civiles y criminales;

4.º El establecimiento de juzgados y tribunales superiores e inferiores en donde se fenezcan los asuntos judiciales en todas sus instancias;

5.° La creación y arreglo de milicias provinciales, su armamento y disciplina para su propia defensa, y la de las provincias unidas cuando lo requiera el caso

6º. La formación de un Tesoro particular para sus respectivas necesidades por medio de las contribuciones y arbitrios que tengan por convenientes, sin perjuicio de la Unión ni de los derechos que después se dirán;

7.º La protección y fomento de la agricultura, artes, ciencias, comercio, y cuanto pueda conducir a su felicidad y prosperidad;

8.º Últimamente todo aquello que no siendo del interés general, ni expresamente delegado en los pactos siguientes de federación, se entiende siempre reservado y retenido. Pero ceden a favor de la Unión todas aquellas facultades nacionales y las grandes relaciones y poderes de un Estado, que no podrían desempeñarse sin una representación general, sin la concentración de los recursos comunes, y sin la cooperación y los esfuerzos de todas las provincias.

Artículo 8.- Para asegurar el goce de tan preciosos derechos, para consolidar esta unión, y para atender a la defensa común, las provincias confederadas se obligan a prestarse mutuamente, cuantos auxilios sean necesarios contra toda violencia o ataque interior o exterior, que se dirija a turbar el uso de ellas, contribuyendo con armas, gente y dinero, y por todos los medios que estén en su alcance; sin dejar las armas de la mano, no desistir de este empeño hasta que no haya cesado el peligro, y esté asegurada la libertad particular de la provincia amenazada o invadida; o la general y común.

Artículo 9.- Prometen asimismo todas ellas, que concurrirán al bien universal, haciendo el sacrificio de sus intereses particulares, cuando la reserva de ellas pudiera ser perjudicial al bien común, prefiriendo éste en todo evento al suyo propio, y mirando al gran pueblo de la Nueva Granada en todas sus provincias, como amigos, como aliados, como hermanos y como conciudadanos.

Artículo 10.- Pero como nada de lo dicho podría hacerse sin un cuerpo depositario de altas facultades, conservador de los derechos de los pueblos, y director de sus medios y sus recursos, los diputados representantes de las provincias, en virtud de sus ya dichos plenos poderes, se constituirán en un cuerpo o Congreso en quien residirán todas las facultades ya dichas y las más que abajo se expresarán, compuesto por ahora de uno o dos individuos por cada una de las provincias con perfecta igualdad y en lo sucesivo con arreglo a la población según la base que se adopte, pero sin que en ningún caso ninguna provincia por pequeña que sea deje de tener una voz en el Congreso.

Artículo 11.- EI Congreso de las Provincias Unidas se instalará o formará donde lo tenga por conveniente, trasladándose sucesivamente si fuere necesario a donde lo pidan las ventajas de la Unión, y principalmente la defensa común; y en cualquiera parte donde resida ejercitará, libre y seguramente, todas las altas facultades de que está revestido con entera soberanía e independencia.

Artículo 12.- La defensa común es uno de los primeros y principales objetos de esta unión, y como ella no pueda obtenerse sin el auxilio de las armas, el Congreso tendrá facultad para levantar y formar los ejércitos que juzgue necesarios, y la fuerza naval que permitan las circunstancias, quedando a su disposición los buques de guerra, y las fuerzas de mar y tierra que hoy tenga cada una de las provincias y que marcharán a donde se les destine; bien entendido que siempre que militaren con este objeto y bajo las órdenes del Congreso, ellas y todos sus gastos serán pagados del fondo común de las provincias.

Artículo 13.- La guarnición de las plazas y fronteras, sujeta como lo debe estar a las órdenes de la Unión, dependerá sólo de ella; pero en las circunstancias actuales en que urgen los peligros, y en que no sería fácil ocurrir a ellos sin una inmediata autoridad que reglase sus movimientos, y dirigiese sus operaciones, quedará sometida por delegación a los gobiernos respectivos; bien que con la precisa obligación de dar cuenta y esperar las órdenes del Congreso en todo lo que no sea de urgente necesidad, y en lo demás a su debido tiempo.

Artículo 14.- Lo mismo que se ha dicho de la guarnición deberá entenderse respecto de las fuerzas navales y cuerpos facultativos, cuya dirección, organización, nombramiento de oficiales de todos grados, así como el establecimiento de arsenales y apostaderos de marina, construcción y armamento de buques de guerra, son de la privativa autoridad del Congreso; pero quedarán por ahora bajo la inmediata inspección de los respectivos gobiernos, en los términos y con las limitaciones ya dichas.

Artículo 15.- Tendrá facultad el Congreso para asignar a cada una de las provincias el número de milicias con que deba contribuir para la defensa común, arreglado a las circunstancias en que se halle respecto del enemigo, sus proporciones o recursos en este género y su población. Las hará marchar la Provincia, vestidas, armadas y equipadas de todo lo necesario dentro del término que se le señale, y al lugar que se les destine; pero los gastos que se hicieren desde el momento en que entraren al servicio de la Unión, se pagarán del tesoro común, lo mismo que va dicho respecto de las tropas regladas. Los oficiales de unas y otras, hasta el grado de coronel, inclusive, serán nombrados por las provincias; pero de allí arriba lo serán por el Congreso cuando disponga de ellas, y principalmente los comandantes o generales en jefe de cualquier expedición.

Artículo 16.- Las provincias cuidarán de proveerse a la mayor brevedad de las armas necesarias, blancas y de fuego a que estén acostumbradas sus gentes o en que deban instruirse en lo sucesivo, y principalmente de cañones, trenes y equipajes de campaña con sus respectivas municiones, manteniéndose todo pronto en almacenes para luego que sean llamadas.

Artículo 17.- Al mismo fin no perderán momento en disciplinarse formando compañías y cuerpos según lo permitan sus poblaciones, ejercitándolos uno o dos días en la semana, pero principalmente los festivos después de la asistencia a la misa de sus parroquias, como una ocupación que además de su utilidad para la Patria, y de distraerlos de otras, tal vez no igualmente sanas, es hoy la que puede considerarse como más apta a los ojos de Dios por deber emplearse sus servicios en defensa de la misma Patria, de sus más caros derechos, y de la religión de nuestros padres amenazada; y así deberán hacérselo entender todos los párrocos excitados por la autoridad civil, si no cumplieren de su propio movimiento, lo que no es de esperarse, con este religioso deber.

Artículo 18.- El Congreso tendrá facultad para hacer las ordenanzas y reglamentos generales y particulares que convengan para la dirección y gobierno de las fuerzas marítimas y terrestres mientras subsistan; y podrá asimismo hacerlo para las milicias de todas las provincias, dejando al cuidado de éstas instruirlas y disciplinarlas conforme a ellos, para que en todo evento se cuente con un sistema uniforme en los ejércitos de la Unión. Pero cesando los motivos de la actitud guerrera en que hoy nos ponen las circunstancias, ninguna provincia podrá mantener tropa reglada, ni buques de guerra, sino lo que sea puramente preciso de uno y otro para la guarnición de plazas y fronteras, y para la protección del comercio; y esto a disposición y bajo la autoridad del Congreso.

Artículo 19.- Los puertos y aquellas provincias de la Nueva Granada que aún gimen bajo la opresión de sus antiguos mandones, deben ser el primer objeto de la defensa, y de la tierna solicitud del Congreso, asegurando los primeros contra toda invasión externa y redimiendo a las segundas de las cadenas que hoy las oprimen, para que, sacudido el yugo y explicada libremente su voluntad, se constituyan en otros tantos gobiernos libres e independientes como los que ya componen felizmente esta Unión.

Artículo 20.- Mas como nada de esto podrá conseguirse sin un fondo y un tesoro nacional que ocurra a los grandes gastos que demanda la salvación de la Patria y la seguridad común en tiempos en que tendremos que luchar con enemigos externos e internos, o que por lo menos la prudencia dicta temer, y ella misma aconseja que para evitarlos o vencerlos nos hallen prevenidos: el Congreso tendrá facultad para establecer impuestos, exigir contribuciones o derechos sobre todos aquellos objetos y en todas aquellas materias que sean de un interés general, y no privativas y especiales de ninguna provincia en particular, y también para repartir cuotas o contingentes extraordinarios a cada una de ellas con arreglo a su población y demás circunstancias, siempre con igualdad y una equitativa proporción y que deberán aprontar y suministrar las respectivas legislaturas, juntas o gobiernos sin réplica ni excusa y quedando responsables en esta parte a las demás provincias por los males que la comisión pudiera causar, y sujetas a las providencias que en consecuencia tuviere a bien tomar el Congreso, bien para hacer efectivo el contingente, bien para asegurarlo de otro modo a costa de la provincia omisa o negligente.

Artículo 21.- En fuerza pues de estos principios, y considerándose de naturaleza común los derechos de aduana de los puertos y plazas o lugares fronterizos en donde solamente los deberá haber respecto del comercio extranjero, y que en su último resultado se exigen de todas las provincias de la Unión a donde se difunden, y en donde se consumen las mercaderías que se internan por dichos puertos o lugares fronterizos; las aduanas y todos sus productos en ellas quedan a beneficio común, y constituirán uno de los fondos de la Confederación sin que dichos puertos, plazas o lugares fronterizos puedan impedir ni gravar el comercio extranjero (entendido por éste aun el español o de los puertos de la península de España, e islas adyacentes y de otros estados, reinos, provincias, islas o continentes de América que no sean de la Nueva Granada) y con nuevas contribuciones, ni especie alguna de trabas que puedan perjudicar el bien común, y no estén expresamente establecidas, aprobadas y mandadas por el Congreso general.

Artículo 22.- Son igualmente un fondo ordinario del Congreso los productos de las casas de monedas hoy existentes en el mismo reino, y cualesquiera otras que en lo sucesivo se tenga a bien establecer en otra u otras provincias de la Unión, como que a ella sólo toca sellar moneda, fijar la ley y asignar el valor. En consecuencia las dichas dos casas actuales de fabricación de Santafé y Popayán, quedan inmediata, directa y únicamente bajo la autoridad del Congreso, y todos sus productos se tendrán a su disposición.

Artículo 23.- Queda a la generosidad de las provincias la cesión de aquellas tierras baldías que existen dentro de sus límites conocidos y habitados de sus territorios, y que algún día con la naturalización de extranjeros, o aumento de la población, pudieran producir un fondo considerable al Congreso; pero se reputarán indisputablemente de éste todas las que hoy se pueden considerar nullius, por estar inhabitadas y fuera de los límites conocidos de las mismas provincias, aunque comprendidas bajo la demarcación general del Reino y de sus líneas divisorias con otras potencias y estados, o antiguos virreinatos, tales como las que bañan el alto Amazonas, Napo, Putumayo, Caquetá, Guaviare y otros ríos que descargan en el primero, o en el grande Orinoco, y en donde a su tiempo se establecerán nuevas poblaciones que hagan parte de esta Unión, a donde por lo menos conviene mantener lugares fronterizos que nos deslinden y dividan de las naciones vecinas que hoy ocupan la costa oriental de la América Meridional.

Artículo 24.- No por esto se despojará ni se hará la menor vejación o agravio a las tribus errantes, o naciones de indios bárbaros que se hallen situadas o establecidas dentro de dichos territorios; antes bien se las respetará como legítimos y antiguos propietarios, proporcionándoles el beneficio de la civilización y religión por medio del comercio y por todas aquellas vías suaves que aconseja la razón y dicta la caridad cristiana, y que sólo son propias de un pueblo civilizado y culto; a menos que sus hostilidades nos obliguen a otra cosa.

Artículo 25.- Por la misma razón podremos entrar en tratados y negociaciones con ellos sobre estos objetos, protegiendo sus derechos con toda la humanidad y filosofía que demanda su actual imbecilidad, y la consideración de los males que ya les causó, sin culpa nuestra, una nación conquistadora.

Artículo 26.- Pero, si dentro de los límites conocidos de las provincias, o entre provincia y provincia, hubiera naciones de esta clase, ya establecidas que hoy pudieran hacer cómodamente parte de esta unión o de las mismas provincias, principalmente cuando ya no las aterra un tributo ignominioso, ni un gobierno bárbaro y despótico, como el que ha oprimido a sus hermanos, por trescientos años, se las convidará y se las atraerá por los medios más suaves, cuales son regularmente los del trato y el comercio, a asociarse con nosotros, y sin que sea un obstáculo su religión, que algún día cederá tal vez el lugar a la verdadera, convencidos con las luces de la razón y el evangelio que hoy no pueden tener.

Artículo 27.- Pudiera ser también fondo del Congreso alguna mina particular y preciosa que hoy no sea propiedad de ninguna provincia en particular, o que ella ceda voluntariamente a la Unión, o ésta la adquiera y compre con sus mismos fondos para explotarla y beneficiarla de cuenta del Estado, como ya se practica en todos los que pueden aliviar de este modo las contribuciones directas o indirectas de sus pueblos con grande utilidad y beneficios de estos mismos que hayan en estos establecimientos, a más de lo dicho, una honesta ocupación y trabajo para emplear útilmente sus brazos.

Artículo 28.- Lo será el establecimiento de alguna gran fábrica o invento, principalmente de aquellos a que no alcancen las rentas o facultades de una provincia. Pero así en este arbitrio como en el antecedente la Unión será muy reservada para no arrojarse en proyectos que tal vez tienen más de apariencia y ostentación que de verdadera utilidad, o que no son para estos tiempos, pudiendo sólo servir estas indicaciones para hacer conocer a las provincias que las cargas que hoy llevan son temporales, que algún día mejorará su suerte, y que cuando tranquilos podamos dedicarnos al bien común sin exigir nada de ellas que le sea doloroso, refluirán en su beneficio todas las rentas del Estado, y los cuidados de un gobierno paternal.

Artículo 29.- Si a pesar de estos arbitrios la Unión no alcanzare a cubrir los gastos de su instituto, como seguramente no puede hacerlo en las actuales circunstancias, el Congreso meditará y llevará a efecto cuantos estime convenientes, tales como tomar dinero a crédito sobre sus fondos y rentas, crear papel moneda, y hacer cuanto, atendida la necesidad, la urgencia de los peligros y la voluntad decidida de salvarse a todo trance de las Provincias Unidas, aconsejan, permiten y quieren que se haga las mismas circunstancias para obtener este supremo bien.

Artículo 30.- Concluidos los apuros que hoy nos rodean, y cuando salva y triunfante, la Patria permita al Congreso volver sus ojos al bien interior, será su primer cuidado y se invertirán sus fondos en domiciliar en este país las artes y las ciencias que nos son desconocidas, en promover la agricultura, facilitar el comercio, abrir canales de comunicación, hacer navegables los ríos, ensanchar, abreviar y mejorar los caminos; en fin, en cultivar cuantos bienes podamos proporcionar a este suelo dichoso, y que sean algún día para las generaciones futuras el fruto de los desvelos que hoy consagramos a esta Patria querida.

Artículo 31.- Hay otras materias que sin ser de las antedichas, esto es, sin tocar a los objetos de la defensa ni recursos con que para ella se debe contar, pertenecen igualmente al Congreso por su naturaleza común, por el interés general de las provincias, y por la autoridad soberana que aquél sólo tiene para arreglarlas o administrarlas como el gran representante de la nación y tales serán las que se explicarán, fijarán o declararán en los Artículos siguientes.

Artículo 32.- La renta de correos y sus dependencias o anexidades como postas y encomiendas, menos por sus rendimientos o utilidades que por su naturaleza que pide un arreglo uniforme, pertenecen igualmente al Congreso, y bajo su dirección serán gobernadas en toda la extensión del territorio de las provincias unidas por mar y por tierra; sin que de hoy más en adelante se paguen en ninguno de los puertos, gastos, carenas soldadas, ni fletamientos de buques algunos correos, sino los que se enviaren o estuvieren bajo las órdenes o a disposición del Congreso.

Artículo 33.- Los pesos y medidas lo mismo que la moneda y su arreglo respectivo son una materia privativa del Congreso, y ninguna provincia en particular podrá alterarlas o variarlas; subsistiendo por ahora todas y las mismas que han gobernado hasta aquí, y que hoy son conocidas por todos los pueblos de la América española y por los extranjeros, mientras la Unión no resuelva otra cosa.

Artículo 34.- Los caminos generales del Reino y particulares de provincia a provincia, ríos navegables o que lo puedan ser, puertos, embarcaderos, canales, diques, puentes y pasos de los mismos ríos, entradas y salidas y todo lo que pueda haber de este género como de una naturaleza común y pertenecientes a la totalidad de las provincias, están bajo la autoridad del Congreso, y seguirán en la misma libertad y comunicación que hasta aquí; sin que ninguna de ellas pueda poner trabas ni impedimentos al libre tránsito de los ciudadanos y sus efectos, ni más restricciones, pontazgos, peajes o derechos que aquellos a que estén generalmente sujetos sus respectivos habitantes y que no graven especial y determinadamente a los de otras provincias.

Artículo 35.- Toca al mismo Congreso el arreglo del comercio interior entre provincia y provincia, bien que no se hará novedad por ahora en las prácticas establecidas, ni en la aplicación de sus productos, a menos que otra cosa exijan las necesidades del Estado, el bien general, o las reclamaciones de las mismas provincias, y siempre que no se grave el comercio extranjero como va dicho respecto de los puertos y aduanas fronterizas. Pero bien podrá una provincia en beneficio de su propia industria, prohibir la introducción de ciertos y determinados artículos para su consumo interior, o gravarlos con un nuevo derecho, con noticia y aprobación del Congreso; mas no deberá hacerlo respecto de otras provincias a donde será libre el tránsito por la suya, aun de los renglones o artículos así prohibidos, a menos que otra cosa se establezca por el mismo Congreso.

Artículo 36.- Se exceptúan igualmente de la regla general para la libertad del comercio interior los descubrimientos útiles, la impresión o reimpresión de las obras originales de ingenio o nuevas traducciones, y los grandes establecimientos de máquinas y fábricas desconocidas en el Reino, y en cuyo beneficio el Congreso dará cuando lo tenga por conveniente, y con los miramientos y reservas oportunas, por un tiempo limitado, privilegios exclusivos respecto de sus autores o introductores a que no podrán contravenir las provincias.

Artículo 37.- No se hace novedad por ahora en el comercio establecido y permitido con naciones amigas o neutrales, que continúen pacíficamente las relaciones de este género que hoy mantienen con nosotros, ni se les causará la menor molestia o vejación mientras ellas observen la misma conducta, armonía y buena correspondencia con nosotros. Pero al momento que rompan en hostilidades, o nos las causen de cualquier modo que sea, auxiliando a nuestros enemigos, invadiendo nuestras costas, apresando a nuestros buques y cargamentos, o molestando a nuestros comerciantes y pasajeros, individuos de la federación, en sus personas y propiedades, por razón de la causa que hoy sigue todo o casi todo el antiguo Reino de la Nueva Granada, o con otro pretexto; el Congreso repelerá con la fuerza y por todos los medios que estén a su alcance las violencias y agravios que se les hagan; permitirá las justas represalias, dará patentes de corso y exigirá y tomará las satisfacciones que pidan sus ofensas. Bien entendido que ninguna provincia en particular tendrá derecho para hacer ninguna de estas cosas, armar en corso, despachar patentes de él, tomar represalias, ni romper hostilidades aun en caso de verdaderos agravios, sino después de una formal declaración de guerra por el Congreso, o cuando en un peligro urgente de invasión u otro semejante, no sea fácil consultar y esperar su resolución.

Artículo 38.- El juicio sobre las presas de mar y tierra que con éste o semejantes motivos pudieren hacer nuestros buques, reglamentos sobre ellas, o su calificación y aplicación, castigo de los delitos y piraterías cometidos en alta mar, y tribunales que deben conocer de ellos, y de todo lo tocante a jurisdicción marítima, pertenecen asimismo al Congreso.

Artículo 39.- Siguiendo el sistema de paz y amistad con todas las naciones que no traten de hostilizarnos y respeten nuestros derechos, daremos asilo en nuestros puertos y provincias interiores, a todos los extranjeros que quieran domiciliarse pacíficamente entre nosotros, sujetándose a las leyes de esta Unión, y a las particulares y privativas de la provincia en que residan, y siempre que a más de las sanas intenciones con que se trasladen, traigan y acrediten entre nosotros algún género de industria útil al país de que puedan vivir, obteniendo al efecto la carta de naturalización o permiso del Congreso, ante quien se calificarán las circunstancias ya dichas principalmente en tiempos en que sería peligrosa una inmigración indiscreta.

Artículo 40.- Son de la privativa inspección del Congreso las relaciones exteriores, ya sean con las naciones extranjeras, ya con los demás gobiernos y estados de América que no estén incorporados en esta Unión, y ninguna provincia en particular podrá entrar con ellas, o ellos, en tratados algunos de amistad, unión, alianza, comercio, límites, etc., declarar la guerra, hacer la paz, ni por consiguiente admitir o enviar agentes encargados de negocios, cónsules, comisionados, o negociadores públicos de ninguna especie; y en caso de ser dirigidos a ellas, los deberán encaminar inmediatamente o dar parte al Congreso General con los despachos o comunicaciones oficiales que hayan recibido sobre la materia.

Artículo 41.- Entre las relaciones exteriores que deberá mantener el Congreso será una, y de la más estrecha recomendación que en esta parte le hacen las provincias, las de la Silla Apostólica, para ocurrir a las necesidades espirituales de los fieles en estos remotos países, promoviendo la erección de Obispados de que tanto se carece, y que tan descuidados han sido en el antiguo gobierno y todos los demás establecimientos, arreglos, concordatos, etcétera, en que conforme a la práctica y ley general de las naciones, debe intervenir la suprema potestad de un Estado para el bien espiritual de sus súbditos.

Artículo 42.- Toca igualmente al Congreso la decisión sobre el patronato que hasta hoy han ejercido los reyes de España en América, por lo respectivo a las provincias de la Nueva Granada en general o cada una de ellas en particular, su permanencia, su administración, sus efectos o el uso de él, y demás incidencias para cuya determinación y perfecto arreglo, oirá el Congreso, si lo tiene por conveniente, a los prelados, universidades, cabildos eclesiásticos, cuerpos regulares, o promoverá la celebración de un concilio nacional en que se arreglen éste y otros puntos de disciplina eclesiástica, que tan imperiosamente exigen las circunstancias, en la incomunicación en que nos hallamos con la Silla Apostólica, y que probablemente no podremos tener en mucho tiempo; mientras cada día se aumentan las necesidades de la Iglesia y los fieles carecen de los recursos espirituales que toca a la suprema potestad de un Estado el proveer y velar que no les falten, como protectora natural de la Iglesia y como que en esta materia se interesa la conservación de uno de los primeros derechos de los pueblos, a saber: el de su culto y su conciencia.

Artículo 43.- No pueden hacer las provincias entre sí, tratados algunos de amistad, unión, alianza, comercio, etc., sin la expresa noticia y aprobación del Congreso que la otorgará, si no fueren perjudiciales al bien común o a otra tercera, y los que se hubieren hecho hasta el presente desde el 20 de julio de 1810, época, como se ha dicho, de la transformación política del Reino, se someterán igualmente a su sanción, sin que puedan tener ni tengan fuerza alguna en todo lo que sea contrario a los pactos de esta Unión.

Artículo 44.- Pertenecen al Congreso todas las disputas hoy pendientes, o que en adelante se susciten entre provincia y provincia sobre límites de su territorio, jurisdicción, comercio o cualquiera otro objeto en que siendo a un tiempo interesadas o partes, no pueden ser en el mismo, árbitros o jueces; y mucho menos cuando semejantes disputas o pretensiones puedan tener cierta trascendencia o perjudicar al bien general, y turbar la paz de las demás provincias. Por lo mismo, ningún gobierno de ellas podrá admitir o incorporar en su territorio pueblos ajenos, aun cuando se pretenda que sea con absoluta voluntad de ellos mismos o de sus respectivas provincias, sin que esto se haya hecho notorio al Congreso, y haya obtenido su sanción.

Artículo 45.- Pero no por esto se impide la libre accesión o convenio de unos pueblos o provincias con otras, siempre que así lo pida el bien general y particular de los mismos pueblos para arreglar mejor su gobierno interior, su administración de justicia y otros bienes que les puedan resultar de la unión o incorporación. Antes bien el Congreso propenderá a ello, si de este modo se pueden arreglar mejor los límites de los territorios, igualar más las provincias como unidades de un todo tanto más perfecto, cuanto sean menos desemejantes o desproporcionadas sus partes, y aun deberá de oficio decretar la incorporación, accesión y unión a lo menos temporal cuando la provincia en su estado actual, escasee de recursos y de posibilidad de contribuir como las otras al bien general, exija la necesidad esta medida para su propio bien y el de las demás; mientras que aumentada su población y sus medios de existir logre la independencia, que desde hoy para entonces el mismo Congreso le garantiza.

Artículo 46.- Los pueblos disidentes de una provincia deben sujetarse al voto de la plura1idad del cuerpo político de quien son parte; pero si se suscitaren diferencias entre dos partidos igualmente poderosos que no puedan conciliarse amistosamente entre sí, y que exijan una decisión formal de tercero imparcial no habiéndose convenido antes en bases o leyes fundamentales que decidan la cuestión, y en cuyo caso se estará precisamente a ellas, se someterán, antes que venir al peligroso y siempre funesto recurso de las armas, a la resolución del Congreso; que sin ingerirse en lo que no sea de su particular inspección, arreglará tan imparcial como amistosamente sus disputas, sugiriendo todos los medios de conciliación, y prescribiendo últimamente las reglas que deberán observar.

Artículo 47.- Son del juicio y determinación del Congreso los pleitos y diferencias entre ciudadanos de diversas provincias, entre una de éstas y los habitantes de otra, y en general todas aquellas en que versándose el interés común de la Unión, o no bastando las respectivas facultades de las provincias para decidir las materias en cuestión, ni llevar a efecto sus resoluciones por no estar sometidos a su autoridad los contendores, o alguno de ellos, deben apelar al juicio de un tribunal superior e imparcial.

Artículo 48.- Tienen derecho los habitantes libres, de todas y cada una de las provincias, a entrar en el territorio de las demás, traficar o comerciar en ellas y gozar de todos los privilegios e inmunidades de ciudadanos libres, sin más gravámenes, ni limitaciones que los que sufran sus mismos habitantes, y sin que pueda estorbárseles, ni el tránsito a otras, ni el regreso con sus efectos introducidos al lugar de donde han venido. Pero quedarán también entretanto sujetos a las demás leyes de la provincia particular en donde residan, negocien, comercien o delincan.

Artículo 49.- Se exceptúan de esta regla los mendigos, vagos y prófugos de la justicia o por delitos cometidos en la provincia de donde huyen, y a cuya reclamación por medio de sus respectivos gobiernos serán entregados ellos y sus bienes sin réplica ni excusa.

Artículo 50.- Para esto y todas las demás diligencias judiciales que ocurran entre provincia y provincia, se dará entera fe y crédito a sus respectivas actuaciones, registros, instrumentos, despachos, requisitorias, etc., comprobados y autorizados en debida forma, guardándose la mejor armonía y correspondencia para la buena administración de justicia entre provincia y provincia.

Artículo 51.- Mas, como hasta el presente aún no se halla reunido el número de diputados de que debe constar el Congreso según la primera convocatoria de la anterior junta de Santafé, parte por la opresión en que yacen, como se ha dicho algunas de las provincias que los deben enviar, parte por las dificultades que han sobrevenido a otras que están dispuestas a hacerlo, se excitará por lo menos a las últimas para que verifiquen cuanto antes, si no lo han hecho, dichos nombramientos y se pongan en camino a la mayor brevedad sus diputados, nombrando cada una de ellas no uno, sino dos en calidad de primero y segundo como ya lo han hecho otras, y aun lo están practicando las que al principio sólo habían elegido uno en fuerza de la citada convocatoria, para que así además de evitarse los inconvenientes de la enfermedad, ausencia, o falta de representación de la provincia por otro motivo, y entrando ambos en ejercicio se puedan distribuir oportunamente los poderes, formar comisiones, y repartir los trabajos que hoy deben ocupar la atención del Congreso.

Artículo 52.- Los diputados, bien sea uno o dos por cada provincia, tendrán votos iguales; y debiendo considerarse para los objetos de su instituto más bien representantes de la Unión en general que de ninguna provincia en particular, pues sin salvarse aquélla, inútiles serían los esfuerzos por ésta, deliberarán y votar con plena y absoluta libertad, con tal que no se aparten de los pactos capitales y fundamentales de esta Unión, prefiriendo el bien de ella al particular de su provincia, y siguiendo los justos dictámenes de su conciencia en lo que ella les prescriba, aun cuando tuviesen órdenes contrarias que nunca son de presumirse, ni deben suponerse dadas con conocimiento de causa, después de la generosa accesión de las provincias a esta Unión, y sin que por ello pueda ni deba resultar cargo a los diputados procediendo de buena fe. Pero es libre a las mismas provincias revocarles sus poderes siempre que quieran, y subrogarles otros que ocupen su lugar.

Artículo 53.- Por la misma razón tienen absoluta libertad para los debates y en ningún otro lugar podrán ser acusados, perseguidos, ni juzgados por lo que hayan escrito o discurrido en el ejercicio de sus funciones en el Congreso, antes bien, estarán exentos de todo arresto y prisión durante el tiempo de sus sesiones y cuando vayan y vuelvan al lugar de sus residencias, o estén empleados en comisión, si no es por algún delito capital u otro que arrastre infamia o confiscación de bienes por traición o conspiración secreta contra el Estado y por perturbación de la tranquilidad pública.

Artículo 54.- Puede también el Congreso por justos y calificados motivos separar a un diputado que se haya hecho acreedor a esta demostración, por su conducta, o por excesos reprensibles que perjudicarían al honor del cuerpo, al secreto de sus deliberaciones, o al bien e interés general de la Unión, y la provincia a quien pertenezca sin réplica ni excusa le retirará los poderes y nombrará otro en su lugar.

Artículo 55.- En dichos casos si los excesos o delitos en que haya incurrido un diputado fueren como tal, ofensivos a la Unión, y sujetos por lo mismo a su conocimiento, separado que sea del cuerpo por un acuerdo formal se entregará al Tribunal de Justicia del Congreso para que lo juzgue y castigue como corresponde; pero si fuere un delito común sin relación a lo oficial de su cargo podrá remitirlo a disposición de su provincia para que proceda contra él.

Artículo 56.- Los diputados permanecerán por ahora en el ejercicio de sus funciones por el tiempo que se les haya señalado por sus provincias; pero se exhortará a éstas a que siendo dos, como se ha dicho, los nombrados se renueven anualmente cada uno de ellos, comenzando por los más antiguos o primeros, operación que podría hacerse en el año próximo de 1812, de modo que pudiesen entrar en funciones los nuevamente elegidos, a un tiempo todos, si fuese posible en 1 de enero de 1813.

Artículo 57.- E1 Congreso no podrá resolver las cuestiones importantes sobre declaración de guerra o ajuste de paz, determinación de contingentes de tropas y dinero que deban suministrar las provincias para la defensa común, o de alguna de ellas en particular; construcción o adquisición y armamentos de buques de guerra, celebración de tratados de alianza, comercio, límites, etcétera, con las naciones o estados extranjeros; establecimiento de impuestos; despacho de patentes de corso y represalias en tiempo de paz; toma de dinero a crédito sobre los fondos de las Provincias Unidas; variación de la ley y valor de la moneda corriente o admisión de la extranjera, y estimación de su precisa; creación de papel moneda; alteración de pesos y medidas conocidas; acuerdo sobre materias de patronato, u otras graves eclesiásticas en que tenga que intervenir la suprema potestad de un Estado; separación de un diputado por excesos reprensibles en su conducta pública y privada; nombramiento de generales en jefe o comandantes de mar y tierra, cónsules y negociadores o ministros públicos cerca de otros Estados, sin la concurrencia y unanimidad de votos de las dos terceras partes de los diputados que actualmente se hallen en el lugar de la residencia del Congreso. Tampoco podrá nombrar secretarios y ministros de su despacho, jueces del Supremo Tribunal de Justicia, administradores, contadores y tesoreros de aduana, superintendentes, contadores y tesoreros de casas de moneda, administradores y contadores generales de correos, capitán de su guardia y otros empleos principales de responsabilidad y confianza, sin la concurrencia y unanimidad de votos de los dos tercios de miembros presentes, que deberán ser también por lo menos las dos terceras partes de los residentes en el lugar del Congreso. Las demás cuestiones de administración se decidirán por la mayoría de dichas dos terceras partes concurrentes; es decir, por siete votos si dichas dos partes concurrentes, por ejemplo, fueren doce. Un número menor de las dos terceras partes hábiles o en estado de concurrir al Congreso, sólo podrá prorrogarse a otro día, y tratar de que se haga cumplir a los demás diputados con la asistencia debida por medio de los requerimientos o penas establecidas a este efecto por el mismo Congreso en el reglamento de su organización y procedimiento interior. Los diputados se someterán, pues, a todas las decisiones o resoluciones causadas de este modo, aun cuando sean contra su propio dictamen, y las suscribirán, obedecerán y cumplirán, lo mismo que sus respectivas provincias, aprobados que sean por ellas los pactos de esta Unión; quedando no obstante a dichos diputados la facultad de salvar sus votos particulares, y aun pedir testimonio de ellos en caso que la materia por su naturaleza no pida sigilo y reserva, en el cual quedarán consignados en el libro de acuerdos, para cuando cesando este motivo, se les puedan dar sin peligro.

Artículo 58.- Son por ahora de cargo de las provincias los sueldos, gratificaciones o salarios de sus representantes, mientras que se pueda proveer a este objeto de los fondos comunes del Congreso, fijado el número permanente que deberá quedar de ellos en lo sucesivo, y distribuidos los poderes de la Unión.

Artículo 59.- El ejercicio de estos poderes queda atribuido al Congreso en todos los objetos de su inspección, pero como principalmente y judicial embarazaría la atención debida a puntos más importantes, cuales son los de la defensa común y bien general, el Congreso creará el tribunal o tribunales que tenga por convenientes, fuera de su seno para atender a este ramo, reservando el ejecutivo y legislativo para ejercitarlos por sí mismo, bien en común, bien por secciones, según lo permita el número de diputados, y la gravedad de las materias que hoy nos ocupan.

Artículo 60.- Para la debida organización de estos poderes, o el más acertado desempeño de sus funciones, el Congreso hará los reglamentos que estime oportunos, mientras que una Constitución definitiva arregla los pormenores del gobierno general de la Unión.

Artículo 61.- Removidos los peligros que hoy nos rodean, reunidas las provincias que definitivamente compondrán esta Unión, y conocida exactamente su población (para lo cual hoy se excita su celo, encargándoles que para éste y otros objetos, remitan a la mayor brevedad sus padrones con toda la claridad y distinción posibles), se convocará la gran Convención Nacional sobre esta misma base de la población para darse dicha Constitución; a menos que las provincias quieran someter esta obra al Congreso, sujeta no obstante siempre a su sanción.

Artículo 62.- A este fin se prepararán los materiales con todas las observaciones que enseñe la experiencia, y se convidará a los sabios de la Unión a que presenten sus ideas e ilustren a sus conciudadanos para disponerlos a un gobierno liberal.

Artículo 63.- Los juicios pertenecientes al Congreso, bien por la infracción de sus leyes, bien por ser de objetos de su privativa inspección que deban hacerse fuera de su residencia por no gravar a las partes con recursos, a lo menos en las primeras instancias se harán por comisiones, o delegaciones, o del modo que se crea más equitativo, más imparcial, y más apto para descubrir la verdad, y para la recta administración de justicia, con reserva de las últimas instancias si lo pidiere la materia, al alto Tribunal de Justicia que deberá residir a las inmediatas del Congreso.

Artículo 64.- Pero no será prohibido a los ciudadanos de una provincia demandar, si lo tienen por conveniente, o seguir sus instancias y querellas, ante los respectivos tribunales o juzgados de los reos demandados y pactarlo así en sus particulares instrumentos y contratos, renunciando todo otro derecho que les competa, y sometiéndose a las leyes y jueces del país; y una vez hecha esta sumisión o renuncia en lo que no perjudique a la Unión y sea de un interés particular de los ciudadanos, no podrán apartarse de ella ni desistir, y deberán ser obligados a cumplir con su tenor.

Artículo 65.- Igualmente les es permitido hacer decidir sus diferencias por árbitros como lo tengan por conveniente, bien eligiéndolos de los ciudadanos de ambas provincias de donde fueren los contendores, bien de cualquiera de ellas o de una tercera, bajo las penas o en los términos que se hayan convenido, y en que no haya ningún perjuicio de la Unión.

Artículo 66.- Tampoco se hará novedad en las causas ya pendientes en los tribunales de las provincias, por voluntaria sumisión o aquiescencia de los ciudadanos en todo lo que haya sido y sea de su particular interés finalizándose en donde estén comenzadas.

Artículo 67.- El Congreso creará las oficinas y empleos subalternos que necesite para la expedición de sus negocios, según se lo vaya enseñando la experiencia, y escogiendo para ellas los ciudadanos más aparentes de la Unión, lo mismo que para sus comisiones y tribunales de justicia. Bien entendido que los jueces, oficiales y dependientes que estén a sueldo de la Unión no podrán estar al mismo tiempo en servicio de ninguna provincia en particular, ni recibir pensión ni gratificación de ella por sí o por medio de otro, lo mismo que se entenderá respecto de los miembros o individuos del Congreso.

Artículo 68.- Tampoco podrá ninguno de éstos ni aquéllos, recibir dádivas, emolumentos, comisiones, empleos, títulos ni distinciones personales o hereditarias de ningún príncipe, rey o estado extranjero, ni el Congreso mismo podrá otorgar gracias que induzcan división de clases entre los ciudadanos, y que sólo se inventaron para comprar la libertad de los pueblos. Pero bien podrá premiar de otro modo las acciones ilustres y heroicas con que se distingan los mismos ciudadanos, siendo no obstante muy reservado en esto, y dirigiendo sus premios más bien a fomentar la virtud y el amor de la patria que a satisfacer el orgullo y vanidad.

Artículo 69.- El tratamiento del Congreso será Alteza Serenísima; el de su presidente, si lo hubiere con atribuciones separadas, o en las comunicaciones oficiales que se hagan por medio de él, y lo mismo el del Poder Ejecutivo si se creare, será de Excelencia; el de las comisiones o miembros separados del Congreso, ministros o secretarios, hablando oficialmente, Señorías; en particular, por escrito y de palabra, de Merced como todo ciudadano; y el que se dé por el Congreso, su presidente, Poder Ejecutivo, comisiones o individuos a los gobiernos y legislaturas provinciales, Excelencia o Señoría, según lo adopten en sus respectivas constituciones, Con el extranjero y con los demás gobiernos independientes el que esté recibido, o se hayan atribuido.

Artículo 70.- El Congreso tendrá una guardia nacional moderada, y que manifieste más el decoro del cuerpo, que un aparato y pompa estéril, economizando en lo posible los gastos.

Artículo 71.- La Confederación tendrá un sello particular que se señalará después para las patentes, despachos y demás piezas oficiales que lo necesiten; y su violación y falsificación, lo mismo que la de la moneda y cualquiera otro resguardo o seguro de la Unión, estará sujeta a las penas actuales de las leyes, y a las que atendida la naturaleza y gravedad de los delitos se tenga por conveniente imponer.

Artículo 72.- Las leyes que para estos y otros casos regirán por ahora en los tribunales de la Unión, son las que nos han gobernado hasta aquí en lo que no sean contrarias a estos pactos, incompatibles con el actual estado de las cosas, y la situación política del Reino o Provincias de la Nueva Granada.

Artículo 73.- Cada seis meses, o a lo menos anualmente, imprimirá el Congreso el estado de sus fondos, deudas, gastos, entradas, salidas y existencias con la debida distinción de ramos de su procedencia, y objetos de su inversión, y de tiempo en tiempo imprimirá también las actas de sus resoluciones en lo que sin peligro pueda comunicarse al público.

Artículo 74.- Nada de lo contenido en esta acta podrá revocarse sin expresa determinación de las provincias, para cuyo efecto deberán ser oídas, lo mismo que lo han sido y van a serlo para su sanción; y nada de lo obrado contra ella tendrá autoridad ni fuerza alguna, como hecho contra su expresa y declarada voluntad.

Artículo 75.- Si sobrevienen materias de tan alta gravedad, que no estén comprendidas en los pactos de esta federación, ni en sus reglas generales, y por otra parte pidan sin peligro en la tardanza la resolución de las provincias, se las consultará sobre ellas; pero, si hubiere un riesgo en la dilación, se tomará provisionalmente la medida que se crea más juiciosa, sujeta siempre a la sanción de las mismas provincias.

Artículo 76.- Una vez aceptados los pactos de esta Unión, ninguna provincia tiene facultad para denegarse a su cumplimiento, y podrá ser compelida a él por todos los medios que estén al arbitrio del Congreso y de las demás provincias comprometidas en ella; y las provincias se obligan solemnemente a cumplir este deber sin que nada les pueda excusar de él, sobre que empeñan su honor, y la fe que llevan protestada.

Artículo 77.- Los presentes tratados serán presentados a la ratificación o sanción de las provincias, por medio de sus legislaturas, juntas o gobiernos provinciales, suficiente y competentemente autorizados a este fin; y las mismas se entenderán en lo sucesivo para cuanto pueda ocurrir.

Artículo 78.- Las provincias o sus cuerpos representativos y legislativos darán a la mayor brevedad posible su ratificación, aprobación u observaciones sobre el dicho tratado en general; o alguno, o algunos de sus Artículos en especial; pero como entretanto nos estrechen las circunstancias, y sea bien pronunciada la voluntad de todas o casi todas las que han podido explicarse libremente sobre este particular, de unirse por los principios que se acaban de acordar que son los que hoy reclama imperiosamente nuestra situación, los únicos que pueden salvarnos, los que han adoptado y seguido naciones más sabias, y que hoy hacen su felicidad; los presentes diputados seguirán cumpliendo con el tenor de sus poderes e instrucciones formándose al efecto en Congreso, y trabajando en cuanto crean propio de su instituto y se dirija al bien y seguridad común.





Hecha en convención de diputados de Santafé de Bogotá, a 27 días del mes de noviembre del año del Señor, 1811.

  • José Manuel Restrepo, Diputado por la Provincia de Antioquia.
  • Henrique Rodríguez, Diputado por la Provincia de Cartagena.
  • Manuel Campos, Diputado por la Provincia de Neiva.
  • Camilo Torres, Diputado por la Provincia de Pamplona.
  • Joaquín Canzacho, Diputado por la Provincia de Tunja.
  • José Manuel Restrepo, Secretario.

Negáronse a firmar el Acta de Federación los diputados de Cundinamarca y Chocó, don Manuel de Bernardo Álvarez y don Ignacio Herrera, por considerar inconveniente el sistema federal adoptado.


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